El Constitucional acuerda apremiar al Poder Judicial para que nombre a sus dos magistrados

El Constitucional no va a darse prisa en verificar si Juan Carlos Campo y Laura D¨ªez, los dos juristas designados por el Gobierno para formar parte del tribunal de garant¨ªas, cumplen los requisitos para acceder al cargo. El presidente del tribunal, Pedro Gonz¨¢lez Trevijano, coment¨® este martes a los magistrados que remitir¨ªa al Consejo General del Poder Judicial una comunicaci¨®n exponiendo que el Gobierno ha efectuado sus nombramientos, a los efectos oportunos. El Constitucional espera que esos efectos sean que el ¨®rgano de gobierno de los jueces nombre a los otros magistrados que deben incorporarse al ¨®rgano de garant¨ªas, como muy tarde el pr¨®ximo 22 de diciembre, d¨ªa en que va a reunirse el pleno del Poder Judicial.

La decisi¨®n del Constitucional, por tanto, es emplazar al Consejo a que cumpla su cometido por la v¨ªa indirecta de notificarle que el Gobierno ya ha cumplido el suyo. El objetivo de esta estrategia es intentar que el Poder Judicial reaccione ante la nueva situaci¨®n y que los ocho vocales del bloque conservador, que se han negado a proponer candidatos, den un paso y se muestren dispuestos a hacerlo. No hay garant¨ªas de que por esta v¨ªa se logre avance alguno, pero lo que quiere el Constitucional es colocar el problema en otra sede, la del Consejo, y no tener que afrontar por ahora el debate sobre la idoneidad de los juristas designados por el Gobierno, cuya aceptaci¨®n en estos momentos supondr¨ªa renovar el tribunal por un sexto de sus miembros, y no por un tercio, como prev¨¦ la Constituci¨®n.

El pleno del Constitucional acordar¨¢ este mi¨¦rcoles formalmente dirigir esta comunicaci¨®n al Consejo y ahorrarse, de momento, el trago de un pleno del propio tribunal de garant¨ªas en el que no iba a haber unanimidad sobre las posibles salidas para esta larga crisis. En el sector conservador sigue imperando la idea de que la renovaci¨®n no podr¨ªa ser de solo dos magistrados. Pero al propio tiempo nadie arde en deseos de poner su firma al pie de un documento en el que se rechace a los magistrados propuestos por el Gobierno. Ante la disyuntiva de reclamarle al Poder Judicial que cumpla su parte, o tener que celebrar un pleno en el Constitucional para exhibir una nueva ruptura interna, los componentes del Constitucional han elegido la primera opci¨®n.

Desde el sector progresista del tribunal de garant¨ªas se contempla esta opci¨®n como la menos lesiva para el Constitucional, de momento. Es decir, este bloque querr¨ªa que no se retrase por m¨¢s tiempo la renovaci¨®n, porque hay muchas sentencias congeladas, a la espera de que un tribunal recompuesto las aborde. Pero al mismo tiempo tampoco le resulta alentadora la perspectiva de un pleno en el que quede en minor¨ªa y que sirva para el desgaste del tribunal, atrincherado en la tesis de que si no llegan cuatro magistrados, los designados por el Gobierno no pasan el examen de idoneidad, porque deber¨ªan venir con otros dos, los nombrados por el Poder Judicial.

Junto a ello, existe cierta preocupaci¨®n por la condici¨®n de Juan Carlos Campo como exministro de Justicia, y los efectos que ello pudiera tener en determinados procedimientos. Por ejemplo, en todos aquellos recursos de inconstitucionalidad referidos a leyes en cuya confecci¨®n o deliberaci¨®n hubiera participado. Y la lista puede ser larga, por el a?o y medio que Campo estuvo al frente de la cartera de Justicia y su pertenencia, por tanto, a un Consejo de Ministros que aprob¨® proyectos legislativos de diversa naturaleza, desde la ley de eutanasia a la reforma laboral o la educativa de la ley Cel¨¢a.

En todo caso, si se produjera la renovaci¨®n con los nombres propuestos por el Gobierno, el sector progresista conservar¨ªa la mayor¨ªa una vez renovado el tribunal, incluso en casos en que alguno de los magistrados de este bloque tuviera que abstenerse. Dicha mayor¨ªa ser¨ªa de siete votos a cuatro, si la renovaci¨®n es completa, o de seis a cinco si de momento no se nombra al sucesor del dimitido Alfredo Montoya, que renunci¨® por razones de salud. Su sustituto ha de ser designado por el Senado, y no lo ser¨¢ mientras no haya un pacto global para renovar el Consejo General del Poder Judicial. En este caso, podr¨ªa darse alguna situaci¨®n que, por abstenci¨®n de un magistrado, supusiera un empate a cinco. Pero para ese supuesto hay que tener en cuenta que el presidente tiene voto de calidad y que la presidencia en la pr¨®xima etapa ser¨¢ ocupada por un magistrado del sector progresista.