El Gobierno se abre a reducir a la mitad la pena por sedici¨®n

Es un asunto recurrente y muy delicado, como lo fueron en 2021 los indultos a los presos del proc¨¦s. Pero el trasfondo pol¨ªtico es similar. El Gobierno est¨¢ dispuesto a reformar el delito de sedici¨®n en el C¨®digo Penal, y el presidente Pedro S¨¢nchez lo ha dejado claro muchas veces, la ¨²ltima el viernes en Bruselas, para reducir las penas y as¨ª homologarlas a la media europea. En Espa?a, este delito tiene una pena m¨¢xima de 15 a?os para las ¡°personas constituidas en autoridad¡±. En Europa, seg¨²n los estudios que maneja el Ejecutivo, la media est¨¢ alrededor de los seis a?os, y hay varios pa¨ªses importantes por debajo de ese tiempo. La legislaci¨®n europea es mucho m¨¢s suave tanto con la sedici¨®n como con la rebeli¨®n, que algunas legislaciones ni contemplan. De hecho, la justicia espa?ola se ha encontrado sistem¨¢ticamente con un muro en los distintos pa¨ªses ¨DAlemania, B¨¦lgica, Italia¨D en los que se ha intentado perseguir al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont desde que huy¨® de Catalu?a.

Con este argumento de ¡°homologar¡± la legislaci¨®n espa?ola y europea, el Ejecutivo lleva casi tres a?os, desde que S¨¢nchez lo prometi¨® en su investidura de enero de 2020, dispuesto a esta modificaci¨®n, que completar¨ªa en su visi¨®n la pol¨ªtica de dejar atr¨¢s el proc¨¦s y abrir una nueva etapa. Y ahora llega el momento clave, porque finalmente hay ambiente pol¨ªtico para acometer este cambio, y ERC, que durante mucho tiempo lo rechaz¨® para exigir directamente la amnist¨ªa, insiste en p¨²blico y en privado que quiere hacerlo. De hecho, cree que deber¨ªa estar lista antes de final de a?o y pide que se negocie de forma ¡°paralela¡± a los Presupuestos, mientras el Ejecutivo insiste en separar las dos cuestiones y en ning¨²n caso aceptar¨ªa que se condicionara la aprobaci¨®n de las cuentas a la reforma del C¨®digo Penal.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, fue muy clara esta semana sobre la reforma: ¡°La sedici¨®n necesita una revisi¨®n. Es un delito que se encuentra dentro del t¨ªtulo de los delitos de orden p¨²blico con unas penas desproporcionadas respecto del resto de conductas tipificadas como delitos contra el orden p¨²blico y tambi¨¦n unas penas desproporcionadas respecto de conductas t¨ªpicas que se asimilan al delito de sedici¨®n, que no se tipifican en s¨ª como delitos de sedici¨®n, pero s¨ª como otro tipo de conductas, des¨®rdenes p¨²blicos, desobediencia, etc¨¦tera, en otros pa¨ªses de Europa. Por tanto, tenemos que homologarnos en t¨¦rminos democr¨¢ticos, jur¨ªdicos y penales a otros pa¨ªses europeos con unas penas adecuadas a las conductas que se consideran sediciosas¡±.

El fondo est¨¢ claro. Pero hay un problema pol¨ªtico muy importante, que no exist¨ªa con los indultos. Ese perd¨®n, que S¨¢nchez decidi¨® en 2021 despu¨¦s de que los principales l¨ªderes del proc¨¦s hubieran penado casi cuatro a?os de c¨¢rcel, era una decisi¨®n unilateral del Gobierno, que no ten¨ªa que negociar con nadie. De hecho, ERC formalmente nunca lo pidi¨®. La reforma del C¨®digo Penal, por el contrario, es algo que se debe negociar porque necesita una mayor¨ªa absoluta del Congreso y, por tanto, el voto a favor de ERC. Por eso, S¨¢nchez insiste tanto en que est¨¢ dispuesto a hacerlo si hay una mayor¨ªa, y cree que en este momento no la hay. Lo que el Gobierno est¨¢ dispuesto a hacer es una reforma para reducir a la mitad esas penas, en l¨ªnea con el entorno europeo, pero en ning¨²n caso a eliminar el delito o reducirlo por debajo de la media europea.

Si eso fuera as¨ª, ERC tendr¨ªa que asumir, y aprobar con su voto, una reforma que ayudar¨ªa a personas fugadas como su secretaria general, Marta Rovira, pero no les garantizar¨ªa el no ingresar en la c¨¢rcel si deciden volver a Espa?a. Con una pena m¨¢xima de seis a?os, siempre que esa fuera su condena, Rovira no tiene garantizado no entrar en prisi¨®n, y tampoco Carles Puigdemont. Tal vez, aunque tampoco es seguro, podr¨ªan evitar la prisi¨®n preventiva a la espera de juicio porque una de las razones que justific¨® ese castigo preventivo fueron las enormes penas de hasta 30 a?os ¨Den ese momento estaban encausados por rebeli¨®n¨D que pod¨ªan recibir los dirigentes del proc¨¦s encarcelados, como Oriol Junqueras, finalmente condenado por sedici¨®n a 13 a?os.

En febrero de 2018, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dej¨® en libertad a Rovira bajo fianza tras tomarle declaraci¨®n. Pero en marzo la secretaria general de ERC decidi¨® huir a Suiza al saber que ser¨ªa citada por el instructor para comunicarle su procesamiento por rebeli¨®n. Llarena nunca emiti¨® una orden internacional de detenci¨®n y entrega, pero si la secretaria general pone un pie en Espa?a ser¨ªa detenida autom¨¢ticamente. El juez consideraba que Rovira tuvo una ¡°participaci¨®n esencial¡± dentro de ¡°la ideaci¨®n de mecanismos de actuaci¨®n, impulso parlamentario de una legislaci¨®n de soporte y coordinaci¨®n de sectores de la Administraci¨®n¡±. Rovira sigue en Suiza y desde all¨ª participa a diario en la vida org¨¢nica de ERC como secretaria general. Otro de los problemas es que algunos dirigentes del proc¨¦s tambi¨¦n tienen procesos por malversaci¨®n, y no est¨¢ encima de la mesa ning¨²n cambio de esta legislaci¨®n.

Por eso la negociaci¨®n es tan compleja y ERC a¨²n no ha enviado al Gobierno un documento con su propuesta formal. De hecho, la negociaci¨®n real no ha empezado, y solo ha habido conversaciones informales entre el Gobierno y los republicanos sobre este asunto tan complejo. Aunque Pere Aragon¨¨s dijo que ya hay ¡°intercambio de papeles¡±, en el Ejecutivo insisten en que no hay textos todav¨ªa. En el Ejecutivo hay quienes creen que ser¨¢ muy dif¨ªcil llegar a un acuerdo, y por eso S¨¢nchez apuntaba el viernes que esa mayor¨ªa ahora no existe en el Congreso. Otros lo ven m¨¢s factible y sobre todo necesario para rematar el proceso iniciado con los indultos.

Desde ERC apuntan que ellos ya no reclaman la eliminaci¨®n del delito, como hac¨ªan antes, pero tampoco se conformar¨ªan con una ¡°reformita¡±. Reducir a la mitad de las penas no lo es, pero a¨²n queda por concretar qu¨¦ estar¨ªa dispuesta a apoyar ERC. Porque lo que el Gobierno no va a hacer en ning¨²n caso es llevar la reforma al Congreso para que luego la tumben o sea bloqueada porque ERC pide m¨¢s, como est¨¢ pasando ahora mismo con la ley de vivienda o la reforma de la ley mordaza, donde las reclamaciones de los republicanos de ir m¨¢s lejos tienen paralizada la tramitaci¨®n.

S¨¢nchez insiste, y lo dej¨® muy claro el viernes, en que la voluntad pol¨ªtica para la reforma existe, y admite que es un compromiso de investidura y personal suyo, por lo que quiere cumplirlo. Pero tiene ese l¨ªmite muy claro: no puede vaciar de contenido los art¨ªculos 544 y 545 del C¨®digo Penal, que recogen la sedici¨®n, aunque s¨ª una modernizaci¨®n de unos conceptos que vienen del C¨®digo Penal de 1822 y han quedado claramente obsoletos y desfasados con el resto de las legislaciones europeas, seg¨²n sostiene el Ejecutivo.

El discurso de ERC ha cambiado y ya no habla solo de amnist¨ªa, sino que asume algo que tenga ¡°los efectos de una amnist¨ªa¡±. Pero el Gobierno est¨¢ pensando en una reducci¨®n de penas, no en una eliminaci¨®n. Y los jueces muy probablemente ser¨¢n duros con los fugados, as¨ª que no pueden esperar una condena baja. Se trata, pues, de un acuerdo especialmente complejo. Pero por primera vez desde las dos partes llegan mensajes muy claros de que est¨¢n dispuestos a explorarlo. El asunto tendr¨ªa que estar resuelto en poco tiempo para llevarlo al Congreso antes de final de a?o y permitir su tramitaci¨®n antes de las pr¨®ximas elecciones generales. Tal vez ser¨ªa la ¨²ltima oportunidad de llevarlo adelante con la actual mayor¨ªa y rematar el proceso pol¨ªtico iniciado con los indultos a los presos del proc¨¦s.