Interior busca empresas para destruir las ¡®narcolanchas¡¯ que se amontonan en los dep¨®sitos judiciales
Las fuerzas de seguridad han intervenido 1.048 embarcaciones de alta velocidad desde que la reforma legal de 2018 las prohibi¨®
La lucha contra el narcotr¨¢fico no termina con la incautaci¨®n de la droga y la detenci¨®n de los delincuentes. La destrucci¨®n de las embarcaciones semirr¨ªgidas y neum¨¢ticas de alta velocidad, las conocidas como narcolanchas, que los traficantes utilizan para alijar los fardos en las costas espa?olas se ha convertido en un quebradero de cabeza para la justicia. Para deshacerse de ellas, el Ministerio del Interior ha licitado recientemente un concurso: busca empresas que se encarguen de hacerlo. La labor no es peque?a. Decenas de embarcaciones se acumulan en los dep¨®sitos policiales.
En octubre de 2018, el Gobierno aprob¨® un real decreto que declaraba ilegal la tenencia por parte de particulares de las tambi¨¦n llamadas planeadoras o rhib (siglas de su denominaci¨®n en ingl¨¦s, rigid-hulled inflatable boat) y, por tanto, permit¨ªa su decomiso aunque no llevasen droga cuando son detectadas. Desde entonces, la Polic¨ªa Nacional, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera han intervenido 1.048 de estas embarcaciones, que pueden alcanzar 60 nudos (110 kil¨®metros por hora) en condiciones de mar favorables. De ellas, 202 en los ocho primeros meses de este a?o, seg¨²n la estad¨ªstica oficial. Interior ha presupuestado ahora gastar cerca de 66.000 euros para proceder a la destrucci¨®n de las que siguen en el dep¨®sito.
Muchas cosas han cambiado en los cuatro a?os transcurridos desde la aprobaci¨®n de la ley que ilegalizaba las narcolanchas. Antes de su entrada en vigor, estas embarcaciones acababan subastadas ¡°y en m¨¢s de una ocasi¨®n las volv¨ªan a adquirir las mismas organizaciones [de tr¨¢fico de estupefacientes]¡±, explica la fiscal antidroga de Andaluc¨ªa, Ana Villag¨®mez. Con el cambio legislativo, su destino m¨¢s probable es ahora la destrucci¨®n. Eso hace que los narcos se lo piensen mucho m¨¢s a la hora de trasladar por tierra y botar al mar unas lanchas que pueden costarles entre 150.000 y 300.000 euros.
El valor var¨ªa en funci¨®n del n¨²mero de motores fueraborda ¡ªpueden ser hasta tres, valorado cada uno entre 30.000 y 40.000 euros¡ª, los dispositivos GPS que usan para guiarse ¡ªentre 25.000 y 30.000 euros¡ª y la propia goma, de calidad variable, seg¨²n explica un investigador de la Guardia Civil acostumbrado a decomisarlas. Toda esta inversi¨®n se convierte en p¨¦rdidas para una mafia si, despu¨¦s de un operativo, su objeto m¨¢s preciado para alijar acaba intervenido. Fue lo que le pas¨® al clan de Polo, una organizaci¨®n dedicada al narcotr¨¢fico asentado en La L¨ªnea de la Concepci¨®n (C¨¢diz) al que la Guardia Civil decomis¨® 22 de estas embarcaciones en marzo del a?o pasado.
Cuando el traficante es detenido y acaba ante un juez, la ilegalizaci¨®n de las narcolanchas tambi¨¦n tiene consecuencias penales para ¨¦l. Villag¨®mez fue fiscal en el primer juicio en el que, tras el cambio normativo, los acusados se enfrentaron a una nueva pena por usar una planeadora ¡ªentre tres y cinco a?os de prisi¨®n¡ª que se sumaba a las habituales por tr¨¢fico de drogas y organizaci¨®n criminal. Aunque en primera instancia la Audiencia Provincial de C¨¢diz absolvi¨® a los narcos de ese nuevo delito, el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa enmend¨® la plana al tribunal y acept¨® el recurso de la Fiscal¨ªa para considerar este delito. El Tribunal Supremo ratific¨® esta ¨²ltima decisi¨®n. Con la jurisprudencia ya asentada, Villag¨®mez cree que este incremento de las penas hace que ¡°los pilotos [de las planeadoras] ahora se lo piensen m¨¢s¡±.
Pero el camino que sigue la narcolancha hasta su destrucci¨®n es lento. Y, con ello, el almacenaje y custodia de estas embarcaciones se ha convertido en un problema de grandes dimensiones. El puerto de Algeciras (C¨¢diz) y el dep¨®sito en Dos Hermanas (Sevilla) tienen buena parte de su superficie copada por planeadoras apiladas, con el riesgo por la acumulaci¨®n de combustible o posibles robos. El consejero de Justicia de la Junta de Andaluc¨ªa, Jos¨¦ Antonio Nieto, record¨® el mi¨¦rcoles en el Parlamento de Andaluc¨ªa que son los jueces los ¨²nicos competentes a la hora de decidir qu¨¦ hacer con ellas una vez decomisadas. La clave est¨¢ en que la mayor¨ªa de esas embarcaciones que se amontonan en los dep¨®sitos se ha intervenido en casos que a¨²n est¨¢n en instrucci¨®n o a la espera de juicio. ¡°No hay unos tr¨¢mites tasados y concretos sobre qu¨¦ hacer¡±, se queja un agente de la Guardia Civil.
El contrato que ha sacado ahora a licitaci¨®n el Ministerio de Interior pretende, precisamente, agilizar la destrucci¨®n. En el expediente del nuevo concurso, el ministerio tambi¨¦n admite que estas embarcaciones suponen ¡°un problema a?adido a la labor policial¡± por la necesidad de almacenarlas y custodiarlas. ¡°Actualmente, el dep¨®sito de las mencionadas embarcaciones intervenidas supone un grave problema de seguridad, por lo que es necesario recogerlas de las instalaciones o dep¨®sitos habilitados [...] y, una vez obtenidas las autorizaciones judiciales o administrativas necesarias, llevarlas al punto de destrucci¨®n para proceder a su eliminaci¨®n definitiva¡±, a?ade el documento.
Por ello, el ministerio aspira a que, una vez recibida la autorizaci¨®n judicial, la destrucci¨®n se efect¨²e en un plazo m¨¢ximo de 15 d¨ªas. Para lograrlo, el contrato, de un a?o de duraci¨®n, se divide en dos lotes por ¨¢reas geogr¨¢ficas. Uno, el de mayor cuant¨ªa (49.500 euros), para deshacerse de las embarcaciones que se intervengan en Algeciras y la zona del campo de Gibraltar, donde se registra el mayor n¨²mero de aprehensiones. El segundo, de 16.400 euros, para las que se intercepten en las costas de Almer¨ªa, Granada, Murcia y la Comunidad Valenciana, lugares donde la entrada de droga se ha incrementado en los ¨²ltimos tiempos.
El documento detalla que el importe final a pagar por cada narcolancha destruida se calcular¨¢ en funci¨®n del tama?o de esta. As¨ª, Interior abonar¨¢ a la empresa adjudicataria entre 250 y 400 euros, m¨¢s IVA, por cada embarcaci¨®n de seis metros de eslora, seg¨²n los motores fueraborda que tenga. Por cada metro m¨¢s, sumar¨¢ 25 euros. Con estos importes, Interior espera destruir durante el a?o de duraci¨®n del contrato entre 150 y 240 embarcaciones, cifras sensiblemente inferiores a las que se intervienen anualmente. Seg¨²n las estad¨ªsticas oficiales, en 2019 fueron decomisadas 195 lanchas; en 2020, en plena pandemia, 279; y un a?o m¨¢s tarde, 357, cifra r¨¦cord hasta ahora. Este a?o se superar¨¢n ampliamente las 200.
El contrato exige a la empresa adjudicataria que separe los diferentes materiales que componen estas embarcaciones y los recicle cuando sea posible. Los motores fuerabordas ser¨¢n achatarrados. La mercantil tambi¨¦n deber¨¢ respetar una cl¨¢usula por la cual sus trabajadores aceptan guardar ¡°adecuada reserva y confidencialidad¡± sobre los lugares de dep¨®sito de las embarcaciones y las fechas y horas de su destrucci¨®n. No es la primera vez que Interior licita contratos para destruir narcolanchas. En noviembre de 2019, meses despu¨¦s de aprobarse la ley que prohib¨ªa las planeadoras, ofert¨® un contrato de 91.300 euros dividido en dos lotes. Solo pudo adjudicar uno por falta de ofertas v¨¢lidas para el segundo.
El dinero para hacer frente a este gasto procede del Fondo de Bienes Decomisados, que se nutre con el dinero obtenido de la subasta de las propiedades intervenidas a delincuentes. No obstante, la fiscal Villag¨®mez asegura que existen mecanismos para que el coste de esta destrucci¨®n sea pagado por los narcos responsables del alijo intervenido en la narcolancha. ¡°El problema es que la mayor¨ªa [de los condenados] se declara insolvente¡±, reconoce resignada.
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