Los votos particulares acusan al Constitucional de ¡°injerencia¡± en la labor de las Cortes

Cuatro de los cinco magistrados discrepantes con la decisi¨®n de la mayor¨ªa conservadora del Tribunal Constitucional de suspender la tramitaci¨®n legislativa de la reforma sobre su propia renovaci¨®n el pasado 19 de diciembre, pertenecientes a la actual minor¨ªa progresista, coincidieron este mi¨¦rcoles en cuestionar la medida cautelar¨ªsima pedida por el PP y acordada por el ¨®rgano de garant¨ªas. Adem¨¢s, consideraron que las recusaciones presentadas contra el presidente del tribunal, Pedro Gonz¨¢lez-Trevijano, y del magistrado Antonio Narv¨¢ez, ambos conservadores, debieron ser admitidas.

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Videoan¨¢lisis: ?Qu¨¦ puede pasar tras la decisi¨®n del Constitucional?

Estos son a grandes rasgos los criterios del voto particular suscrito por los magistrdos del sector progresista Inmaculada Montalb¨¢n, C¨¢ndido Conde-Pumpido y Ram¨®n S¨¢ez, que firman un texto compartido, y de la magistrada del mismo grupo Mar¨ªa Luisa Balaguer, que suscribe otro a t¨ªtulo personal. El vicepresidente del tribunal, Juan Antonio Xiol, ha anunciado tambi¨¦n un voto contra el auto mayoritario, texto que se dar¨¢ a conocer en los pr¨®ximos d¨ªas.

El voto particular compartido por los tres magistrados citados expone que la decisi¨®n de suspender la tramitaci¨®n legislativa en las Cortes ¡°es ins¨®lita en la historia del Tribunal Constitucional¡±, por cuanto ¡°supone la admisi¨®n de un recurso de amparo parlamentario durante la tramitaci¨®n en el Senado de una proposici¨®n de ley org¨¢nica aprobada por el pleno del Congreso¡±. Los magistrados discrepantes subrayan que la finalidad de esa impugnaci¨®n era suspender cautelarmente la discusi¨®n y votaci¨®n de la propia ley, ¡°lo que constituye una interferencia sin precedentes en la funci¨®n legislativa, llevada a efecto, adem¨¢s, sin permitir siquiera la audiencia contradictoria exigida por todo proceso¡±. La medida cautelar¨ªsima de suspensi¨®n de la tramitaci¨®n de las enmiendas fue adoptada ¡°inaudita parte¡±, es decir, sin oir a la parte recurrida, la Mesa del Congreso y los grupos parlamentarios del PSOE y Podemos, que impulsaron la iniciativa legislativa.

Los tres magistrados destacan que a lo largo del pleno se acept¨® como parte del procedimiento a los diputados que respaldaron las enmiendas, pero en t¨¦rminos que en paralelo supusieron ¡°negarles legitimaci¨®n para defender su derecho fundamental al juez imparcial, rechazando expresamente la recusaci¨®n que presentaron¡± contra Trevijano y Narv¨¢ez. Los tres magistrados progresistas se?alan que el rechazo de la recusaci¨®n se adopt¨® ¡°contra todos los precedentes¡±, y censuran que participaran en la votaci¨®n sobre la recusaci¨®n los dos jueces concernidos, y precisamente en un asunto en el que el tribunal juzga una reforma sobre la posibilidad de renovaci¨®n, algo que afecta a los recusados personalmente. ¡°En ese contexto¡±, se?alan, ¡°los requerimientos de apariencia de imparcialidad deber¨ªan ser m¨¢s exigentes¡±.

La cr¨ªtica de los magistrados Montalb¨¢n, S¨¢ez y Conde-Pumpido a la irrupci¨®n del Constitucional en el tr¨¢mite legislativo de una ley es directa y frontal. As¨ª, exponen que la pretensi¨®n de ¡°tutela cautelar¡± del PP ¡ªaceptada por la mayor¨ªa conservadora¡ª ¡°desplaza de manera radical el objeto de control de este tribunal en sede de un recurso de amparo, (¡­), con injerencia en la potestad legislativa de las Cortes Generales que la Constituci¨®n proclama inviolables¡±.

La tesis de este voto particular es que el Constitucional tiene competencias tasadas que en este caso ha desbordado. Para los firmantes del texto, la suspensi¨®n del procedimiento legislativo en la C¨¢mara alta y la paralizaci¨®n de la tramitaci¨®n y aprobaci¨®n de las enmiendas carecen de previsi¨®n legal para que puedan acordarse en un proceso de amparo. Adem¨¢s, la medida cautelar ¡°anticipa el resultado del recurso de amparo y no es provisional sino irreversible, ya que provoca la desaparici¨®n definitiva de las enmiendas del texto que concluir¨¢ en ley org¨¢nica, privando de finalidad al proceso¡±.

Tambi¨¦n subraya que el auto dictado por la mayor¨ªa conservadora ¡°contradice precedentes interpretativos, porque nunca el tribunal ha controlado en un recurso de amparo el procedimiento de formaci¨®n de la voluntad legislativa antes de que se hubiera configurado de manera definitiva¡±. El problema es, a?ade el voto, que ¡°de esta manera se desbordan los l¨ªmites de la justicia constitucional que opera en nuestro modelo mediante un control sucesivo de validez de la ley, posterior a su aprobaci¨®n, y se convierte al tribunal en ¨¢rbitro de los procesos legislativos, desnaturalizando los fundamentos de la democracia parlamentaria¡±.

La magistrada Mar¨ªa Luisa Balaguer sostiene a su vez que la paralizaci¨®n del tr¨¢mite parlamentario gener¨® una ¡°inseguridad jur¨ªdica notable¡±, al tiempo que sugiere que, con su recurso, el PP hizo ¡°una instrumentalizaci¨®n del amparo parlamentario como mecanismo de control preventivo¡±. En su texto, Balaguer afirma que el caso afecta ¡°al n¨²cleo indisponible de la autonom¨ªa parlamentaria¡±. Por tanto, a?ade, podr¨ªa producirse una ¡°instrumentalizaci¨®n del amparo parlamentario como mecanismo de control preventivo de la constitucionalidad del procedimiento legislativo¡±.

Por estos motivos, Balaguer defiende que no se debi¨® paralizar cautelarmente la tramitaci¨®n en el Senado, sino adoptar ¡°una decisi¨®n serena¡±, en lugar de resolver de un modo ¡°que supone alterar la voluntad manifestada por mayor¨ªa absoluta del Congreso¡±. Tambi¨¦n plantea que se debi¨® abrir una pieza separada para abordar de inmediato las recusaciones presentadas contra el presidente y un magistrado del tribunal, en lugar de inadmitirlas a tr¨¢mite. Balaguer estima que el planteamiento de la recusaci¨®n ¡°resultaba plenamente leg¨ªtimo, y ¨¦sta deb¨ªa haberse admitido¡±.