El Constitucional resolver¨¢ los recursos de mayor calado pol¨ªtico antes de las elecciones generales

El Tribunal Constitucional est¨¢ trabajando en un calendario que le permita dictar sentencia sobre los recursos de mayor calado pol¨ªtico a lo largo de 2023. La decisi¨®n forma parte del plan de actuaci¨®n urgente que va a desarrollarse para poner al d¨ªa la larga lista de asuntos que el tribunal tiene pendientes de resoluci¨®n. Durante este a?o ¨Dy por tanto, antes de las pr¨®ximas elecciones generales, previstas para el final de 2023¨D, deber¨¢n ser aprobadas las sentencias sobre la ley del aborto ¨Dimpugnada en 2010¨D, la de eutanasia, la reforma educativa de la ley Cel¨¢a, la normativa de la Generalitat sobre el castellano en las escuelas catalanas, o la reforma laboral, entre otras.

No est¨¢ fijado todav¨ªa un orden exacto, porque el ritmo de salida de las resoluciones depende en buena medida del ponente de cada una de ellas, pero el prop¨®sito del nuevo presidente del tribunal, C¨¢ndido Conde-Pumpido, y la vicepresidenta, Inmaculada Montalb¨¢n, es firme, en el sentido de que no puede acabar el a?o sin que el Constitucional se haya puesto al d¨ªa y haya resuelto el tap¨®n que ha venido acumulando en los dos ¨²ltimos a?os. En parte, el retraso ha sido una consecuencia m¨¢s del incumplimiento de las previsiones constitucionales sobre la renovaci¨®n de las instituciones, en este caso del ¨®rgano de garant¨ªas.

En el Constitucional ha existido en este ¨²ltimo per¨ªodo una clara conciencia de la precariedad que supon¨ªa que los relevos de los magistrados no se produjeran en los tiempos legalmente previstos. La reacci¨®n del tribunal fue dejar en comp¨¢s de espera los recursos m¨¢s candentes y de mayor relevancia pol¨ªtica para evitar tensiones internas. La anterior renovaci¨®n del ¨®rgano de garant¨ªas, en noviembre de 2021, ya se produjo con m¨¢s de dos a?os de retraso, y para la ¨²ltima, hubo que esperar otros seis meses, ya que hubiera tenido que llegar en junio del a?o pasado.

El resultado de la t¨¦cnica dilatoria para no tensar la vida interna del tribunal y evitar la reiteraci¨®n de enfrentamientos entre los sectores conservador y progresista ha sido la esclerotizaci¨®n del tribunal y el crecimiento de un archivo de asuntos pendientes que rebosa por los cuatro costados. A los asuntos que deben ser resueltos de forma prioritaria se a?ade, por ejemplo, todo el cap¨ªtulo de impugnaciones parlamentarias de especial trascendencia, empezando por los recursos del PP y Vox contra las f¨®rmulas alternativas de juramento empleadas por 29 diputados de diversos grupos al comienzo de la legislatura, hace ya tres a?os.

De la validez de aquellas f¨®rmulas puede depender que se entienda que los parlamentarios que las usaron adquirieron plenamente o no la condici¨®n de diputados o senadores. En la constituci¨®n de las Cortes en la presente legislatura, los 29 parlamentarios de Junts, ERC, PNV, CUP, EH Bildu y cuatro de Podemos usaron distintas f¨®rmulas alternativas. Tambi¨¦n ocurri¨® en la anterior legislatura. Oriol Junqueras, por ejemplo, prometi¨® entonces la Constituci¨®n ¡°desde el compromiso republicano, como preso pol¨ªtico y por imperativo legal¡±. Los diputados de Podemos, a su vez, lo hicieron ¡°por la democracia y los derechos sociales¡±. Y al admitir a tr¨¢mite los recursos del PP y Vox, el tribunal ya advirti¨® de que se plantear¨ªa la legalidad de estas f¨®rmulas ¡°porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto¡± y ¡°porque pudiera tener unas consecuencias pol¨ªticas generales¡±.

Junto a este asunto siguen sin resolverse los dos recursos presentados por el exdiputado de Podemos Alberto Rodr¨ªguez para recuperar su esca?o, tras haber sido condenado a 45 d¨ªas de prisi¨®n ¡ªpena conmutada luego por una multa¨D por haber dado una patada a un polic¨ªa en una manifestaci¨®n. Rodr¨ªguez solicit¨® una medida cautelar para que se le permitiera seguir ejerciendo su labor como parlamentario mientras no se resolviera su demanda de amparo. Ha pasado casi un a?o y su recurso a¨²n no ha tenido respuesta. En cambio, el tribunal corri¨® para resolver la petici¨®n del PP de que se acordara una medida cautelar¨ªsima ¨Des decir, sin o¨ªr a la parte demandada, en este caso el Congreso¨D cuando el PP impugn¨® la tramitaci¨®n de dos enmiendas presentadas por el PSOE y Podemos a la proposici¨®n de reforma del C¨®digo Penal para facilitar la renovaci¨®n del propio Constitucional.

Este episodio volvi¨® a colocar al tribunal en un punto incandescente, equiparable al que vivi¨® con las sentencias que anularon los decretos del estado de alarma para hacer frente a la pandemia, con la tesis de que el Gobierno hubiera tenido que pedir a las Cortes la declaraci¨®n del estado de excepci¨®n. Y demostr¨® la sensibilidad selectiva de un ¨®rgano de garant¨ªas que acumulaba retrasos en sus renovaciones, con magistrados conscientes del lastre que supon¨ªa que siguieran actuando con el mandato caducado.

De ah¨ª que el Constitucional quiera priorizar ahora la resoluci¨®n de los recursos en tiempo ¨²til. ¡°El tribunal tiene que resolver en derecho, no para la historia del derecho¡±, se le ha o¨ªdo decir a Conde-Pumpido en las reuniones del grupo progresista previas a su elecci¨®n como presidente del ¨®rgano de garant¨ªas. Pero al propio tiempo ha expuesto la necesidad ¨Dm¨¢s que la conveniencia¨D de abrir una reflexi¨®n sobre el papel que ha venido jugando el Constitucional en los ¨²ltimos tiempos. Su tesis es que el tribunal ¡°no puede ser ni una cuarta instancia del poder judicial (tras el juzgado ordinario, el Tribunal Superior de cada comunidad aut¨®noma y el Supremo), ni una tercera c¨¢mara¡± (tras el Congreso y el Senado).

La cuesti¨®n no es introducir limitaciones para que particulares y partidos pol¨ªticos acudan menos al Constitucional. Pero s¨ª crear una conciencia colectiva que contenga la ampliaci¨®n de supuestos en los que se recurre al tribunal para resolver conflictos que deber¨ªan hallar soluci¨®n en otros escenarios. Con los recursos de amparo ya funcionan filtros para admitir las impugnaciones en las que se aprecia la ¡°relevancia constitucional¡± del caso. Pero la experiencia de los ¨²ltimos a?os ha revelado que el recurso al Constitucional se ha convertido en una pr¨¢ctica extensiva de la actividad de control de la acci¨®n del Gobierno. El resultado ha sido que ahora el PP y Vox ¨Dpero en el futuro tal vez el PSOE y Podemos¨D vienen acudiendo al tribunal para impugnar toda la producci¨®n legislativa del Ejecutivo. As¨ª ha ocurrido en esta legislatura, como ponen de manifiesto los mencionados recursos acumulados durante los ¨²ltimos tres a?os y que el tribunal pretende resolver antes de que termine 2023.

La pregunta que se hace la nueva mayor¨ªa progresista del Constitucional es si resulta inevitable que los partidos se acostumbren a tratar de ganar en el tribunal de garant¨ªas todo aquello que han perdido en el Parlamento. La idea no es privar a nadie de posibilidades de recurso, sino instalar el convencimiento de que el ¨®rgano de garant¨ªas no es un pozo sin fondo llamado a convertirse en un mero resorte de contrapoder frente al Ejecutivo y las Cortes, cuando su papel consiste en garantizar la vigencia de la Constituci¨®n y en velar por que en la actuaci¨®n de los tres poderes del Estado se respete y, sobre todo, se cumpla.

La experiencia de la legislatura en curso no ha ayudado a iniciar esa reflexi¨®n sobre el papel del Constitucional como garante de la Ley Fundamental y no como ¨¢rbitro de la lucha por el poder entre los partidos. El PP y Vox han competido ¨Da veces tambi¨¦n con Ciudadanos corriendo por una tercera pista¨D, para ver qui¨¦n llegaba antes al registro de entrada del tribunal. Ya solo Vox ha presentado desde las ¨²ltimas elecciones, celebradas en noviembre de 2019, un total de 45 recursos. El ¨²ltimo, contra la ley de Memoria Democr¨¢tica, fue formalizado el viernes. El l¨ªder de Vox, Santiago Abascal, explic¨® que la impugnaci¨®n se presentaba ¡°en defensa de los derechos fundamentales y constitucionales de todos los espa?oles¡± y con el compromiso de derogar dicha ley en cuanto logre ¡°expulsar al aut¨®crata de La Moncloa¡±.

Frente al ¨®rgano de garant¨ªas ha faltado instalar un plat¨® permanente con el fin de atender a los dirigentes pol¨ªticos que acud¨ªan con un fajo de folios ¡ªla copia sellada de su recurso¡ª para explicar ante las c¨¢maras qu¨¦ supuesto atropello del Ejecutivo se dispon¨ªan a tratar de impedir con s¨®lidos argumentos jur¨ªdicos. Por este procedimiento, complejas iniciativas sobre las m¨¢s variadas cuestiones han quedado resumidas en unas declaraciones a los periodistas frente al edificio acristalado del tribunal. Y en diversas ocasiones, como en el caso de los recursos contra la reforma educativa de la ley Cel¨¢a, las comparecencias se han producido con una diferencia de pocos d¨ªas, en busca de que el primer recurso presentado fuera el de ¡°cabecera¡±, es decir, el que primero resuelva el tribunal, de modo que sea el que fije la doctrina que luego se aplica al resto de impugnaciones sobre el mismo asunto.

Esta situaci¨®n del Constitucional contribuye a explicar por qu¨¦ su nuevo presidente, C¨¢ndido Conde-Pumpido, se apresur¨® el mi¨¦rcoles a lanzar un contundente mensaje en sus primeras palabras tras ser elegido, al afirmar que la Constituci¨®n ¡°no permite la secesi¨®n, ni la autodeterminaci¨®n, ni la independencia¡±. Aprovech¨® para ello un pasaje de la intervenci¨®n para agradecer su nombramiento, en el que se congratul¨® de la nueva composici¨®n del tribunal, mencionando en especial a los magistrados reci¨¦n incorporados.

Fue as¨ª, de pasada, como quiso responder a las tesis de la derecha judicial y pol¨ªtica en el sentido de que Conde-Pumpido ha encabezado un supuesto ¡°asalto¡± al tribunal para facilitar la celebraci¨®n de un refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n en Catalu?a, que el Gobierno estar¨ªa dispuesto a permitir como concesi¨®n a sus socios de las fuerzas independentistas para mantener el apoyo de sus aliados parlamentarios. El hecho es, en todo caso, que Conde-Pumpido fue junto al magistrado conservador Antonio Narv¨¢ez ¨Duno de los cuatro sustituidos en esta ¨²ltima renovaci¨®n¨D el coordinador de la pr¨¢ctica totalidad de las resoluciones del Constitucional que avalaron la sentencia del Supremo en la causa del proc¨¦s.