El Constitucional decidir¨¢ en junio si fue legal prohibir los nombramientos del Poder Judicial

El Constitucional va a resolver el pr¨®ximo mes de junio dos asuntos clave de esta legislatura, el recurso contra la prohibici¨®n de nombramientos por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras est¨¦ en funciones, una vez concluido su mandato, y la p¨¦rdida del esca?o por parte del exdiputado de Podemos Alberto Rodr¨ªguez. En el primer caso, los recursos fueron presentados por el PP y Vox. En el segundo, fue el ya exparlamentario el que acudi¨® al ¨®rgano de garant¨ªas para pedir amparo. Rodr¨ªguez consider¨® que se vulneraron sus derechos fundamentales tanto por la sentencia del Supremo que le conden¨® por dar una patada a un polic¨ªa en una manifestaci¨®n, como por la retirada del esca?o por parte de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, como consecuencia del fallo.

Ambas sentencias no se van a llevar al pleno del Constitucional hasta que haya terminado el actual proceso hacia las elecciones municipales y auton¨®micas del pr¨®ximo 28 de mayo. Seg¨²n fuentes del propio tribunal de garant¨ªas, se considera muy poco probable que la sentencia que se dicte vaya a anular la reforma legal para impedir nombramientos por parte del Consejo General del Poder Judicial cuando se halle en funciones. El criterio mayoritario que se est¨¢s abriendo paso es que se debe avalar dicha reforma, porque su aprobaci¨®n no habr¨ªa supuesto transgresi¨®n constitucional alguna, en la medida en que el cambio legal no limit¨® las competencias del Consejo del Poder Judicial durante su mandato, sino durante su prolongaci¨®n, para mantenerse indefinidamente en funciones. Esta tesis incorpora como referencia que el propio Gobierno ejerce competencias limitadas en los per¨ªodos de transici¨®n en que se halla en una situaci¨®n similar, entre dos legislaturas.

En cuanto a los recursos del exdiputado Alberto Rodr¨ªguez, fuentes del tribunal creen que existe una alta probabilidad de que consiga recuperar su esca?o. La tesis mayoritaria ser¨ªa en este punto que hubo falta de proporcionalidad entre la condena impuesta a dicho exparlamentario por un delito de atentado contra agente de la autoridad y la p¨¦rdida del esca?o ganado en unas elecciones. Dicha pena fue de un mes y quince d¨ªas de prisi¨®n, sustituida por una multa de 540 euros. Alberto Rodr¨ªguez recurri¨® tanto la sentencia que el Supremo dict¨® en su contra como la decisi¨®n de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de dejarle sin esca?o, a consecuencia de la condena penal. El Constitucional tiene que decidir primero en qu¨¦ orden lleva a cabo el debate sobre ambas impugnaciones.

El Constitucional ha cerrado un primer trimestre de labor especialmente productivo, en el que ha podido resolver algunos de los recursos que llevaban a?os acumulados a la espera de que se dictaran los correspondientes fallos, sin encontrar el momento id¨®neo para hacerlo. Es el caso, por ejemplo, de la impugnaci¨®n del PP contra la ley del aborto, presentada en 2010. El tribunal ya decidi¨® avalar esta ley y la sentencia que est¨¢ redactando la vicepresidenta del ¨®rgano de garant¨ªas, Inmaculada Montalb¨¢n, se dar¨¢ a conocer despu¨¦s de Semana Santa.

Junto a este recurso, se han resuelto los presentados por el PP y Vox contra la ley de eutanasia y contra la reforma educativa de la ley Cel¨¢a. El tribunal considera que una vez dados estos pasos puede abrir ahora un relativo par¨¦ntesis, en el que no resolver¨¢ asuntos con gran carga pol¨ªtica. El objetivo es no interferir en ning¨²n aspecto en la precampa?a y la campa?a electorales del 28-M. Pero siempre con el claro prop¨®sito de abordar nuevamente asuntos de especial relevancia en cuanto haya pasado esta primera cita en las urnas, a la espera de las elecciones generales de finales de este a?o.

Los casos de la reforma para que los miembros del CGPJ no puedan nombrar estando en funciones y el esca?o de Rodr¨ªguez tienen gran relevancia pol¨ªtica y jur¨ªdica. Sobre el primero, el Constitucional admiti¨® a tr¨¢mite los recursos del PP y Vox en septiembre de 2021. Pero hasta ahora hab¨ªa evitado pronunciarse sobre esta reforma legal, cuyo prop¨®sito era que la p¨¦rdida de esta competencia facilitara que PP y PSOE retomaran las negociaciones para renovar el ¨®rgano de gobierno de los jueces. El silencio del Constitucional sobre estas impugnaciones obedeci¨® a una decisi¨®n muy consciente. El tribunal prefiri¨® no actuar en los momentos de mayor tensi¨®n entre los dos partidos mayoritarios sobre la norma, considerando que deb¨ªan ser tales organizaciones las que resolvieran el conflicto en el que se hab¨ªa convertido la elecci¨®n de los veinte vocales, m¨¢s el presidente, que componen el Consejo del Poder Judicial.

El pasado junio, cuando tambi¨¦n el Constitucional termin¨® su mandato, al bloqueo del ¨®rgano de gobierno de los jueces se a?adi¨® la negativa de los vocales conservadores del Consejo del Poder Judicial a cumplir los plazos para negociar los candidatos a acceder al tribunal de garant¨ªas. Hubo rumores sobre supuestas iniciativas para sondear la posibilidad de que el Constitucional dictara sentencia sobre la prohibici¨®n de nombramientos, con la esperanza de que se terminara considerando que la citada reforma legal deb¨ªa tener como excepci¨®n el caso del ¨®rgano de garant¨ªas. Pero los magistrados se mantuvieron firmes en la decisi¨®n de no dictar fallo alguno para resolver el conflicto, estimando que en esta cuesti¨®n la mayor responsabilidad correspond¨ªa a las Cortes en general, y a PP y PSOE en particular.

La situaci¨®n es ahora distinta porque tras la renovaci¨®n del tribunal ¨Cdesbloqueada finalmente en el pasado diciembre- el Constitucional ha iniciado una etapa de mayor estabilidad. Con su nueva composici¨®n, el ¨®rgano de garant¨ªas cuenta con una mayor¨ªa progresista de siete magistrados, por cuatro del sector conservador. En esta nueva situaci¨®n, en el tribunal se tiene la convicci¨®n de que no se van a reproducir las tensiones internas que se registraron cuando se declar¨® inconstitucional el estado de alarma decretado por el Gobierno para hacer frente a la pandemia, o cuando el Constitucional impidi¨® que el Parlamento votara dos enmiendas destinadas a facilitar la reforma del C¨®digo Penal que suprimi¨® el delito de sedici¨®n y modific¨® el de malversaci¨®n.