Las desocupadas oficinas antiocupaci¨®n de Castilla y Le¨®n reciben menos de una llamada al d¨ªa

Las oficinas anti ocupaciones en Castilla y Le¨®n no tienen mucho ¨¦xito: reciben menos de una llamada al d¨ªa. A este servicio de la Junta han telefoneado 27 veces y ha recibido siete visitas presenciales desde su apertura, el 18 de mayo, hasta finales de junio, seg¨²n los datos facilitados a EL PA?S. El consejero de Vivienda, Juan Carlos Su¨¢rez-Qui?ones (PP), present¨® hace unas semanas este servicio contra un ¡°fen¨®meno que preocupa y que provoca alerta social¡±, pero que en provincias como Salamanca, ?vila o Soria no ha registrado ning¨²n contacto. Seg¨²n el ministerio del Interior, en la comunidad se presentaron 285 denuncias de ocupaciones en 2022 por 321 en 2021. La Junta, una coalici¨®n formada por el PP y Vox, ha dise?ado este sistema mediante un convenio con las C¨¢maras de la Propiedad Urbana provinciales para que su personal, sin inversi¨®n extra, gestione el apoyo.

El consejero asegur¨® al presentar el plan, y sin precisar la fuente de los datos, que entre 2016 y 2022 las ocupaciones pasaron de 125 a 205 anuales, mientras que Interior las eleva a 285 en 2022. En Castilla y Le¨®n hay 1.829.954 domicilios, con el 30,4% como inmuebles ¡°no principales¡±, seg¨²n el ¨²ltimo censo de Poblaci¨®n y viviendas del Instituto Nacional de Estad¨ªstica (INE), de 2021. La autonom¨ªa supera notablemente a la media espa?ola en viviendas vac¨ªas o de uso espor¨¢dico, potencialmente m¨¢s f¨¢ciles de allanar.

En Espa?a el a?o pasado hubo 16.726 denuncias de ocupaciones sobre los m¨¢s de 26 millones de hogares. El secretario general de la asociaci¨®n de C¨¢maras de propiedad urbana auton¨®micas, Miguel ?ngel S¨¢nchez, defiende el nuevo sistema para ¡°dar asesor¨ªa y transmitir tranquilidad¡± con el personal propio de estas entidades. ¡°No tenemos el problema que existe en otras comunidades, pero su creaci¨®n es muy positiva¡±, sostiene S¨¢nchez.

Un telefonista de una de las oficinas admite que ¡°tampoco llama much¨ªsima gente. Y no ser¨ªa verdad decirlo, son dos o tres semanales¡±. El empleado pide ¡°distinguir entre moradas y viviendas no habituales¡± y explica que ¡°si te vas de vacaciones y a la vuelta hay alguien en tu casa, la Polic¨ªa Nacional o la Guardia Civil desalojan inmediatamente¡±. Para ello, pide alertar r¨¢pido a las autoridades y demostrar la propiedad. Asimismo, remite a las recomendaciones de la Junta: instalar puertas de seguridad, rejas en las ventanas, alarmas o c¨¢maras, ¡°dar la impresi¨®n de que se encuentra permanentemente habitada¡± o no relatar las vacaciones en redes sociales.

La directora general auton¨®mica de Vivienda, Mar¨ªa Pardo, cree que ¡°es pronto¡± para evaluar las oficinas y las define para ¡°informar y asesorar a los propietarios tanto si han sufrido un episodio de este tipo como si no¡±. ¡°El mercado del alquiler sufre un evidente retroceso debido a la alarma que genera la ocupaci¨®n¡±, asegura, e incide en esta medida ¡°para disuadir de esta pr¨¢ctica y generar seguridad en el tr¨¢fico jur¨ªdico¡±.

EL PA?S ha solicitado el detalle de las consultas y de esas 27 llamadas y siete visitas presenciales se especifica que la mayor¨ªa consiste en pedir informaci¨®n general. Las conclusiones de la Junta inciden en el inter¨¦s por la ¡°prevenci¨®n¡±, admiten ¡°apenas casos donde haya que avisar a las Fuerzas de Seguridad¡± y reconocen un ¡°problema con la Sareb y su inacci¨®n, con molestias para los vecinos¡±. La Sociedad de Gesti¨®n de Activos Procedentes de la Reestructuraci¨®n Bancaria (Sareb) es conocida como el ¡°banco malo¡± y cuenta con miles de inmuebles vac¨ªos procedentes de activos t¨®xicos de los bancos y cajas rescatadas en 2012. A finales de 2022 contaba con unas 67.000 viviendas vac¨ªas. El Gobierno aprob¨® en abril movilizar miles de esas casas para alquiler social.

En Valladolid, la provincia m¨¢s poblada de Castilla y Le¨®n, de las ¡°aproximadamente 10 consultas de tem¨¢tica variada¡± no hay avisos de ocupaci¨®n a estas oficinas. El alcalde, Jes¨²s Julio Carnero (PP), prometi¨® en campa?a una ¡°oficina de apoyo y asesoramiento a las personas que sufren okupaciones¡±, aparte de la auton¨®mica. Su predecesor, ?scar Puente (PSOE), inform¨® de que esa labor la ejerc¨ªa la Sociedad municipal de suelo y vivienda de Valladolid, con una consulta en dos a?os.

En Zamora, las siete llamadas implicaban ¡°preguntas no espec¨ªficas, m¨¢s bien generales y realizadas por gente que no ten¨ªa problemas, pero que estaba preocupada ante la posibilidad de sufrir el problema¡±. De los tres casos f¨ªsicos, ¡°una estaba en v¨ªas de soluci¨®n¡± y otra ¡°entr¨® como ocupaci¨®n, pero era una inquiokupaci¨®n, es decir, una estafa de pago de primera mensualidad¡±.

En Burgos, un hombre denunci¨® cuatro viviendas ocupadas, propiedad de una empresa cuya ¡°inacci¨®n¡± causaba ¡°inseguridad¡± al vecindario. Este fen¨®meno de entidades due?as, pero desinteresadas, es frecuente en los allanamientos, como ocurre en Segovia, donde un edificio vac¨ªo fue legado en herencia, y que ha sido rehabilitado ilegalmente debido a la inacci¨®n de los herederos¡°.

Una segoviana alert¨® de que un inquilino llevaba un a?o sin pagarle las rentas, sin embargo, le indicaron que eso no es ocupaci¨®n como tal. La mujer pregunt¨® por la nueva ley nacional de Vivienda, consider¨® ¡°que tiene que ser derogada en caso de haber cambio de Gobierno¡± y pidi¨® que le comunicaran su petici¨®n al consejero. Un vecino de Palencia llam¨® a la oficina para denunciar un ¡°impago de rentas de alquiler¡±. En Salamanca, ?vila y Soria, donde viven unas 567.000 personas, nadie se dirigi¨® a las oficinas esas semanas.

La inactividad temporal de este servicio de la Junta refrenda las preocupaciones de los castellanos y leoneses recogidas por el Centro de Investigaciones Sociol¨®gicas (CIS) en su ¨²ltimo estudio, de 2022. El sondeo plasm¨® que ¡°la vivienda¡± era la 37? inquietud social, con un 0,1%, frente a la principal para el 30,5%: ¡°la despoblaci¨®n¡±. La cifra de ocupaciones en Castilla y Le¨®n se sit¨²a muy por debajo de los desahucios: en 2022 hubo un total de 1.596 lanzamientos, seg¨²n el Consejo General del Poder Judicial; 38.266 en toda Espa?a.