El Poder Judicial agoniza a la espera de su renovaci¨®n
El incumplimiento del plazo legal para renovar el Constitucional, la salida de Lesmes y el pulso por su sustituci¨®n han dinamitado la imagen de un ¨®rgano que languidec¨ªa tras cuatro a?os prorrogado
¡°Un ¨®rgano menguante al que la Constituci¨®n le asigna 21 miembros y que se ha quedado en 18, con un presidente suplente designado por edad y que no tiene ni voz ni mando en la acera de enfrente [sede del Tribunal Supremo], donde manda el sustituto del sustituto¡±. Este crudo an¨¢lisis de un magistrado del Tribunal Supremo resume la agon¨ªa en la que ha entrado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el ¨®rgano encargado de gestionar uno de los tres poderes del Estado, pero que, desde hace semanas, tiene serias dificultades para gestionarse a s¨ª mismo. La dimisi¨®n de Carlos Lesmes ha terminado por dejar a la deriva el Consejo, que lleva m¨¢s de 1.300 d¨ªas prorrogado y cuya situaci¨®n califican sus propios miembros como ¡°insostenible¡±.
La negociaci¨®n que mantienen ahora PSOE y PP para renovarlo es definida por un vocal como ¡°la ¨²ltima oportunidad para acabar esto medio dignamente¡±. Los consejeros defienden su labor, tanto la realizada durante los cinco primeros a?os de mandato como el trabajo hecho desde que, en diciembre de 2018, se quedaron en funciones. Si la justicia ha seguido funcionando, se?alan, ha sido en gran parte gracias a ellos, que se han mantenido en sus puestos gestionando el d¨ªa a d¨ªa; pero los acontecimientos de las ¨²ltimas semanas, con el incumplimiento del mandato legal de nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional, la renuncia del presidente y el pulso interno para decidir su sustituci¨®n han terminado por erosionar al CGPJ por dentro y por fuera.
El comunicado difundido tras la dimisi¨®n de Lesmes por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ¡ªque re¨²ne a los presidentes de las cinco salas y a cinco magistrados votados por sus compa?eros¡ª advert¨ªa por primera vez de una circunstancia que hasta ahora no se asum¨ªa ni en el alto tribunal ni en el ¨®rgano de gobierno de los jueces. El retraso en la renovaci¨®n del Consejo, se?alaron los magistrados, no solo est¨¢ llevando al Tribunal Supremo a una situaci¨®n l¨ªmite, ¡°sino que est¨¢ suponiendo, adem¨¢s, la deslegitimaci¨®n del propio Consejo General del Poder Judicial, perjudica la imagen del Poder Judicial y afecta gravemente a la misma Constituci¨®n¡±. El perjuicio a la imagen de la justicia y el incumplimiento de la Constituci¨®n son da?os denunciados en los ¨²ltimos meses por la propia Sala de Gobierno, por el CGPJ y por las asociaciones judiciales. Pero la ¡°deslegitimaci¨®n¡± del ¨®rgano de gobierno de los jueces es una consecuencia que nunca antes se hab¨ªa se?alado de forma tan directa.
El encargado de redactar este texto suscrito por toda la sala fue el magistrado Pablo Lucas, cuyo hermano Enrique es vocal del actual CGPJ a propuesta del PNV. Entre los miembros del Consejo el acuerdo de la c¨²pula judicial fue recibido mayoritariamente con frialdad y la sensaci¨®n predominante es que, si el ¨®rgano est¨¢ deslegitimado, es por culpa del bloqueo en su renovaci¨®n y no por la gesti¨®n de sus miembros. ¡°Las circunstancias son dificil¨ªsimas y estamos intentando conducirlas de la mejor manera posible. Resulta que los partidos no consiguen cumplir su mandato constitucional, que uno se dedica a improvisar excusas y al otro lo que se le ocurre para presionar es aprobar una ley que deja al Tribunal Supremo medio vac¨ªo y presidencias de TSJ y de Audiencias Provinciales vacantes por toda Espa?a, pero quienes da?amos la imagen del Poder Judicial y del ¨®rgano que lo gobierna somos nosotros¡±, se queja un vocal conservador.
Los progresistas tambi¨¦n reivindican su legitimidad, pero s¨ª admiten que la cascada de circunstancias de las ¨²ltimas semanas, sobre todo la negociaci¨®n sin frutos para renovar el Tribunal Constitucional, con los conservadores maniobrando para impedir avanzar hacia cualquier acuerdo, y la renuncia de Lesmes ¡°abandonado¡± por los suyos, ha da?ado a la instituci¨®n.
?Se han planteado la dimisi¨®n? Vocales consultados en ambos sectores aseguran que una renuncia en bloque no ha estado nunca sobre la mesa porque ser¨ªa una ¡°irresponsabilidad¡±. ¡°Sumir¨ªa a la justicia en un caos. Quien lo pide no es consciente de que aqu¨ª todas las semanas se acuerdan gestiones indispensables, se piensan que solo hac¨ªamos los nombramientos, que ya eran imprescindibles, pero que no son nuestro d¨ªa a d¨ªa¡±, explica un consejero. Algunos vocales s¨ª que se han planteado la dimisi¨®n en los ¨²ltimos meses y, en alg¨²n caso, hasta se le anunci¨® a Lesmes, pero el presidente consigui¨® frenarlo. Ahora que el que se ha ido es ¨¦l, nadie descarta alguna renuncia individual si la negociaci¨®n de PSOE y PP vuelve a fracasar, pero la mayor¨ªa de vocales consultados no son partidarios de irse. ¡°Si nos vamos siempre se quedar¨¢ un n¨²cleo peque?o que tendr¨¢ todo el control¡±, advierte un vocal progresista.
Si el acuerdo pol¨ªtico no llega, el CGPJ afronta un futuro incierto. La designaci¨®n de Rafael Mozo como presidente ¡°suplente¡± est¨¢ pensada como una soluci¨®n a corto plazo, admiten varios vocales, y es la imagen misma de la interinidad. Mozo, magistrado de la Audiencia Nacional, cumple en julio 72 a?os, la edad de la jubilaci¨®n forzosa para los jueces, por lo que el CGPJ tendr¨ªa que designar a otro sustituto del sustituto, que ser¨ªa el siguiente vocal de m¨¢s edad (el conservador Vicente Guilarte). Con todo, los vocales est¨¢n dispuestos a seguir adelante y aseguran que en los pr¨®ximos d¨ªas retomar¨¢n las negociaciones para renovar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Si el acuerdo entre los partidos para renovar el Consejo se consuma, la mayor¨ªa es partidario de frenar los nombramientos del tribunal de garant¨ªas para que los haga el siguiente Consejo.
En ese caso, los miembros del nuevo CGPJ tendr¨¢n la tarea de reflotar un ¨®rgano golpeado en su imagen y con mucho trabajo acumulado. No solo estar¨¢n sobre la mesa las designaciones del Constitucional si no se han llegado a hacer, sino alrededor de 70 altos cargos vacantes por la ley que impide al Consejo en funciones hacer nombramientos discrecionales. Todos ellos requieren una convocatoria p¨²blica, comparecencias de los candidatos para explicar sus proyectos y, finalmente, un acuerdo entre los vocales para lograr una mayor¨ªa de tres quintos (13 de los 21 miembros el pleno) hacia alguno de los aspirantes. ¡°Habr¨ªa que empezar por los del Supremo, dada la urgencia, y luego ir abord¨¢ndolos todos. Eso son varias semanas, m¨¢s bien meses, de trabajo¡±, advierte un vocal del CGPJ actual. Adem¨¢s, hay informes de proyectos de ley pendientes de redactarse y cuatro a?os de retraso en algunos programas y planes a largo plazo que el CGPJ se comprometi¨® a no abordar una vez que entr¨® en funciones. Un magistrado del Supremo aboga, como muchos otros, por tomar medidas (una reforma legal) para que una situaci¨®n as¨ª no vuelva a repetirse. ¡°Al ¨®rgano se le ha maltratado y, con ¨¦l, a todo el Poder Judicial. No podemos permitirnos que esto vuelva a pasar¡±, sostiene.
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