Marchena renuncia a ir al Constitucional y complica el plan del sector conservador del Poder Judicial

La negociaci¨®n en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para nombrar a los dos magistrados que le corresponden en el Tribunal Constitucional se ha encontrado un importante escollo previo: la dificultad de encontrar a candidatos que generen consenso y que est¨¦n dispuestos a ocupar esas dos plazas. El sector conservador del CGPJ aboga por nombrar a Manuel Marchena, presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo y redactor de la sentencia del proc¨¦s; pero este, cuyo perfil est¨¢ bien visto tambi¨¦n en el sector progresista, ha declinado la propuesta, y eso complica la posibilidad de alcanzar un acuerdo. En el Consejo hay ya una mayor¨ªa s¨®lida de vocales partidaria de efectuar los nombramientos del Constitucional y no boicotear, por tanto, la reforma legal que impuls¨® el Gobierno ¨Dcon un ultim¨¢tum que vence el 13 de septiembre¨D para desbloquearlos. No obstante, los vocales m¨¢s cr¨ªticos con esa reforma dentro del sector conservador del organismo se plantean no implicarse en la operaci¨®n ¨Dtratando de retrasarla lo m¨¢s posible¨D si no logran encontrar a candidatos que consideren de altura.

Este sector insiste en la idoneidad de Marchena porque augura que en el Constitucional van a hacer falta contrapesos fuertes ante la mayor¨ªa progresista que se va a producir de forma inminente en el tribunal de garant¨ªas como consecuencia del nombramiento de otros dos magistrados por parte del Gobierno. El presidente de la Sala Penal del Supremo, sin embargo, se ha mostrado irreductible en su negativa a aceptar que se utilice su nombre como candidato a ocupar un puesto en el Constitucional. La renuncia de Marchena dificulta, por tanto, en estos momentos que la renovaci¨®n pueda hacerse con una amplia mayor¨ªa, o incluso por unanimidad, en el Consejo General del Poder Judicial.

Cuatro de las 12 plazas del Tribunal Constitucional est¨¢n pendientes de renovaci¨®n desde junio: se trata de las dos que corresponden al Gobierno y las dos del CGPJ. Si se produce la renovaci¨®n, el tribunal pasar¨¢ previsiblemente de tener una mayor¨ªa de magistrados conservadores a tenerla de magistrados progresistas. Para acelerar esa operaci¨®n, el PSOE anunci¨® en junio una proposici¨®n de ley que devolv¨ªa al Poder Judicial la capacidad de realizar esos nombramientos aun estando en funciones (porque su mandato tambi¨¦n ha caducado). Y en julio introdujo m¨¢s presi¨®n a¨²n al introducir una enmienda parlamentaria por la que impon¨ªa al Consejo que esos nombramientos se produjeran antes del 13 de septiembre. Varios vocales del ¨®rgano de gobierno de los jueces, fundamentalmente del sector conservador, se revolvieron contra esos cambios precipitados, pero en este momento la actitud mayoritaria es la de intentar cerrar un acuerdo para cumplir efectivamente con la previsi¨®n legal.

La renovaci¨®n del Constitucional ya solo depende, por tanto, de que los sectores conservador y progresista del Consejo encuentren y puedan convencer a sus candidatos para cubrir las dos plazas. El bloque conservador est¨¢ hallando especiales dificultades para ello, porque algunos de los magistrados con los que ha contactado han dado una respuesta negativa. No solamente Marchena: tambi¨¦n ha mostrado su preferencia por continuar en la Sala Penal del Supremo el magistrado Antonio del Moral, cuya candidatura, de ser propuesta, podr¨ªa alcanzar igualmente un amplio apoyo en el Consejo.

A la vista de las dificultades, una parte del sector conservador del CGPJ, pese a ser contrario a la reforma legal del Gobierno, se ha decantado por empujar a favor del consenso, apoyando los intentos del presidente del Consejo y del Supremo, Carlos Lesmes, para que la renovaci¨®n del Constitucional se materialice en septiembre. Pero otra parte minoritaria, compuesta por los vocales de grupo conservador m¨¢s opuestos a las iniciativas del Ejecutivo, insiste en no participar en el desbloqueo salvo que obtenga ciertas garant¨ªas. La principal: que se nombre a un magistrado del que ¨Da tenor de su perfil y trayectoria¨D quepa esperar que liderar¨¢ un bloque conservador s¨®lido. Este sector quedar¨¢ en minor¨ªa en el Constitucional tras la renovaci¨®n, pero precisamente por ello dicho bloque busca un candidato fuerte, capaz de dificultar que la nueva mayor¨ªa progresista del tribunal consiga avalar sin obst¨¢culos algunas de las principales reformas del Gobierno actual pendientes de sentencia, u otras que lo est¨¢n desde hace a?os, como la relativa a la ley del aborto de 2010.

El Constitucional se hab¨ªa comprometido a resolver este recurso antes de que concluyera su mandato, el 12 de junio. Pero no lo ha hecho, porque el presidente del tribunal, Pedro Gonz¨¢lez-Trevijano, ha preferido que el fallo vuelva a quedar pendiente para que el ¨®rgano de garant¨ªas lo afronte con su nueva composici¨®n. Con ello, Trevijano ha querido evitar que el tribunal vuelva a dividirse sobre una ley muy sensible desde el punto de vista pol¨ªtico y social.

Tras la renovaci¨®n del Constitucional, este tribunal pasar¨¢ a tener una mayor¨ªa progresista de siete a cinco ¨Dsi se elige tambi¨¦n al sustituto del magistrado conservador Alfredo Montoya, que dimiti¨® en julio ¨²ltimo por razones de salud¨D o de siete a cuatro ¨Dsi ese relevo, que depende de otro complicado acuerdo entre PP y PSOE en el Senado, se deja para m¨¢s adelante¡ª.

En el Consejo del Poder Judicial, en el Supremo y en el propio Constitucional est¨¢ extendida la idea de que, con una mayor¨ªa progresista en este tribunal, existen grandes posibilidades de que su pr¨®ximo presidente sea el magistrado C¨¢ndido Conde-Pumpido, exfiscal general del Estado. La magistrada Mar¨ªa Luisa Balaguer, catedr¨¢tica de Derecho Constitucional, cumple tambi¨¦n todos los requisitos para ocupar el cargo, por lo que no se descarta su candidatura.