La vuelta de Puigdemont, un guion diferente al regreso de Ponsat¨ª a Barcelona

La huida de Espa?a a B¨¦lgica de Carles Puigdemont y siete consejeros de la Generalitat fue la carrera final del Govern que hab¨ªa protagonizado una cabalgada sin frenos en busca de la ruptura con el Estado. Era el 30 de octubre de 2017, hab¨ªan pasado tres d¨ªas desde la fallida declaraci¨®n unilateral de independencia y todos sab¨ªan que la Fiscal¨ªa se iba a querellar contra ellos por rebeli¨®n. Casi cinco a?os y medio despu¨¦s, al expresident solo le quedan dos compa?eros de viaje: los exconsejeros Toni Com¨ªn (Salud) y Llu¨ªs Puig (Cultura).

La exconsejera de Educaci¨®n Clara Ponsat¨ª, que ha sido estos a?os una de las voces m¨¢s significadas de los pr¨®fugos del proc¨¦s, volvi¨® a Espa?a esta semana tras garantizarse que no se arriesgaba a entrar en prisi¨®n. Su regreso ha alimentado en algunos sectores las expectativas de que el expresident pueda seguir sus pasos m¨¢s pronto que tarde, pero la situaci¨®n judicial de uno y otro son muy diferentes y lo ser¨ªan, tambi¨¦n, las consecuencias de su vuelta.

Ponsat¨ª es, junto a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, la gran beneficiada, por ahora, de la reforma del C¨®digo Penal pactada en diciembre entre el Gobierno y Esquerra para derogar el delito de sedici¨®n y reformar el de malversaci¨®n. Ambas estaban procesadas hasta ahora solo por sedici¨®n, un delito que les hac¨ªa enfrentarse hasta a 15 a?os de c¨¢rcel, pero la aplicaci¨®n que ha hecho el Tribunal Supremo de la reforma legal implica sustituir ese delito por el de desobediencia, penado ¨²nicamente con penas de inhabilitaci¨®n para ejercer cargos p¨²blicos. Con ese escenario, la exconsejera de Educaci¨®n sabe que su vuelta a Espa?a se saldar¨¢ con una detenci¨®n puntual para declarar ante el juez (que pueden ser dos si se niega a acudir voluntariamente al Supremo el 24 de abril para declarar ante el magistrado Pablo Llarena) y un futuro juicio por desobediencia.

Sobre Puigdemont, en cambio, pesa una orden nacional de busca, captura e ingreso en prisi¨®n por desobediencia y malversaci¨®n, un delito castigado con hasta 12 a?os de prisi¨®n. Y esa diferencia no se plasmar¨ªa solo en una hipot¨¦tica sentencia y en la pena que impusiera el tribunal. En cuanto el Supremo o la polic¨ªa (nacional, auton¨®mica o Guardia Civil) tuvieran constancia de que el expresidente ha pisado suelo espa?ol, tendr¨ªan la obligaci¨®n de detenerlo y encarcelarlo. En el auto dictado la semana pasada para rechazar los recursos contra el procesamiento por desobediencia y malversaci¨®n, Llarena explica por qu¨¦ ha ordenado el ingreso en prisi¨®n de Puigdemont y Com¨ªn.

¡°Dentro de las funciones del juez de instrucci¨®n (...) no s¨®lo aparecen las actuaciones encaminadas al descubrimiento de los hechos (...) sino tambi¨¦n a preparar el juicio y asegurar las personas responsables¡±. El magistrado rechaza as¨ª el recurso de los acusados contra esa orden de prisi¨®n y sugiere que ser¨¢n encarcelados si son detenidos en Espa?a. Abre la puerta, no obstante, a no decretar la prisi¨®n preventiva una vez que Puigdemont comparezca ante ¨¦l o a excarcelarle antes del juicio para ¡°garantizar los derechos fundamentales de los sometidos a proceso¡±.

La prisi¨®n provisional, recuerda el juez, ¡°tanto en su adopci¨®n como en su mantenimiento¡±, es ¡°una medida excepcional¡± que ¡°solo puede descansar en los presupuestos que constitucionalmente pueden llegar a legitimarla y, entre ellos, y, como primera premisa, la legitimidad constitucional de la prisi¨®n provisional exige de la existencia de indicios racionales de la comisi¨®n de una acci¨®n delictiva y de la ponderaci¨®n de su correcta dimensi¨®n t¨ªpica¡±. A?ade: ¡°No solo la existencia de una posible responsabilidad penal es un presupuesto ineludible para la adopci¨®n judicial o el mantenimiento de la medida cautelar de prisi¨®n provisional sino que una calificaci¨®n de los hechos que se imputan y, en su caso, la correcta atribuci¨®n de un pron¨®stico de pena (...) son elementos esenciales¡±. Es decir, a la hora de decidir sobre una hipot¨¦tica prisi¨®n provisional de Puigdemont, el juez tendr¨¢ en cuenta, adem¨¢s del riesgo de una nueva fuga, los indicios que hay contra ¨¦l (en principio, claros porque la sentencia del proc¨¦s ya conden¨® por ese delito al exvicepresidente de la Generalitat y varios cargos del Govern), y la previsi¨®n de la pena de c¨¢rcel a la que se enfrenta.

El Supremo ya ha condenado a los exdirigentes independentistas a los que juzg¨® por malversaci¨®n agravada, castigada con hasta 12 a?os de prisi¨®n, y al revisar la pena tras la reciente reforma de este delito ha rechazado aplicar la nueva modalidad pactada entre el Gobierno y ERC que prev¨¦ penas m¨¢s suaves y en la que el Ejecutivo preve¨ªa que pudiera encajar la malversaci¨®n del proc¨¦s. Tampoco Llarena ha aplicado esta f¨®rmula al procesamiento de Puigdemont, por lo que con una petici¨®n de pena de hasta 12 a?os, y tras a?os de fuga, habr¨ªa argumentos para mantenerlo en prisi¨®n preventiva. No obstante, Llarena se?ala en su auto que, llegado este caso, el expresidente tendr¨ªa garantizado su derecho a acudir a los plenos de la Euroc¨¢mara si siguiera siendo diputado.

Fuentes consultadas en el Supremo se?alan que la vuelta de Ponsat¨ª se preve¨ªa desde que se confirm¨® su procesamiento solo por desobediencia, pero la de Puigdemont es m¨¢s incierta. Los planes de Llarena pasan por lanzar una nueva euroorden contra ¨¦l cuando el tribunal de la UE resuelva los recursos de los exdirigentes independentistas contra la decisi¨®n del Parlamento Europeo de levantar la inmunidad de la que gozaban como eurodiputados. Ser¨¢ entonces cuando vuelva a primer plano el pulso entre la justicia belga y la espa?ola en torno a la entrega del expresident. La petici¨®n ya no ser¨¢, previsiblemente, por sedici¨®n, sino por desobediencia y malversaci¨®n, y el Supremo conf¨ªa que ese cambio facilite el tr¨¢mite.