El Constitucional frena decisiones importantes para no incidir en la campa?a electoral en curso

La convocatoria de elecciones generales para el pr¨®ximo 23 de julio ha afectado a la tarea del Constitucional, que ha decidido retrasar el debate sobre algunas sentencias especialmente sensibles, para que no coincidan con la campa?a y la celebraci¨®n de los comicios. Entre los asuntos que van a permanecer congelados hasta el pr¨®ximo mes septiembre figura el recurso contra la prohibici¨®n de nombramientos por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras se encuentre en funciones, as¨ª como la petici¨®n de amparo formulada por el exdiputado de Podemos Alberto Rodr¨ªguez, tras ser privado de su esca?o a ra¨ªz de su condena por haber dado una patada a un polic¨ªa al finalizar una manifestaci¨®n. Tambi¨¦n se van a aplazar otros fallos relacionados con el ejercicio de derechos fundamentales en el contexto de los efectos de la pandemia.

El Constitucional no ha detenido su labor, pero se va a centrar en los pr¨®ximos plenos de junio y julio en cuestiones de menor calado pol¨ªtico. El recurso del PP contra la prohibici¨®n de nombramientos pudo haber sido analizado incluso antes de la ¨²ltima renovaci¨®n del tribunal, el pasado mes de enero. Pero entonces no hubo consenso para llevarlo al pleno, en un contexto de grave enfrentamiento entre el Gobierno y el PP sobre el deterioro de las instituciones, favorecido por el bloqueo de la renovaci¨®n del ¨®rgano de gobierno de los jueces, que se prolonga ya cuatro a?os y medio. Predomin¨® entonces el criterio de que hab¨ªa que dar una oportunidad a que apareciera una iniciativa pol¨ªtica que resolviera el problema pol¨ªtico planteado, de modo que el debate estrictamente jur¨ªdico sobre las competencias del Consejo en los per¨ªodos en que haya terminado su mandato pero siga en funciones pudiera abordarse en un clima m¨¢s distendido.

Una vez renovado el Constitucional, a comienzos de a?o, volvieron a activarse los motores del tribunal para terminar el proyecto de sentencia, y lo proyectado era que se discutiera durante este mes de junio. En principio, la opini¨®n dominante era favorable a mantener dicha prohibici¨®n de nombramientos durante los per¨ªodos de transici¨®n entre un mandato caducado y otro que debe empezar mediante acuerdo entre las fuerzas pol¨ªticas parlamentarias. Habr¨¢ discusi¨®n en el pleno, pero en estos momentos el Constitucional cuenta con una consolidada mayor¨ªa progresista que no ha variado el criterio inicial que ha venido defendiendo sobre este asunto. Lo que se quiere evitar es que en estos momentos determinadas resoluciones del tribunal, sea cual fuere su signo , interfieran en el per¨ªodo electoral reabriendo debates espec¨ªficos sobre los que sigue existiendo una fuerte controversia pol¨ªtica.

Un caso similar es el de la p¨¦rdida del esca?o por parte del exdiputado de Podemos Alberto Rodr¨ªguez. En medios del Constitucional se daba por hecho que la sentencia ser¨ªa favorable a su petici¨®n de amparo, que tiene una doble vertiente. Por una parte, el recurso se dirig¨ªa contra la condena impuesta por el Supremo. Y por otra, impugnaba la decisi¨®n de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en sentido de considerar que el fallo dictado deb¨ªa implicar la p¨¦rdida del esca?o. La intenci¨®n inicial del ¨®rgano de garant¨ªas tambi¨¦n era llevar este caso al pleno durante el presente mes de junio. Pero tampoco hay urgencia en la medida en que la sentencia que se dicte no iba a implicar la vuelta de dicho diputado al puesto para el que fue elegido en las anteriores elecciones. Por otro lado, este fallo afecta directamente a cuestiones relacionadas con los derechos de los parlamentarios y no ha parecido lo m¨¢s aconsejable abordar el caso concreto en pleno per¨ªodo electoral.

En cuanto al ejercicio de derechos fundamentales en relaci¨®n con la pandemia, el Constitucional ha de dictar sentencia sobre la prohibici¨®n de manifestaciones con ocasi¨®n del D¨ªa de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo de 2021. En esa fecha ya no hab¨ªa el mismo grado de riesgo que el a?o anterior. Los sindicatos recurrieron la prohibici¨®n. Hasta ahora, el tribunal ha priorizado en todas sus sentencias la protecci¨®n de la salud p¨²blica frente al derecho de manifestaci¨®n.