La ley de amnist¨ªa exonera la responsabilidad contable y patrimonial de los l¨ªderes del ¡®proc¨¦s¡¯

La ley de amnist¨ªa que tramitar¨¢ el Congreso prev¨¦ liberar de toda responsabilidad contable y patrimonial a los responsables del proc¨¦s, que quedan exonerados de la obligaci¨®n de restituir al erario p¨²blico los fondos desviados para organizar el refer¨¦ndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y para promover los planes independentistas en el extranjero. De aprobarse la ley sin modificaciones se archivar¨¢ el procedimiento seguido en el ¨®rgano fiscalizador a resultas de las actividades de Diplocat en el exterior, un expediente iniciado en 2011 y tambi¨¦n en relaci¨®n con la condena por malversaci¨®n impuesta por el Supremo en v¨ªa penal.

Al Tribunal de Cuentas le corresponde fijar la cuant¨ªa destinada a actividades irregulares para ser devuelta a la administraci¨®n catalana. Para ello puede moverse de acuerdo con los m¨¢rgenes determinados por las acusaciones, que en este caso son la Fiscal¨ªa y Sociedad Civil Catalana. La primera reclama 3,4 millones a los expedientados y la segunda 5,3 millones, aunque s¨®lo acusa a 11 de los investigados, los que ostentaron los cargos p¨²blicos con mayor responsabilidad durante el proc¨¦s.

En total, son 35 los encausados en este expediente ¡ªentre los que se encuentran los expresidentesde la Generalitat Carles Puigdemont y Artur M¨¢s, y el exvicepresidente Oriol Junqueras¡ª ya no tendr¨¢n que hacer frente con sus bienes y patrimonio a dicha responsabilidad, aunque el ¨®rgano fiscalizador acabara apreciando que incurrieron en responsabilidad contable. El juicio sobre este expediente est¨¢ previsto para el pr¨®ximo viernes, d¨ªa 17, convocatoria que se mantiene, puesto que la ley de amnist¨ªa a¨²n tardar¨¢ como m¨ªnimo unos meses en entrar en vigor.

El primer precepto que ser¨ªa de aplicaci¨®n a los mencionados 35 investigados es el art¨ªculo 8 de la ley de amnist¨ªa, que establece que ¡°quedar¨¢n extinguidas las responsabilidades civiles y contables derivadas de los actos descritos en el art¨ªculo 1.1 de esta ley¡±. En este art¨ªculo 1.1 se fija el ¨¢mbito temporal de aplicaci¨®n de la amnist¨ªa, que cubre desde el 1 de enero de 2012 hasta este lunes, 13 de noviembre de 2023. Con ello queda cubierto pr¨¢cticamente todo el per¨ªodo investigado por el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, no se revisar¨¢ el fallo que estableci¨® una responsabilidad contable por valor de unos 5 millones de euros por los hechos relacionados con la consulta del 9-N de 2014. La sentencia del Tribunal de Cuentas sobre este primer cap¨ªtulo fue impugnada ante el Supremo, que rechaz¨® el recurso de casaci¨®n. Ese fallo, por tanto, se considera firme a todos los efectos.

La ley a?ade que, en cambio, est¨¢n afectadas por la amnist¨ªa las actuaciones que ¡°est¨¦n siendo objeto de procedimientos tramitados ante el Tribunal de Cuentas¡±, es decir, que la medida alcanza muy expl¨ªcitamente a los expedientes que culminar¨¢n en el juicio del pr¨®ximo viernes. Los investigados ya pueden contar con que la sentencia que se dicte no les supondr¨¢ responsabilidad ni da?o patrimonial alguno, puesto que la ley prev¨¦ de forma asimismo expl¨ªcita que se deber¨¢ proceder al ¡°alzamiento de las medidas cautelares acordadas¡± en las fases preliminares de los expedientes. Por tanto, se levantar¨¢n los avales prestados por el Institut Catal¨¤ de Finances (ICF), que tras un primer rechazo por parte del Tribunal de Cuentas fueron finalmente aceptados, despu¨¦s de la ¨²ltima renovaci¨®n del ¨®rgano fiscalizador en noviembre de 2021.

En todo caso, pudiera ocurrir incluso que la sentencia del Tribunal de Cuentas sobre el expediente en curso no llegue a pronunciarse. Ello se debe a que, en rigor, la vista del pr¨®ximo viernes no quedar¨¢ cerrada hasta que las partes hayan fijado sus conclusiones. Lo habitual es que tales conclusiones se expongan de forma oral en el propio juicio. Pero en esta ocasi¨®n el Tribunal de Cuentas decidi¨® que esos informes finales se lleven a cabo por escrito, sin fijar un plazo para su entrega. Dicho plazo se comunicar¨¢ el pr¨®ximo viernes. Depende por tanto de cu¨¢nto tiempo vayan a tener acusaciones y defensas para entregar sus conclusiones que ¨¦stas lleguen antes de que entre en vigor la ley de amnist¨ªa. Puigdemont, finalmente, ha pedido declarar por videocoferencia, y el ¨®rgano fiscalizador tiene pendiente comunicar si lo autoriza. El expresidente catal¨¢n est¨¢ citado a petici¨®n de una de las defensas.