El nuevo curso judicial marca el paso a la agenda pol¨ªtica

A poco m¨¢s de una semana del acto de apertura del a?o judicial, que presidir¨¢ el Rey el pr¨®ximo 7 de septiembre, la tensi¨®n preside las relaciones entre el Gobierno y el PP sobre el bloqueo de las instituciones de la justicia, un elemento que marcar¨¢ de nuevo la agenda pol¨ªtica del curso que arranca. El enfrentamiento radical entre populares y socialistas sobre c¨®mo debe entenderse y garantizarse la independencia judicial se ha traducido hasta ahora en la imposibilidad de renovar dos ¨®rganos clave para el Estado de Derecho: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ¡ªel gobierno de los jueces, que realiza nombramientos, impone sanciones y elabora informes sobre proyectos de ley¡ª y el Tribunal Constitucional. Ambos tienen caducados sus respectivos mandatos: en el primer caso, todo el Consejo est¨¢ en funciones desde diciembre de 2018; en el segundo, un tercio de los magistrados del Constitucional termin¨® su mandato el pasado junio y deben ser sustituidos, lo que provocar¨¢ un vuelco en la relaci¨®n de fuerzas, dando lugar a un tribunal de mayor¨ªa progresista. Y ambas instituciones est¨¢n, en este caso, conectadas, porque dos de los cuatro magistrados del Constitucional que deben ser sustituidos corresponde nombrarlos al Consejo. Un intrincado escenario que condiciona el funcionamiento de la justicia y enfrenta de forma cada vez m¨¢s descarnada al Gobierno y al primer partido de la oposici¨®n.

A ese conflicto se suma la dificil¨ªsima situaci¨®n en la que est¨¢ el Tribunal Supremo, al borde del colapso en algunas de sus salas ¡ªprincipalmente la que analiza los asuntos contencioso-administrativos¡ª por la imposibilidad de sustituir a los jueces que fallecen, se jubilan o causan baja: esas vacantes deben ser cubiertas por el CGPJ, pero este tiene vetada por ley la facultad de realizar nombramientos desde el a?o pasado, al tener el mandato caducado. Y esa situaci¨®n alimenta tambi¨¦n la bronca entre Gobierno y oposici¨®n: el PP acusa al Ejecutivo de desbloquear los nombramientos solo en el Constitucional para garantizarse el cambio de mayor¨ªas, olvid¨¢ndose del problema mayor en el que est¨¢ sumido el Supremo.

Por si faltara algo, en este contexto de ruido pol¨ªtico-judicial ha aterrizado la pol¨¦mica desencadenada a ra¨ªz de la sentencia del Supremo sobre el caso de los ERE de Andaluc¨ªa, dictada por tres votos a dos y que supone enviar a prisi¨®n durante seis a?os al exministro, expresidente andaluz y expresidente del PSOE Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n. El texto de la sentencia y el del voto particular de las dos magistradas discrepantes se conocer¨¢ a principios de septiembre, y dar¨¢ paso a la presentaci¨®n de un incidente de nulidad de actuaciones por parte de la defensa. Si esta iniciativa fracasa, ser¨¢ seguida de un recurso de amparo ante el Constitucional, en un proceso paralelo a la solicitud de indulto anunciada por la familia de Gri?¨¢n. Y esta ¨²ltima medida entrar¨¢ de lleno en el debate pol¨ªtico, pues ser¨¢ potestad exclusiva de un presidente socialista conceder o no la medida de gracia a un compa?ero y excargo del partido.

El pulso en torno a la renovaci¨®n del CGPJ y el Constitucional se produce en el contexto de una disputa inacabable entre PSOE y PP sobre el alcance de sus compromisos para normalizar la situaci¨®n. Prueba de que tales compromisos existen es el documento suscrito por el anterior secretario general del PP, Teodoro Garc¨ªa Egea, y el ministro de la Presidencia, F¨¦lix Bola?os, dado a conocer por EL PA?S el pasado 16 de agosto. En dicho documento, ambos partidos acordaban impulsar conjuntamente una reforma de la Ley del Poder Judicial para permitir la elecci¨®n de los cuatro magistrados del Constitucional. Pero ese acuerdo ha saltado por los aires, el PSOE ha acabado presentando en solitario la reforma legal y la bronca pol¨ªtica ha enrarecido tanto la situaci¨®n que ha dado lugar a sucesivas renuncias de magistrados del sector conservador del Supremo a aceptar un puesto en el Constitucional.

De ah¨ª que resulte dif¨ªcil que los nuevos miembros del tribunal de garant¨ªas puedan ser elegidos con un amplio respaldo, aunque en el Consejo impera el criterio de que al final se podr¨¢n obtener los 12 votos (de un total de 19 posibles) precisos para la designaci¨®n de esos dos magistrados del Constitucional. En paralelo, el Gobierno debe nombrar a otros dos. Por esta v¨ªa, el tribunal pasar¨¢ a tener una mayor¨ªa progresista, dato que explica en buena medida por qu¨¦ existe tanta disputa en torno a su renovaci¨®n, seg¨²n asumen fuentes del propio Constitucional.

Sentencias a la espera de pronunciamiento

El tribunal de garant¨ªas, con su actual composici¨®n de mayor¨ªa conservadora, declar¨® inconstitucionales diversos aspectos del paraguas jur¨ªdico desplegado por el Gobierno para hacer frente a la pandemia ¡ªempezando por el confinamiento de la poblaci¨®n en el primer estado de alarma¡ª, en uno de los mayores varapalos judiciales sufridos por el Ejecutivo. Y ahora tiene por delante sentencias tan importantes como la referida a la ley del aborto, la de eutanasia o la de educaci¨®n, conocida como ley Cel¨¢a. Tambi¨¦n debe resolver cuestiones relevantes en materia parlamentaria, como las f¨®rmulas de juramento alternativas empleadas por diputados de varios grupos al inicio de la legislatura o la posible devoluci¨®n del esca?o al exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodr¨ªguez.

La Constituci¨®n establece que la renovaci¨®n del tribunal de garant¨ªas debe hacerse cada cuatro a?os por tercios, de modo que en cada turno sean sustituidos cuatro de sus doce miembros. Para evitar un conflicto institucional, el Gobierno ha ido aplazando el nombramiento de los dos magistrados que le corresponde designar, a la espera de que el Consejo haga lo propio. Pero la espera no ser¨¢ indefinida. Fuentes gubernamentales subrayan que, si en septiembre no hay indicios claros de que el ¨®rgano de gobierno de los jueces va a hacer su parte, el Gobierno har¨¢ la suya y nombrar¨¢ a sus dos magistrados en la primera quincena de octubre.

De acuerdo con la reforma legal finalmente impulsada por el Gobierno sin el concurso del PP, el plazo para que el Consejo efect¨²e sus dos nombramientos termina el 13 de septiembre. Antes, el d¨ªa 8, est¨¢ convocado un pleno extraordinario del CGPJ para abordar el asunto, pero fuentes del ¨®rgano afirman que cerrar el acuerdo en esa fecha es improbable, pues las espadas siguen en alto entre los vocales que quieren pactar los nombres sin m¨¢s dilaciones y los que volver¨¢n a expresar su rechazo a la reforma legal que facilita los nombramientos en el Constitucional pero los sigue bloqueando en el Supremo. ¡°Mi obligaci¨®n es asistir al pleno y proponer nombres, pero si no hay acuerdo y no se consigue elegir entre los candidatos, no ser¨¢ culpa m¨ªa¡±, dice, por ejemplo, un vocal del sector conservador. Y a?ade: ¡°Si en el Parlamento no han sabido ponerse de acuerdo sobre la renovaci¨®n del Consejo, ?por qu¨¦ vamos a lograrlo nosotros sobre el Constitucional? ?Por qu¨¦ se va a ser m¨¢s exigente con unos que con otros?¡±.

En el CGPJ hay, en todo caso, una mayor¨ªa decantada a favor de nombrar a los dos magistrados, sin ampararse en dificultades para pactar sus identidades. El acuerdo pasa por que sean miembros del Supremo y que uno provenga del sector conservador y otro del ¨¢mbito progresista. El segundo es m¨¢s f¨¢cil de encontrar, porque no faltan en ese sector magistrados dispuestos a aceptar la designaci¨®n. En la franja conservadora, en cambio, existe mayor resistencia, en parte porque los posibles designados son conscientes de que en su nuevo cargo formar¨ªan parte de la minor¨ªa, y prefieren conservar el peso espec¨ªfico que tiene su puesto en una Sala del Supremo.