El plan de Puigdemont: la amnist¨ªa como condici¨®n previa, la autodeterminaci¨®n como objetivo

Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Catalu?a que permanece pr¨®fugo desde finales de octubre de 2017, y cuya entrega reclama el Tribunal Supremo desde entonces para juzgarlo, tiene ahora en sus manos la investidura del presidente del Gobierno. El l¨ªder de Junts ha expuesto este martes sus condiciones ¡°previas¡± para iniciar la negociaci¨®n con el PSOE; las condiciones finales, seg¨²n ha dicho, las expondr¨¢ m¨¢s adelante si esa negociaci¨®n se pone en marcha. El plazo para negociar termina el 27 de noviembre. Si no hay acuerdo en esa fecha, se repetir¨¢n las elecciones.

?Qu¨¦ exige Puigdemont para sentarse a negociar?

Son cuatro condiciones ¡°previas¡± a la negociaci¨®n de la investidura: 1. Que el Estado respete ¡°la legitimidad democr¨¢tica¡± del independentismo; 2. Que se cree un ¡°mecanismo de mediaci¨®n y verificaci¨®n¡± para garantizar el cumplimiento de los acuerdos; 3. Que se produzca un ¡°abandono completo y efectivo de la v¨ªa judicial contra el independentismo¡±, a trav¨¦s, entre otras cosas, de una Ley de Amnist¨ªa; y 4. Que los ¡°¨²nicos l¨ªmites¡± a cualquier pacto sea los establecidos por los ¡°tratados internacionales que hacen referencia a los derechos humanos¡±, es decir, que el l¨ªmite no sea la Constituci¨®n.

Una vez cumplidas esas condiciones, ?habr¨ªa otras?

S¨ª. Habr¨ªa nuevas condiciones, que se pondr¨ªan sobre la mesa durante la negociaci¨®n. Puigdemont no quiso exponerlas este martes, pero ha apuntado que tendr¨ªan dos vertientes: la de las ¡°cuestiones materiales pendientes¡± (financiaci¨®n, trenes de Cercan¨ªas, competencias en inmigraci¨®n, inversiones del Estado) y la del ¡°problema de fondo¡±: ¡°Lo determinante es el reconocimiento nacional de Catalu?a, y por tanto de su derecho de autodeterminaci¨®n¡±. Ha aseverado que ¡°Catalu?a es una naci¨®n¡± y ha afirmado que ¡°s¨®lo un refer¨¦ndum acordado con el Estado espa?ol podr¨ªa sustituir el mandato pol¨ªtico del 1 de octubre [el refer¨¦ndum ilegal de independencia de 2017].

?Esas condiciones caben en la Constituci¨®n?

El l¨ªder de Junts sostiene que ¡°ninguna¡± de sus condiciones es ¡°contraria a la Constituci¨®n¡±. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Constitucional de septiembre de 2008 sobre el plan Ibarretxe ya cerr¨® la puerta al derecho de autodeterminaci¨®n. En aquella resoluci¨®n, los magistrados consideraron que para convocar una consulta de autodeterminaci¨®n habr¨ªa que reformar antes la Constituci¨®n, porque con ese tipo de consulta ¡°se incide sobre cuestiones fundamentales resueltas con el proceso constituyente y que resultan sustra¨ªdas a la decisi¨®n de los poderes constituidos¡±. En esa y en resoluciones posteriores, el Constitucional dej¨® sentado, adem¨¢s, que la soberan¨ªa pertenece al conjunto del pueblo espa?ol. Y que ¡°la Constituci¨®n no conoce otra naci¨®n que la espa?ola¡±. En 2017, en la sentencia que anulaba la ley del refer¨¦ndum del Parlament, el Constitucional declar¨®: ¡°Para ninguno de los pueblos de Espa?a existe un derecho de autodeterminaci¨®n, entendido como derecho a promover y consumar su secesi¨®n unilateral del Estado en el que se constituye Espa?a. Tal derecho, con toda evidencia, no est¨¢ reconocido en la Constituci¨®n¡±.

Respecto a la otra reivindicaci¨®n clave, la amnist¨ªa, el Gobierno de Pedro S¨¢nchez ha sostenido rotundamente durante los ¨²ltimos cuatro a?os que no era constitucional, aunque ahora se abre a estudiarla. Los juristas no se ponen de acuerdo. Quienes consideran que s¨ª cabe en la Constituci¨®n de 1978 defienden, entre otros argumentos, que la Ley Fundamental no la proh¨ªbe expresamente y que la Ley de Enjuiciamiento Criminal cita la amnist¨ªa entre las causas de extinci¨®n de la responsabilidad criminal y ese precepto (anterior a la Constituci¨®n) nunca se ha derogado. Quienes consideran que no hay espacio para la amnist¨ªa destacan que la Constituci¨®n veta los indultos generales y que el C¨®digo Penal de 1995 s¨ª elimin¨® la amnist¨ªa como causa de extinci¨®n de la responsabilidad criminal.

?Est¨¢ criminalizado el independentismo en Espa?a?

Puigdemont plantea como primera condici¨®n el ¡°reconocimiento y respeto a la legitimidad democr¨¢tica del independentismo¡±. Ni la Constituci¨®n ni ninguna ley proh¨ªbe en Espa?a ser independentista o soberanista. De hecho, partidos como ERC o el PNV llevan d¨¦cadas si¨¦ndolo y concurriendo a las elecciones y nunca se les ha perseguido por ello. Es, por tanto, una opci¨®n leg¨ªtima. Lo ¨²nico que ha sido perseguido penalmente es la vulneraci¨®n de la ley ¡ªla malversaci¨®n de fondos, la desobediencia a las autoridades judiciales, el alzamiento contra el ordenamiento constitucional¡ª para alcanzar ese objetivo.

?Espa?a esp¨ªa?

¡°El Estado espa?ol esp¨ªa, infiltra y fabrica montajes para proceder a detenciones sin fundamento¡±, ha dicho el l¨ªder de Junts en la sede del Parlamento Europeo. Con la primera acusaci¨®n alude al caso Pegasus, el supuesto caso de espionaje masivo a tel¨¦fonos m¨®viles que la organizaci¨®n Citizen Lab denunci¨® hace un a?o. Ese caso, que tuvo una inesperada variante cuando el Gobierno de Pedro S¨¢nchez revel¨® que el presidente y varios de sus ministros hab¨ªan sido tambi¨¦n espiados con Pegasus, est¨¢ en investigaci¨®n en varios juzgados y no hay pistas sobre los autores del supuesto espionaje. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) s¨ª admiti¨® en mayo de 2022 que hab¨ªa intervenido los m¨®viles de varios dirigentes independentistas, pero esos pinchazos eran legales porque contaban con autorizaci¨®n judicial. La intervenci¨®n se produjo en el oto?o de 2019, cuando Catalu?a fue escenario de violentos disturbios en protesta por la sentencia del proc¨¦s, y entre los m¨®viles pinchados por orden judicial figuraba el del hoy president (entonces vicepresidente) Pere Aragon¨¨s.

?Hubo delito el 1 de octubre?

En su discurso, el expresident afirma: ¡°El 1 de octubre no fue un delito, como no lo fue la declaraci¨®n de independencia ni las protestas masivas contra la represi¨®n y la sentencia del Tribunal Supremo¡±. El alto tribunal, en su sentencia sobre el proc¨¦s, estableci¨® que los l¨ªderes independentistas s¨ª cometieron dos delitos: sedici¨®n y malversaci¨®n agravada. Posteriormente, la reforma del C¨®digo Penal acordada por el Gobierno y ERC en diciembre de 2022 elimin¨® la sedici¨®n, lo que oblig¨® al Supremo a modificar el fallo para retirar ese delito, pero impuso uno de desobediencia y mantuvo la malversaci¨®n.

?Puede el Gobierno decidir un fin ¡°permanente¡± de los procesos judiciales?

Puigdemont exige el abandono ¡°completo¡±, ¡°efectivo¡± y ¡°permanente¡± de la ¡°v¨ªa judicial¡± contra ¡°los independentistas¡±. El l¨ªder de Junts considera que esto ¡°est¨¢ al alcance del Parlamento espa?ol¡±, a trav¨¦s de una ley de amnist¨ªa, y sostiene que es tambi¨¦n ¡°responsabilidad del Gobierno en funciones, a trav¨¦s de la Fiscal¨ªa y de la abogac¨ªa del Estado¡±. En realidad, el fiscal general es propuesto por el Gobierno, pero tiene autonom¨ªa de funciones y no recibe directrices del Ejecutivo. La Abogac¨ªa s¨ª es el asesor jur¨ªdico del Gobierno y ejerce su representaci¨®n y defensa ante los tribunales. Un ejemplo de la diferencia entre ambas instituciones fue el juicio del proc¨¦s, en el que la Fiscal¨ªa acusaba por rebeli¨®n, y la Abogac¨ªa, por sedici¨®n. Por otro lado, la separaci¨®n de poderes impide al Gobierno comprometerse a un abandono ¡°permanente¡± de la v¨ªa judicial, ni contra los independentistas ni contra nadie, pues eso es competencia del poder judicial.

?Est¨¢ exigiendo Puigdemont recuperar la figura del ¡°relator¡±?

En febrero de 2019, el Gobierno de Pedro S¨¢nchez acept¨® una de las reclamaciones de ERC y Junts: invitar a un ¡°relator¡± a la mesa de di¨¢logo que el Ejecutivo pretend¨ªa abrir en ese momento para gestionar el postproc¨¦s. La figura del relator, que daba a esas conversaciones un aire de conflicto internacional entre Estados en pie de igualdad, gener¨® una enorme pol¨¦mica, incluso en el seno del PSOE. El PP, Ciudadanos y Vox lo consideraron una ¡°humillaci¨®n¡±, convocaron manifestaciones y amagaron con una moci¨®n de censura ante lo que los populares consideraron ¡°lo m¨¢s grave que ha vivido Espa?a desde el 23-F¡±. ¡°No es un mediador, no hay un conflicto internacional. Hay una mesa donde se van a sentar los partidos en Catalu?a que utilizar¨¢ a una persona para ayudar a organizar y a negociar¡±, aleg¨® entonces la vicepresidenta Carmen Calvo. Pero finalmente el Gobierno retir¨® la iniciativa. Puigdemont exige ahora un ¡°mecanismo de mediaci¨®n y verificaci¨®n¡± sin aclarar en qu¨¦ consistir¨ªa.

?Renuncia Junts a iniciar un nuevo ¡®proc¨¦s¡¯ si se amnist¨ªan los delitos del anterior?

No. De hecho, Puigdemont afirma abiertamente que se reserva esa carta: Junts, dice, ¡°no ha renunciado ni renunciar¨¢ a la unilateralidad¡±.

?Puigdemont est¨¢ ¡°en el exilio¡±?

No. Puigdemont huy¨® a B¨¦lgica el ¨²ltimo fin de semana de octubre de 2017, despu¨¦s de declarar la independencia de Catalu?a y ser destituido por ello, y horas antes de que la Fiscal¨ªa General del Estado presentara contra ¨¦l y el resto de su Gobierno una querella por rebeli¨®n, sedici¨®n y malversaci¨®n de fondos p¨²blicos. Desde entonces, nunca ha atendido las reclamaciones del Tribunal Supremo para rendir cuentas ante la justicia. En 2019 fue ¡°procesado en rebeld¨ªa¡±. Es decir, es un pr¨®fugo, aunque con residencia conocida.