El magistrado que redact¨® la sentencia del ¡®caso ERE¡¯ no se ve condicionado por la militancia de su familia en el PP

El magistrado, Eduardo de Porres, encargado de redactar la sentencia del Tribunal Supremo que ratific¨® la condena a los expresidentes andaluces socialistas Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n y Manuel Chaves por el caso ERE ¨Del fraude cometido en la concesi¨®n de ayudas sociolaborales con las que el Ejecutivo andaluz intent¨® hacer frente entre 2000 y 2009 a la crisis industrial que sufr¨ªa la comunidad aut¨®noma¨D no ve ning¨²n motivo ni legal ni moral que le hubiera hecho abstenerse de participar en la decisi¨®n judicial por el hecho de que su esposa y su hijo militen en el PP de Villaviciosa de Od¨®n (Madrid), seg¨²n ha publicado el diario Fuentes Informadas. ¡°A m¨ª no me condiciona la militancia de los miembros de mi familia. Mi mujer es mi mujer, mi hijo es mi hijo y yo soy yo: al igual que mi otro hijo piensa de otra forma¡±, ha manifestado De Porres a este mismo medio.

El Tribunal Supremo hizo p¨²blica este mi¨¦rcoles la sentencia por la que se ha condenado a los expresidentes andaluces junto a otros 13 ex altos cargos de la Junta de Andaluc¨ªa durante los gobiernos socialistas. El tribunal confirm¨® las condenas de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n impuestas por la Audiencia de Sevilla, pero la decisi¨®n judicial sali¨® adelante por la m¨ªnima, con el apoyo de tres de los cinco magistrados que revisaron el caso y la oposici¨®n de otras dos. Las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo presentaron un voto particular en el que reprochaban que sus compa?eros de sala hayan ido m¨¢s all¨¢ en sus conclusiones que los magistrados que juzgaron el caso y sostienen que solo debi¨® condenarse por malversaci¨®n a los responsables de la Consejer¨ªa de Empleo porque fue all¨ª desde donde se repartieron ¡°sin control¡± las ayudas. Seg¨²n ambas magistradas, los cinco acusados de malversaci¨®n continuada ajenos a este departamento, entre ellos Gri?¨¢n, debieron ser absueltos del delito que los condena a prisi¨®n.

La decisi¨®n judicial tiene un fuerte componente pol¨ªtico. El PP ha ejercido como acusaci¨®n popular en la causa y en cuanto se hizo p¨²blica la resoluci¨®n del Tribunal Supremo, la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, reclam¨® que se cumpliera y que no haya indultos. En el PSOE se limitaron a subrayar que ni Chaves ni Gri?¨¢n ¡°tocaron un euro¡± y la portavoz socialista y ministra de Educaci¨®n, Pilar Alegr¨ªa, pidi¨® aguardar a conocer el completo contenido de la sentencia, de 1.205 p¨¢ginas. ¡°La sentencia es carne de recurso. Hay dudas muy razonables que el Tribunal Constitucional debe resolver¡±, afirm¨® este jueves Juan Espadas, secretario general del PSOE de Andaluc¨ªa.

El magistrado De Porres ha explicado al medio Fuentes Informadas que su esposa tiene previsto darse de baja como militante del PP en octubre y que solo llevaba un a?o inscrita. ¡°Ella conoce al alcalde y a concejales, pero nunca ha tenido ning¨²n puesto de responsabilidad. Y no s¨¦ qu¨¦ har¨¢ mi hijo¡±, mantiene. Seg¨²n el mismo medio, su hijo, ocup¨® el puesto 17 de la lista municipal en los pasados comicios, pero no sali¨® elegido como edil. Despu¨¦s trabaj¨® como asesor del Consistorio madrile?o, pero hace unos meses que dej¨® este puesto y se incorpor¨® a un bufete. En la conversaci¨®n, el magistrado tambi¨¦n subraya que ¨¦l intervino tambi¨¦n en la sentencia del primer juicio del caso G¨¹rtel, que afecta al PP, y que la sentencia fue condenatoria.

Una vez notificada la sentencia, que condena a Gri?¨¢n a seis a?os de c¨¢rcel por un delito de malversaci¨®n, se convierte en firme y se abre el proceso para la entrada en la c¨¢rcel de los condenados. La Audiencia de Sevilla tiene que ejecutar el fallo. Este ¨®rgano citar¨¢ a las partes y, habitualmente, les concede un plazo de 10 d¨ªas para presentarse en el centro penitenciario que elijan.

La familia del expresidente Gri?¨¢n present¨® hace dos semanas su petici¨®n de indulto parcial al Ministerio de Justicia, una solicitud sobre la que el Gobierno de Pedro S¨¢nchez deber¨¢ decidir en los pr¨®ximos meses. Los letrados tienen previsto pedir a la Audiencia que suspenda el ingreso en la c¨¢rcel invocando el art¨ªculo 4.4 del C¨®digo Penal mientras se tramita la medida de gracia.

La mayor¨ªa de los condenados prev¨¦n tambi¨¦n recurrir ante el Tribunal Constitucional. Para estos casos, la jurisprudencia contempla la posibilidad de dejar en suspenso la pena para aquellos condenados que hayan sido castigados con menos de cinco a?os de c¨¢rcel. Una medida excepcional que no siempre se aplica y que depende de las circunstancias particulares.