La propuesta de los juristas de Sumar justifica la amnist¨ªa por la ¡°falta de proporcionalidad¡± de algunas decisiones judiciales en el ¡®proc¨¦s¡¯

El dictamen sobre la amnist¨ªa que Sumar ha dado a conocer esta tarde en Barcelona presenta la medida de gracia como la ¡°segunda fase de la pol¨ªtica criminal despenalizadora¡±, tras los indultos concedidos a los l¨ªderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo y la derogaci¨®n del delito de sedici¨®n. Se trata, sostiene el documento, de dejar atr¨¢s la ¡°pol¨ªtica criminal punitivista¡± que se ejerci¨® en los a?os del proc¨¦s, para lo que se pretende inaugurar un nuevo ciclo que tiene como rasgo fundamental ¡°la desconfianza hacia la utilizaci¨®n exclusiva del derecho penal como instrumento para la soluci¨®n de dicho conflicto y en el que las posibles actuaciones lesivas de derechos fundamentales que han tenido lugar en los ¨²ltimos a?os ¡ªpor parte de todos los intervinientes¡ª se enmarcan en un contexto de tergiversaci¨®n del orden p¨²blico¡±.

¡°La superaci¨®n de esa tergiversaci¨®n en el marco de una Constituci¨®n que proclama como valores superiores el pluralismo pol¨ªtico y la libertad (la tolerancia en definitiva) es la base que confiere legitimidad a una medida tan excepcional¡±, se?ala el texto, que, para justificar la amnist¨ªa, sostiene que el conflicto pol¨ªtico entre Catalu?a y el Estado result¨® agravado ¡°por una contundente represi¨®n penal y por la falta de proporcionalidad con la que se adoptaron ciertas decisiones judiciales¡±.

El documento de Sumar, que seg¨²n la formaci¨®n que lidera la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda D¨ªaz, es una aportaci¨®n que busca ser una herramienta m¨¢s para llegar a un acuerdo en torno a la amnist¨ªa y servir de base en la negociaci¨®n de una proposici¨®n de ley con otras fuerzas pol¨ªticas, est¨¢ firmado por cinco juristas especializados en Derecho Penal: Nicol¨¢s Garc¨ªa Rivas, de la Universidad de Castilla-La Mancha; Antoni Llabr¨¦s Fuster, de la Universitat de les Illes Balears; Javier Mira Benavent, de la Universitat de Val¨¨ncia; Guillermo Portilla Contreras, de la Universidad de Ja¨¦n; y Rafael Rebollo Vargas, de la Universitat Aut¨®noma de Barcelona. El texto no incluye un articulado de una hipot¨¦tica ley de amnist¨ªa, sino que se limita a recoger el dictamen de estos cinco expertos sobre el encaje de la medida en la Constituci¨®n y su legitimidad para superar el conflicto pol¨ªtico.

La amnist¨ªa abarcar¨ªa temporalmente, seg¨²n esta propuesta, una d¨¦cada: desde enero de 2013, cuando el Parlament aprob¨® una declaraci¨®n de soberan¨ªa, hasta el 17 de agosto de 2023, fecha en la que se constituy¨® en el Congreso en la actual legislatura. El plan incluir¨ªa, por tanto, la consulta del 9-N de 2014. La propuesta afectar¨ªa a ¡°aquellas acciones y omisiones que hayan tenido por finalidad la reivindicaci¨®n del derecho de autodeterminaci¨®n de Catalu?a¡±. ¡°Por el contrario, la desvinculaci¨®n con ese objetivo impedir¨¢ la aplicaci¨®n de la amnist¨ªa¡±, excepto ¡°determinadas actuaciones policiales que impidieron la reivindicaci¨®n del derecho de autodeterminaci¨®n¡±, que s¨ª podr¨ªan ser amnistiadas bajo ¡°unos requisitos muy espec¨ªficos¡±.

Seg¨²n las conclusiones de los expertos, el art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n, cuya aplicaci¨®n comport¨® la suspensi¨®n de la autonom¨ªa, se hab¨ªa mostrado eficaz para neutralizar la declaraci¨®n de independencia y, por tanto, exist¨ªan en el ordenamiento jur¨ªdico ¡°v¨ªas ajenas al derecho penal¡± para resolver un conflicto ¡°igualmente pol¨ªtico¡±. ¡°Pese a ello¡±, advierte el texto, ¡°la Fiscal¨ªa General del Estado inst¨® al Tribunal Supremo a iniciar un procedimiento por delito de rebeli¨®n¡±, que permit¨ªa la aplicaci¨®n de medidas excepcionales contra los l¨ªderes pol¨ªticos catalanes, como la suspensi¨®n inmediata de sus cargos p¨²blicos y su ingreso en prisi¨®n provisional. Los autores del dictamen creen que la resoluci¨®n penal del conflicto que desemboc¨® en la sentencia del Supremo ¡°supuso la expresi¨®n de una pol¨ªtica criminal que se sirvi¨® de una aplicaci¨®n muy discutible de la normativa penal vigente, sin explorar otras alternativas menos aflictivas¡±.

El dictamen sostiene, inspir¨¢ndose en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alem¨¢n, que para que pueda prosperar la amnist¨ªa debe cumplir cuatro requisitos: tiene que estar justificada por un motivo leg¨ªtimo, con fundamentaci¨®n y que tambi¨¦n pueda tener por objetivo resolver un ¡°conflicto pol¨ªtico¡±; que sea desarrollada a trav¨¦s de una ley org¨¢nica; que todas las partes del conflicto reciban el mismo trato; y que cumpla con el respeto a los tratados internacionales de derechos humanos.

Las l¨ªneas que estos juristas marcan implicar¨ªan amnistiar tanto los delitos de los que se acusa al expresident Carles Puigdemont y por los que se conden¨® a parte de su Gobierno (malversaci¨®n y desobediencia, una vez que se ha derogado la sedici¨®n), como los que se pudieron cometer en las protestas de octubre de 2019 contra la sentencia del Tribunal Supremo, por los que se mantienen encausadas m¨¢s de 700 personas. Tambi¨¦n beneficiar¨ªa a los 50 cargos de la Generalitat sometidos a procedimientos penales en el Juzgado de Instrucci¨®n 13 de Barcelona por su implicaci¨®n en el refer¨¦ndum ilegal del 1 de octubre de 2017, as¨ª como a los m¨¢s de 700 alcaldes que fueron investigados por apoyarlo.

Adem¨¢s, el texto alude a los procedimientos penales por distintos delitos contra el orden p¨²blico contra los CDR, por apoyo econ¨®mico al proc¨¦s (Operaci¨®n Volhov), la imputaci¨®n a Tsunami Democr¨¤tic por la organizaci¨®n de las protestas callejeras que se investigan en la Audiencia Nacional o la causa contra 10 dirigentes pol¨ªticos por la acci¨®n exterior que se llev¨® a cabo durante el proc¨¦s, acusados de delitos de malversaci¨®n en el Juzgado de Instrucci¨®n 18 de Barcelona. Tambi¨¦n abarcar¨ªa la investigaci¨®n del Tribunal de Cuentas a 54 personas por su participaci¨®n en la organizaci¨®n de la consulta del 1-O y a los 600 procedimientos contencioso-administrativos contra ayuntamientos por su vinculaci¨®n con la Asociaci¨®n de Municipios por la Independencia (AMI) o por otros hechos ¡°de nula relevancia¡±, como no izar la bandera espa?ola o elaborar mociones contra la Monarqu¨ªa. ¡°A todo ello, habr¨ªa que sumar m¨¢s de 850 denuncias de infracciones administrativas de la Ley de Seguridad Ciudadana¡±, se?ala el texto.

Por tipos de delito, el dictamen de Sumar propone amnistiar, dentro del periodo temporal fijado, ¡°todas aquellas acciones y omisiones ejecutadas por ciudadanos reivindicativas de la autodeterminaci¨®n de Catalu?a, susceptibles de ser calificadas como delitos contra la Administraci¨®n p¨²blica (t¨ªtulo XIX del C¨®digo Penal), delitos contra la administraci¨®n de justicia (t¨ªtulo XX), delitos contra la Constituci¨®n (XXI) y delitos contra el orden p¨²blico (XXII). Asimismo, los delitos de lesiones, amenazas, coacciones, descubrimiento y revelaci¨®n de secretos, allanamiento de domicilio de personas jur¨ªdicas, da?os, falsedades documentales y usurpaci¨®n de funciones p¨²blicas se ver¨ªan afectados por la medida, igual que las Infracciones de los art¨ªculos 35, 36 y 37 de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza.

El documento propone tambi¨¦n amnistiar las actuaciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encaminadas a impedir la celebraci¨®n del refer¨¦ndum, los actos en defensa de la consulta independentista o las protestas contra las decisiones del Gobierno o de los jueces. Se amnistiar¨ªan tanto los actos cometidos por polic¨ªas susceptibles de ser calificados como delitos de funcionarios p¨²blicos contra las garant¨ªas constitucionales (Cap¨ªtulo V del T¨ªtulo XXI del C¨®digo Penal) como los delitos de lesiones de los art¨ªculos 147 y 148, ¡°cuando hayan sido causadas por un uso desproporcionado de la fuerza¡±. Pero quedar¨ªan ¡°en todo caso fuera del ¨¢mbito de aplicaci¨®n de la amnist¨ªa¡± las actuaciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ¡°susceptibles de ser calificadas como delitos de torturas y otros delitos contra la integridad moral o delito de detenciones ilegales de autoridad o funcionario p¨²blico sin mediar causa por delito¡±. La inmensa mayor¨ªa de polic¨ªas no estar¨ªan afectados por la amnist¨ªa. El auto de procesamiento de los 47 agentes implicados en el 1-O en Barcelona es con car¨¢cter gen¨¦rico por lesiones y delitos contra la autoridad moral. A estos habr¨ªa que sumar otros cinco polic¨ªas procesados por el disparo de una pelota de goma que acabo cost¨¢ndole la visi¨®n de un ojo a Roger Espa?ol, tambi¨¦n por ambos delitos. S¨ª hay, en todo caso, una veintena de agentes que actuaron en Girona y solo esperan juicio por lesiones que podr¨ªan verse beneficiados, informa Jes¨²s Garc¨ªa.

¡°M¨²ltiples precedentes¡±

El dictamen apunta que existen ¡°m¨²ltiples precedentes de amnist¨ªas dictadas tras la inauguraci¨®n de un r¨¦gimen pol¨ªtico, pero nada impide que se aplique para solucionar un conflicto pol¨ªtico (as¨ª, las que tuvieron lugar en Francia en relaci¨®n con la independencia de Argelia)¡±. ¡°Esta ley de amnist¨ªa que ahora se propone servir¨¢, sin duda, para establecer las bases para la soluci¨®n del conflicto pol¨ªtico existente entre Catalu?a y el Estado espa?ol, que result¨® agravado por una contundente represi¨®n penal y por la falta de proporcionalidad con la que se adoptaron ciertas decisiones judiciales¡±, recoge la propuesta, cuyos responsables a?aden: ¡°Entendemos que solo si se asumen medidas constitucionales, democr¨¢ticas, no autoritarias, puede producirse un retorno a la normalidad institucional en el marco de un Estado plurinacional, en el que puede reivindicarse el derecho de autodeterminaci¨®n, como cualquier otra medida no contemplada en la Constituci¨®n vigente, porque esta no ha creado una democracia militante¡±.

Los juristas consideran que el hecho de que la Constituci¨®n espa?ola no mencione la amnist¨ªa no implica ¡°en absoluto¡± que la proh¨ªba. Y ponen el ejemplo de Alemania, donde, a pesar de que la Ley Fundamental de Bonn tampoco hace menci¨®n expresa a esta medida de gracia, el Tribunal Constitucional Federal admite que existe la posibilidad de aprobar leyes de amnist¨ªa, siempre y cuando estas cumplan determinados requisitos. Tampoco el hecho de que el art¨ªculo 130 del C¨®digo Penal la haya omitido expresamente como causa de extinci¨®n de la responsabilidad criminal, supone, seg¨²n estos juristas, ¡°un l¨ªmite a las posibilidades de que el legislativo acuerde una amnist¨ªa, ya que no existe restricci¨®n constitucional para ello¡±.

El documento cita sentencias del Supremo que avalan la vigencia de la ley de amnist¨ªa, ¡°y, por tanto, su constitucionalidad¡±, y 18 sentencias del Tribunal Constitucional que hacen referencia a la ley de amnist¨ªa. Para estos juristas, el hecho de que el Constitucional parta de una configuraci¨®n de la amnist¨ªa, no como una manifestaci¨®n del derecho de gracia, sino como ejercicio de la potestad legislativa en materia penal, supone que la constitucionalidad de esta medida de gracia ¡°se convierta en evidente¡±.