El Gobierno, condenado a lidiar en el Congreso con una mayor¨ªa estr¨¢bica

El ¨²ltimo pleno del Congreso de 2023 dej¨® una estampa ins¨®litamente un¨¢nime y emotiva. Cuando el d¨ªa 21 el portavoz socialista, Patxi L¨®pez, homenaje¨® desde la tribuna a la fotoperiodista de La Vanguardia Emilia Guti¨¦rrez, que cubr¨ªa su ¨²ltima sesi¨®n parlamentaria antes de jubilarse, el hemiciclo entero se puso en pie, se volvi¨® hacia el palco donde se apostan los reporteros gr¨¢ficos y estall¨® en una ovaci¨®n. Con cierta melancol¨ªa, varios diputados se lamentaban despu¨¦s: ¡°No volveremos a ver nada parecido en toda la legislatura¡±.

Y, sin embargo, el a?o comenzar¨¢ en la C¨¢mara con una imagen que promete otro ef¨ªmero momento de acuerdo. Pocas cosas ejemplifican m¨¢s el cainismo de la pol¨ªtica espa?ola como que se hayan necesitado cinco a?os para acordar un sencillo cambio en la Constituci¨®n a fin de sustituir el t¨¦rmino ¡°disminuidos¡± por ¡°personas con discapacidad¡±. Al final, el PP ha abandonado su resistencia a tocar el m¨¢s m¨ªnimo detalle de la Ley Fundamental y el pleno del Congreso dar¨¢ su aprobaci¨®n, muy probablemente el 18 de enero, a un asunto sobre el que solo el sospechoso habitual ¡ªVox¡ª ha planteado objeciones. Ser¨¢ un escaso momento de unidad, al menos entre los dos partidos grandes, antes de volver a las m¨¢s crudas hostilidades.

La pol¨ªtica actual ya no concede descanso y, en contra de la tradici¨®n, la actividad parlamentaria se reanudar¨¢ incluso antes, el d¨ªa 10. La Constituci¨®n fija dos periodos de sesiones al a?o, uno de septiembre a diciembre y otro de febrero a junio. El Gobierno puede pedir que se habiliten actividades fuera de esos plazos apelando a causas extraordinarias, que en este caso coinciden con el gran caballo de batalla de la legislatura: acelerar la elaboraci¨®n de la ley de amnist¨ªa. Antes de que acabe enero, adem¨¢s, el Congreso debe convalidar el decreto de transformaci¨®n digital de la justicia aprobado con prisas por el Consejo de Ministros en la recta final de 2023 porque de ¨¦l depend¨ªa que Bruselas desembolsase una partida de 10.000 millones de euros de fondos Next Generation. Si el Parlamento no lo ratifica, la norma quedar¨ªa derogada y el dinero europeo en el aire. Y ese peligro ha tomado cuerpo con la amenaza de Junts de votar en contra.

La norma consagra que cuando un juez presenta ante el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea (TJUE) una consulta sobre un procedimiento concreto ¡ªlo que se denomina cuesti¨®n prejudicial¡ª este queda suspendido temporalmente. La alarma ha cundido en Junts porque eso podr¨ªa suceder con cualquier caso en el que se solicite la aplicaci¨®n de la amnist¨ªa. El Gobierno asegura que el decreto se limita a recoger lo que ya ocurre en la pr¨¢ctica, de acuerdo con las reglas europeas, y espera vencer la resistencia de la formaci¨®n independentista. Pero el asunto es revelador del terreno resbaladizo en que se ha adentrado el Ejecutivo tras su pacto con el partido de Carles Puigdemont y de las dificultades que se avecinan para cumplir los objetivos de la ley de amnist¨ªa, incluso despu¨¦s de que quede aprobada, presumiblemente en primavera.

El PP no ha dejado muchas dudas de c¨®mo ser¨¢ el cariz de su discurso opositor. El tr¨ªo de estiletes elegido para dirigir el grupo parlamentario es elocuente: Miguel Tellado, Cayetana ?lvarez de Toledo y Rafael Hernando. Pero no reside ah¨ª la principal de las inquietudes para el Gobierno. Lo que de verdad marcar¨¢ el signo de la legislatura ser¨¢ la capacidad del Ejecutivo para gestionar una mayor¨ªa que le obliga a una suerte de ejercicio de estrabismo pol¨ªtico: mirar a la vez a derecha e izquierda. Lo dec¨ªa d¨ªas atr¨¢s Gabriel Rufi¨¢n en EL PA?S: ¡°Ahora hay dos ejes, uno de izquierda y otro de PNV y Junts¡±. Y esa contradicci¨®n, a?ad¨ªa el portavoz de ERC en el Congreso, se manifestar¨¢ cuando toque discutir cuestiones como la pol¨ªtica de vivienda o nuevos intentos de derogar la ley mordaza.

Por si acaso, en el PSOE ya advierten de que su intenci¨®n es bajar sensiblemente la producci¨®n de leyes, tras las m¨¢s de 200 aprobadas desde 2019. Ese freno puede levantar chispas con Sumar, que pide m¨¢s ambici¨®n en las pol¨ªticas de izquierda. La coalici¨®n de Yolanda D¨ªaz consigui¨® d¨ªas atr¨¢s que se admitiese a tr¨¢mite una proposici¨®n de ley que plantea despenalizar delitos de opini¨®n como las injurias a la Corona o el enaltecimiento del terrorismo. Los socialistas votaron a favor, pero les falt¨® tiempo para deslizar que no son muy partidarios de ambas medidas.

PNV y Junts ya han suscrito iniciativas comunes, como la solicitud de comisiones de investigaci¨®n. El frente izquierdista que formaban ERC, EH Bildu y BNG ha crecido tras el paso al Grupo Mixto de los cinco diputados de Podemos, una de cuyas misiones principales consiste en debilitar a sus antiguos compa?eros de Sumar. La mayor¨ªa no solo es heterog¨¦nea, sino que en ella conviven enconados competidores entre s¨ª: ERC y Junts, PNV y EH Bildu, y ahora Sumar y Podemos.

El calendario electoral puede azuzar algunos de esos pulsos, como se ha visto entre Sumar y Podemos por los comicios gallegos del 18 de febrero y con la perspectiva de que todo empeore ante las europeas de junio. Las vascas, que deber¨ªan ser en julio a m¨¢s tardar, anuncian una apretada pugna entre PNV y EH Bildu, aunque miembros de ambas formaciones ¡ªque en el Congreso evitan los choques p¨²blicos¡ª aseguran que no afectar¨¢ a su relaci¨®n con el Gobierno. Otra cosa es el pulso descarnado entre ERC y Junts, sobre todo si se anticipasen las elecciones catalanas, cuyo plazo concluye en febrero de 2025. Esa es una de las claves que puede condicionar la supervivencia de la m¨¢s sinuosa mayor¨ªa parlamentaria.