Hacer pol¨ªtica. Hacer justicia

Primero. El proc¨¦s fue un dislate descomunal impulsado por unas ¨¦lites pol¨ªticas catalanas que llevaron a Espa?a a una tensi¨®n m¨¢xima con la celebraci¨®n del refer¨¦ndum ilegal de 2017, cuyas consecuencias se siguen sufriendo en la actualidad. El Tribunal Supremo resolvi¨® con condenas por sedici¨®n y malversaci¨®n el juicio a algunos de los principales responsables del golpe a la democracia que dieron los dirigentes de Junts y ERC. Estos dirigentes, tras casi cuatro a?os de prisi¨®n, fueron indultados por el Gobierno de Pedro S¨¢nchez. Sin condena y sin indulto qued¨® Carles Puigdemont, que huy¨® de la justicia y se instal¨® en Waterloo. La condena del Supremo en 2019 a los dirigentes de la Generalitat provoc¨® la ira del independentismo m¨¢s radical, que se ech¨® a la calle con numerosas protestas que acabaron con duros altercados a ra¨ªz de los cuales la Audiencia Nacional inici¨® la investigaci¨®n del conocido como caso Tsunami Democr¨¢tic.

Segundo. Tras las elecciones del 23 de julio, el PSOE alcanz¨® el convencimiento sobrevenido de la constitucionalidad de una ley de amnist¨ªa para los delitos vinculados al proc¨¦s. Acostumbrado a surfear en la contradicci¨®n y a entender la pol¨ªtica como un ejercicio de alto riesgo, el partido y el Gobierno de Pedro S¨¢nchez empezaron a desplegar discursos y piruetas variopintas para amarrar los votos de Junts y del resto de sus aliados. El recorrido ha sido amplio. En un pasado no lejano el PSOE consideraba la amnist¨ªa una herramienta ajena a la Constituci¨®n y ahora ha asumido que encaja a la perfecci¨®n y que adem¨¢s tiene efecto bals¨¢mico para desinflamar el conflicto independentista. Y en solo unos d¨ªas, ha pasado de defender que la ley de amnist¨ªa recoger¨ªa los delitos de terrorismo vinculados con el proc¨¦s, salvo aquellos que tuvieran sentencia firme, a aceptar una enmienda que ampl¨ªa la cobertura.

Tercero. Tras cuatro a?os de pesquisas, el pasado noviembre, y justo cuando el acuerdo entre el PSOE y Junts sobre la ley de amnist¨ªa era inminente, el juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa Castell¨®n decidi¨® imputar por terrorismo en el caso Tsunami a Carles Puigdemont, ¨²nica v¨ªa para perseguir penalmente al dirigente independentista. El pasado martes, el PSOE acept¨® una enmienda de Junts a la ley de amnist¨ªa para intentar blindar a Puigdemont. As¨ª, la ley contemplar¨¢ que se podr¨¢n acoger a la medida de gracia los casos de terrorismo ¡°siempre y cuando, de forma manifiesta y con intenci¨®n directa, no hayan causado violaciones graves de los derechos humanos, en particular las previstas en el art¨ªculo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protecci¨®n de los Derechos Humanos (CEDH) y de las Libertades Fundamentales y en el derecho internacional humanitario¡±. Hoy, solo dos d¨ªas despu¨¦s, el juez descubre que los delitos que investiga pueden vulnerar precisamente el art¨ªculo 2 de este convenio.

Conclusi¨®n 1. Parece evidente que hay un juego del gato y el rat¨®n entre el juez y los partidos que apoyan la amnist¨ªa y cada maniobra pol¨ªtica es respondida con una maniobra judicial. Y de la misma manera que hacer leyes a medida es censurable, lo es tambi¨¦n ahormar una investigaci¨®n judicial a las decisiones pol¨ªticas.

Conclusi¨®n 2. Es seguro que Puigdemont es responsable de tropel¨ªas y delitos variados (al menos los mismos por los que fue condenado Oriol Junqueras), pero resulta ex¨®tico sostener que es un terrorista por mucha animadversi¨®n social que se haya acumulado por su disparatada trayectoria. La frontera entre hacer justicia y hacer pol¨ªtica debe ser n¨ªtida y bidireccional.