La dilaci¨®n perpetua de la justicia: algunas causas tardan en resolverse el doble que hace 10 a?os

El relato que presuntamente urdi¨® Ra¨²l D¨ªaz Cach¨®n para hacer creer a la familia de su mujer, Romina Celeste N¨²?ez, que ella se hab¨ªa ido de casa tras una discusi¨®n se vino abajo en pocos d¨ªas. El hombre presuntamente mat¨® y descuartiz¨® a su esposa el 1 de enero de 2019 en Lanzarote y entr¨® en prisi¨®n preventiva el d¨ªa 13 de ese mes. Pero la eficacia con la que arranc¨® la investigaci¨®n se fue desinflando hasta perderse del todo en un galimat¨ªas de informes periciales, estudios psicol¨®gicos y pruebas eternas que, cuatro a?os despu¨¦s, han obligado a poner al sospechoso en libertad tras haber cumplido el tiempo m¨¢ximo que un acusado puede pasar encarcelado a la espera de sentencia. El caso de Lanzarote es el ¨²ltimo que ha saltado a los medios como ejemplo de retrasos judiciales de dif¨ªcil justificaci¨®n, pero las llamadas ¡°dilaciones indebidas¡± son uno de los atenuantes m¨¢s habituales que acaban reduciendo el castigo en los procedimientos penales y uno de los motivos m¨¢s recurrentes de queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Seg¨²n los datos del ¨®rgano de gobierno de los jueces, la duraci¨®n media de los procedimientos se ha duplicado en la ¨²ltima d¨¦cada en algunos organismos, desde los juzgados de primera instancia e instrucci¨®n encargados de los procedimientos penales a varias de las salas del Tribunal Supremo m¨¢s afectadas por la imposibilidad de cubrir las vacantes mientras no se renueve el Consejo. La Sala Primera, de lo Civil, encargada entre otros asuntos de los casos relacionados con los contratos entre particulares y bancos, tardaba en 2012 una media de 11,1 meses en resolver un recurso. En 2021, ¨²ltimo a?o del que hay datos, la espera superaba ya los dos a?os. Algo parecido ocurre en la Sala Cuarta, la de lo Social, la que tiene la ¨²ltima palabra sobre los pleitos entre empresas y trabajadores y de la que depende en muchas ocasiones la indemnizaci¨®n que pueda cobrar un empleado despedido o la posibilidad de que un trabajador recupere su puesto. En 2012, la espera se demoraba una media de 10,5 meses; en 2021, m¨¢s de a?o y medio (18,5 meses), un tiempo que seg¨²n miembros del ¨®rgano es ya muy superior en la actualidad, cuando la sala tiene vacantes cinco de sus 13 plazas.

En el caso del Supremo, los datos indican un aumento exponencial del tiempo de respuesta en los dos ¨²ltimos a?os, lo que, al margen del aumento de la carga de trabajo vinculada a situaciones concretas (por ejemplo, los conflictos entre clientes y bancos por las cl¨¢usulas suelo y los gastos de las hipotecas) parece directamente relacionado con la imposibilidad legal de cubrir las plazas de magistrados que se jubilan, fallecen o se marchan de forma voluntaria mientras el CGPJ, cuyo mandato caduc¨® en diciembre de 2018, no se renueve. Pero en otros ¨®rganos, la situaci¨®n, seg¨²n jueces, abogados y otros representantes del sector, es m¨¢s ¡°end¨¦mica¡±.

En muchos casos, tiene que ver con la carga de trabajo que soportan algunos juzgados, muy superior a la que deber¨ªa recaer sobre ellos seg¨²n los m¨®dulos acordados por el consejo y el Ministerio de Justicia. En otros, sin embargo, el retraso puede deberse directamente a la falta de diligencia del juez o de otos miembros del juzgado. Es lo que ha denunciado la abogada de la familia de la mujer presuntamente descuartizada en Lanzarote. En una queja a la que ha tenido acceso EL PA?S, dirigida al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias para que sea remitida al CGPJ, la letrada denuncia la actitud ¡°relajada¡± del Juzgado de Instrucci¨®n 1 de Arrecife y lamenta que tanto el juez como la Fiscal¨ªa acabaran ¡°entrando en el juego¡± de las maniobras ¡°dilatorias¡± de la defensa. El TSJ canario, en una investigaci¨®n puesta en marcha tras la excarcelaci¨®n del acusado, ha se?alado de inicio al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Las Palmas, dependiente de la Consejer¨ªa de Justicia, por tardar m¨¢s de dos a?os en elaborar y enviar al juzgado un informe pericial. Pero la queja presentada por la abogada de la familia de la v¨ªctima permitir¨¢ tambi¨¦n activar la acci¨®n disciplinaria del ¨®rgano de gobierno de los jueces para que decida si la actuaci¨®n judicial merece una sanci¨®n.

Los retrasos injustificados son la causa m¨¢s habitual de apertura de expediente por parte de la autoridad disciplinaria del Poder Judicial. En 2021 se interpusieron por esta raz¨®n ocho sanciones muy graves (castigadas con separaci¨®n de la carrera judicial y suspensi¨®n temporal de funciones) y tres con falta grave (multas de entre 1.500 y 600 euros). Aunque el ¨®rgano est¨¦ en funciones desde hace m¨¢s de cuatro a?os, sus miembros aseguran que act¨²a ¡°como el primer d¨ªa¡±. ¡°La pr¨®rroga en el mandato no repercute en una menor actividad disciplinaria. La comisi¨®n se re¨²ne cada 15 d¨ªas, el promotor de la acci¨®n disciplinaria trabaja en ello a tiempo completo, la oficina de quejas est¨¢ a pleno rendimiento¡±, defiende un vocal que pertenece a esta comisi¨®n, que atribuye la mayor¨ªa de los retrasos a un problema ¡°sist¨¦mico¡± provocado por el d¨¦ficit de juzgados y la sobrecarga de trabajo.

Las asociaciones judiciales comparten este diagn¨®stico, aunque s¨ª encuentran v¨ªnculos entre el bloqueo en la renovaci¨®n del CGPJ y las dilaciones en los tribunales. ¡°Desde 2018, el consejo est¨¢ en situaci¨®n de provisionalidad, por lo que no han puesto en marcha ning¨²n proyecto ambicioso destinado a mejoras espec¨ªficas que s¨ª podr¨ªa contribuir a paliar estos retrasos¡±, se?ala Jorge Fern¨¢ndez Vaquero, portavoz de la Asociaci¨®n Francisco de Vitoria. El juez advierte, adem¨¢s, de que la interinidad que pesa sobre el ¨®rgano de gobierno de los jueces puede ser un lastre para sentarse a negociar, con el ministerio o los gobiernos auton¨®micos, la ampliaci¨®n de medios y recursos. Edmundo Rodr¨ªguez, de Juezas y Jueces para la Democracia, insiste en este punto. ¡°No hay impulso ni una pol¨ªtica concreta desde el consejo que nos diga qu¨¦ hay que priorizar y, al final, todo influye¡±, se?ala, aunque coincide con los vocales del CGPJ en que el bloqueo del ¨®rgano no influye en su actuaci¨®n disciplinaria.