El narco se atrinchera en sus mansiones: ¡°Cuanto m¨¢s ilegal es el inmueble, m¨¢s complicado es quit¨¢rselo¡±

Corr¨ªa septiembre de 2019 y el narco Antonio Romero, alias El Tomate, volv¨ªa a caer en su en¨¦simo tropiezo policial. Al traficante le pillaron en su chal¨¦ de Sanl¨²car de Barrameda (C¨¢diz): una casa ilegal de dos plantas, balaustradas y arcos de medio punto con rejas. Al saberlo entonces, la fiscal Antidroga de Andaluc¨ªa, Ana Villag¨®mez, se pregunt¨® preocupada: ¡°Pero... ?aqu¨ª que ha pasado?¡±. La alarma de Villag¨®mez no se deb¨ªa a que otra vez le hubiesen detenido, sino a que ella recordaba bien que esa misma vivienda deb¨ªa estar decomisada despu¨¦s de una sentencia de 2013 en la que el propio Romero se conform¨® con entregarla. Al tirar del hilo, la fiscal encontr¨® la respuesta: la enajenaci¨®n solo afectaba a la construcci¨®n y no al terreno, as¨ª que un decreto de 2018 dej¨® sin efecto el decomiso ¡°por no cumplir con la normativa urban¨ªstica¡±.

Despu¨¦s de aquello, a Romero le volvieron a engrilletar en junio de 2022. Y segu¨ªa viviendo en su chal¨¦ ilegal de Monte Algaida, una zona rural de Sanl¨²car. El caso, pese a lo sangrante, est¨¢ lejos de ser una excepci¨®n. Si a alg¨²n emprendedor avispado se le ocurriese la peligrosa idea de hacer una ruta tur¨ªstica del narco en la provincia de C¨¢diz, tan solo tendr¨ªa que preguntarle a los agentes y fiscales d¨®nde est¨¢n sus mansiones, ¡°porque, total, llevan viviendo en el mismas casas durante d¨¦cadas, incluso las ampl¨ªan¡±, como reconoce resignado un inspector jefe de la Polic¨ªa Judicial de la Comisar¨ªa de Sanl¨²car de Barrameda.

El camino legal que inicia un inmueble tras su decomiso se convierte en un aut¨¦ntico galimat¨ªas, enredado el proceso en las ilegalidades cometidas por los narcos en su construcci¨®n, que acaban as¨ª por beneficiarles. ¡°Lo excepcional es que se le quite. Cuanto m¨¢s ilegalidades, m¨¢s se le complica a la Administraci¨®n incluirlo en el cauce legal¡±, a?ade el inspector jefe.

Hace ya m¨¢s de dos d¨¦cadas que el narco incorpor¨® el sue?o del chal¨¦ y campito irregular en terrenos r¨²sticos ¡ªque enraiz¨® en localidades costeras gaditanas como Chiclana, El Puerto o Rota a finales del siglo XX¡ª a su propio negocio il¨ªcito. Es en aquellos primeros a?os de la d¨¦cada del 2000 cuando Daniel Mart¨ªnez, concejal de Urbanismo de La L¨ªnea de la Concepci¨®n, fija el desembarco de los narcos en la hoy intrincada barriada de 1.200 casas irregulares de El Zabal.

¡°Las fincas grandes se dividieron entre los hijos¡±, explica el tambi¨¦n arquitecto, en referencia a las parcelaciones ilegales. Luego, con el dinero del hach¨ªs entrando a espuertas, todo se sofistic¨® hasta dar lugar a ese laberinto de tapias altas con enormes portones de hierro, en cuyo interior aguardan calles que distribuyen la entrada a las parcelas de cada chal¨¦, construidas primero ¡°en estilo rococ¨® y ahora minimalista¡±, como ejemplifica Mart¨ªnez. Dentro de cada casa, una mezcolanza de dorados, metalizados, colores estridentes completan la org¨ªa brilli-brilli tan de est¨¦tica narco.

De esos interiores han dado buena cuenta redadas como las de Villanarco que, en junio de 2020, dio con una parcelaci¨®n ilegal de 19 chal¨¦s en los que viv¨ªan miembros del poderoso clan de los Casta?a. El inspector jefe de la Polic¨ªa Judicial de la Comisar¨ªa de La L¨ªnea, acostumbrado a toparse con entradas nada sencillas, describe el problema: ¡°Al no estar ni registradas, ni parceladas legalmente, nos cuesta pedir los registros al juez. Tenemos que funcionar con coordenadas GPS y descripciones¡±. Pero ese es el menor de los inconvenientes al que se enfrentan agentes y fiscales en las operaciones de blanqueo que se derivan: las parcelas originarias est¨¢n puestas a nombres de terceros. Y tampoco ayudan los procesos judiciales que siguen despu¨¦s. ¡°Tras la entrada, nosotros precintamos, pero los procesos se alargan tanto que el propietario sigue viviendo ah¨ª. A los juzgados les cuesta controlar los bienes, mientras los abogados dilatan los procesos con los recursos¡±, detalla el investigador.

La casu¨ªstica judicial con los chal¨¦s de los narcos es tan variada como larga y compleja. ¡°Si las tienen como primera residencia es m¨¢s complicado echarles¡±, apunta Villag¨®mez, ¡°aunque se supone que en las sentencias se puede acordar su demolici¨®n¡±, en los casos en los que haya delito urban¨ªstico asociado. Otra cosa es que, en ese tiempo transcurrido de a?os, la aplicaci¨®n de la decisi¨®n judicial se haga irrealizable por la compulsi¨®n de los traficantes por seguir construyendo. ¡°Tenemos una sentencia para derribar la cimentaci¨®n y pilares de una casa y resulta que ya est¨¢ hasta terminada. Ahora, no me deja tirar la primera planta, ?eso c¨®mo va a ser? Me obliga a abrir otro expediente. Despu¨¦s de cuatro a?os tengo que volver a empezar¡±, denuncia el concejal linense. ¡°Igual que la ley funciona para los otros bienes, como los veh¨ªculos, para lo inmobiliario el sistema no es eficaz. Todos sabemos las mansiones de estas personas, llenas de expedientes de blanqueo. Propiedades que est¨¢ claro que proceden del delito, construidas en terrenos no urbanizables o protegidos y pasan los a?os y el procedimiento no funciona¡±, a?ade el inspector de Sanl¨²car.

La Delegaci¨®n del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, dependiente del Ministerio de Sanidad, reparti¨® 31,950 millones de euros en 2022 entre distintas administraciones, procedentes de subastas y ventas de activos del narco. Pero de los 1.409 decomisos registrados, solo 43 eran de inmuebles, debido a que ¡°las gestiones a realizar son m¨¢s numerosas y complejas¡±, seg¨²n detalla el informe de ese a?o. El papeleo pasa por la tasaci¨®n, la inscripci¨®n registral a nombre del Estado, el cambio de cerraduras o la depuraci¨®n de cargas. Las hipotecas o las ocupaciones ilegales complican el proceso, seg¨²n reconocen desde el Ministerio. Si encima las casas son ilegales, la dificultad suma un escal¨®n m¨¢s porque ¡°la Delegaci¨®n no procede a la venta de construcciones ilegales¡±. Sanidad asegura que, en esos casos, trata de regularizarlas antes, pero no aclara en cu¨¢ntas ocasiones lo ha hecho. Villag¨®mez es tajante de lo que sucede en esos casos: ¡°Si es ilegal, el Plan [Nacional sobre Drogas] no las quiere. La posibilidad en esos casos deber¨ªa ser destruirlas porque el problema es que sigue en manos del narco¡±.

Cansados de tener una barriada como El Zabal atrapada en un callej¨®n legal sin salida ¡ªtienen hasta 300 expedientes de disciplina urban¨ªstica abiertos en la zona¡ª, en el Ayuntamiento de La L¨ªnea han decidido tirar por la calle de en medio e intentar regularizar en un nuevo planeamiento urbano aquellas casas que, legalmente, sea posible. Mart¨ªnez admite ¡°el agravio comparativo¡± que puede suponer la medida, pero la justifica en que no todos los vecinos son narcotraficantes y en que el nuevo planeamiento obligar¨¢ a todos los ilegales a ceder espacios para calles y a pagar su regularizaci¨®n. ¡°Adem¨¢s, el que ha construido, no podr¨¢ hacerlo m¨¢s y quien ha respetado la ley, no ha construido o no ha hecho trucos de proindivisos ser¨¢ al que se le premiar¨¢¡±, defiende el edil.

El inspector jefe de La L¨ªnea, harto ya de solicitar los derribos que nunca llegan para casas que se usan como guarder¨ªas de la droga, comprende la postura municipal. ¡°Nos vendr¨¢ bien para poderlas decomisar, otra cosa es que haya cosas que van a ser muy dif¨ªciles de legalizar¡±. Que se lo digan al chal¨¦ de intercambio de parejas, con mazmorra incluida, que se construy¨® Isco Tej¨®n, el Casta?a, en Los Barrios. El mismo que acab¨® usando como localizaci¨®n para su videoclip Candela.