Bruselas lleva a Espa?a ante el Tribunal de Justicia Europeo por no implementar a tiempo la ley que protege a denunciantes de corrupci¨®n

Bruselas ha dado un toque de atenci¨®n definitivo, y duro, a Espa?a, por el retraso que lleva en la trasposici¨®n de la directiva para la protecci¨®n de denunciantes de corrupci¨®n, una ley clave para que potenciales informantes se sientan seguros a la hora de destapar irregularidades o violaciones de la ley en su puesto de trabajo o incluso por parte de gobiernos. Seg¨²n ha anunciado este mi¨¦rcoles la Comisi¨®n Europea, ha decidido denunciar ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) a Espa?a y a otros siete pa¨ªses para que sean multados por el retraso en trasladar a su derecho nacional una legislaci¨®n europea que entr¨® en vigor en diciembre de 2019. Los Veintisiete ten¨ªan como plazo m¨¢ximo para adaptarla a sus legislaciones hasta el 17 de diciembre de 2021.

Adem¨¢s de Espa?a, que est¨¢ en la fase final de aprobaci¨®n de la ley pero ya ampliamente fuera del plazo fijado por Bruselas, los pa¨ªses denunciados son Alemania, Rep¨²blica Checa, Estonia, Hungr¨ªa, Italia, Luxemburgo y Polonia. A todos ellos el Ejecutivo europeo les reprocha ¡°no haber transpuesto ni notificado las medidas nacionales de transposici¨®n a su ordenamiento jur¨ªdico de la directiva relativa a la protecci¨®n de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Uni¨®n¡±.

La denominada directiva whistleblower (informante, en ingl¨¦s) es un tema especialmente sensible estos d¨ªas en Bruselas, en una capital que sigue sin recuperarse del esc¨¢ndalo de presunta corrupci¨®n en el Parlamento Europeo de pa¨ªses como Qatar o Marruecos, el denominado Qatargate, que estall¨® en diciembre pasado y que muchos expertos consideran que habr¨ªa podido evitarse si las instituciones europeas se aplicaran bien a s¨ª mismas esta directiva de protecci¨®n de los denunciantes.

El Congreso de los Diputados aprob¨® a finales de diciembre de 2022 el proyecto de ley que regula la protecci¨®n de las personas que informen sobre casos de corrupci¨®n, la norma que debe implementar esa directiva europea, pero, tras su paso por el Senado, a¨²n est¨¢ pendiente de su aprobaci¨®n definitiva y publicaci¨®n en el BOE para entrar en vigor.

La directiva europea obliga a las grandes empresas y administraciones p¨²blicas a disponer de un canal de denuncia interno y seguro para facilitar las denuncias de trabajadores, pero deja en manos de cada pa¨ªs decisiones como si las denuncias solo se podr¨¢n presentar por esos canales o si existen tambi¨¦n v¨ªas externas, opci¨®n por la que aboga Espa?a en su proyecto de ley.

Fuentes comunitarias se?alan que, en principio, la Comisi¨®n puede retirar una denuncia presentada ante el TJUE si el pa¨ªs se?alado acaba cumpliendo lo requerido antes de que los jueces de Luxemburgo empiecen a analizar el expediente. Lo importante, subrayan las fuentes, es que la implementaci¨®n de la directiva se haga de una vez por todas. De hecho, Espa?a no es el ¨²nico pa¨ªs de la UE en arrastrar los pies con este asunto: hace justo un a?o, cuando ya hab¨ªa expirado el plazo para trasponer esta directiva, la Comisi¨®n expedient¨® a un total de 24 pa¨ªses ¡ªde los 27 Estados miembros¡ª por no haberlo hecho a tiempo, entre ellos a Espa?a. Desde entonces, la mayor¨ªa ha acelerado el paso, aunque algunos siguen sin rematar el procedimiento, de ah¨ª que Bruselas haya decidido dar este paso final en la escala de las advertencias, que m¨¢s que un aviso serio puede acabar ahora con una multa dictada por Luxemburgo.