El Constitucional aprobar¨¢ un plan de choque frente a los 8.000 recursos de amparo que recibe cada a?o

El Constitucional est¨¢ ultimando un plan de choque para hacer frente al alud de recursos de amparo que se presentan cada a?o, alrededor de 8.000. El objetivo es que la respuesta sobre su admisi¨®n a tr¨¢mite o su rechazo pueda darse en un plazo m¨¢ximo de dos meses. El tribunal tiene ahora mismo acumuladas m¨¢s de 6.000 impugnaciones de este tipo ¡ªen las que se denuncia la vulneraci¨®n de derechos fundamentales¡ª, y el tiempo de respuesta es muy irregular, puede ser de meses o incluso de a?os, porque no hay un plazo m¨¢ximo prestablecido. El prop¨®sito del plan de choque ¡ªque se pondr¨¢ en marcha el pr¨®ximo d¨ªa 15 de marzo¡ª no es crear un filtro r¨¢pido para rechazar recursos, sino incrementar la seguridad jur¨ªdica de los demandantes de amparo, y que reciban una primera respuesta sobre su solicitud sin largos per¨ªodos de espera e incertidumbre.

De los 8.000 recursos de amparo que se registran anualmente, s¨®lo se admiten a tr¨¢mite alrededor de 200. Esta primera decisi¨®n, la de la admisi¨®n para el estudio del caso denunciado, es muy importante, porque en cierto modo supone un pron¨®stico favorable al demandante. Al asumir que el asunto planteado requiere un estudio m¨¢s a fondo, el tribunal est¨¢ lanzando un mensaje importante, ya que revela que en una primera aproximaci¨®n ha detectado que la decisi¨®n recurrida ha podido lesionar, efectivamente, uno de los derechos que la Constituci¨®n proclama en su cap¨ªtulo primero. Se trata de una parte esencial del texto constitucional, que recoge, entre otros, desde el derecho de reuni¨®n y manifestaci¨®n al derecho a la igualdad, pasando por los relativos a la presunci¨®n de inocencia, la inviolabilidad del domicilio, a la informaci¨®n y la libertad de expresi¨®n, o a la participaci¨®n pol¨ªtica y el acceso a cargos p¨²blicos, o el derecho a la educaci¨®n y a la tutela judicial efectiva.

En muy buena medida, el Constitucional naci¨® para la mejor protecci¨®n de estos derechos. Por tanto, el tribunal ha sido siempre muy consciente de su relevancia, lo cual no ha impedido que en algunas fases se haya visto literalmente desbordado por la avalancha de recursos de amparo, en ocasiones al borde del abuso, porque a veces se plantean con plena conciencia de que existen muy pocas, por no decir nulas posibilidades de que prosperen. Frente a ello, el ¨®rgano de garant¨ªas ha actuado con una pol¨ªtica de manga ancha, registrando cuantas peticiones llegan, pero con la consecuencia indeseada de que se producen cuellos de botella que retrasan la primera y b¨¢sica decisi¨®n sobre cada recurso, es decir, sobre la admisi¨®n del caso para estudio o el rechazo de plano.

La mayor parte de las demandas que pasan el primer filtro obtienen luego el amparo solicitado, que se traduce en una sentencia favorable. Ello implica la nulidad de la decisi¨®n que provoc¨® la vulneraci¨®n de alguno de los derechos fundamentales del recurrente. Ahora bien, los 200 recursos que el tribunal asume al a?o suponen poco m¨¢s del 3% de los presentados. El plan de choque del Constitucional para agilizar si asume o rechaza de plano las solicitudes de amparo no va a significar que prospere un mayor n¨²mero de ellos. Pero reducir¨¢ al m¨¢ximo el tiempo de espera para esta primera respuesta. El prop¨®sito es que la segunda decisi¨®n ¡ªla relativa a la efectiva concesi¨®n o no del amparo, una vez estudiado el fondo del asunto¡ª, no tarde en llegar m¨¢s all¨¢ de un a?o.

El caso de Alberto Rodr¨ªguez, diputado de Podemos que perdi¨® su esca?o tras ser condenado por dar una patada a un polic¨ªa en una manifestaci¨®n, es un ejemplo de los problemas que genera el tap¨®n existente sobre los recursos de amparo. Rodr¨ªguez recurri¨® en amparo al Constitucional hace m¨¢s de un a?o, el 5 de enero de 2022. El tribunal decidi¨® admitir a tr¨¢mite sus dos recursos ¡ªcontra la condena penal y contra la p¨¦rdida de su esca?o, decidida por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet¡ª casi cinco meses despu¨¦s, el 29 de mayo siguiente. Y desde entonces no se ha resuelto ninguna de sus dos impugnaciones. Rodr¨ªguez hab¨ªa pedido medidas cautelar¨ªsimas para seguir como diputado. El tribunal las rechaz¨® pero abri¨® una pieza espec¨ªfica para estudiar si adoptaba esa medida una vez o¨ªdas las partes. El Constitucional no ha respondido nada al repecto, y ha pasado m¨¢s de un a?o y medio desde que Rodr¨ªguez tuviera que dejar el Congreso, en octubre de 2021.

Esto ha sucedido en un caso que podr¨ªa haber afectado gravemente a los equilibrios y a decisiones clave del Parlamento. La reforma laboral, por ejemplo, se aprob¨® por un solo voto de diferencia, y prosper¨® porque el diputado Alberto Casero (PP) ¡ªahora procesado por el Supremo por otro asunto¡ª se equivoc¨® al formular telem¨¢ticamente el suyo. Casero, a su vez, tambi¨¦n recurri¨® en febrero de 2022 porque no le dejaron cambiar su voto una vez emitido y ratificado por v¨ªa telem¨¢tica. Su recurso fue admitido a tr¨¢mite cinco meses m¨¢s tarde, el ¨²ltimo julio. Y de momento tampoco se ha dictado sentencia.

La din¨¢mica de retrasos en recursos de esta importancia es lo que pretende evitar el plan de choque. Lo que el tribunal persigue es concentrarse en la elaboraci¨®n de una doctrina clara sobre asuntos de relevancia constitucional. Para ello se van a simplificar los requisitos de admisi¨®n, tomando como referencia los m¨¦todos que emplea el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El expresidente de este organismo, Robert Spano ¡ªque termin¨® su mandato en octubre pasado¡ª, visit¨® el Constitucional el febrero pasado y mantuvo una reuni¨®n de trabajo en la que explic¨® los m¨¦todos que puso en marcha para evitar el colapso de la instituci¨®n que presidi¨®, un tribunal que recibe decenas de miles de denuncias al a?o. Bas¨¢ndose en este modelo, el Constitucional va a poner en marcha una nueva herramienta inform¨¢tica. La persona que pida amparo tendr¨¢ que rellenar espacios clave de la p¨¢gina, para exponer sucintamente los hechos y citar qu¨¦ derecho fundamental considera que le fue lesionado.

El tribunal pretende acabar en seis meses con su actual cuello de botella, y que a partir de octubre pr¨®ximo pueda cumplir su prop¨®sito de tardar s¨®lo dos meses en admitir o rechazar los recursos, y un a?o en dictar sentencia. Nada de esto ocurre ahora. Sin salir del ¨¢mbito parlamentario, siguen pendientes de sentencia los recursos del PP y Vox sobre las f¨®rmulas de juramento alternativo utilizadas por diputados de varios grupos para tomar posesi¨®n de su esca?o en diciembre de 2019. El tribunal admiti¨® a tr¨¢mite las impugnaciones en abril de 2021, y ahora, cuando se est¨¢ acabando la legislatura, se sigue a la espera de sentencia.