El Gobierno asegura que no har¨¢ m¨¢s cambios en la amnist¨ªa pese a la presi¨®n independentista

Tras una acelerada tramitaci¨®n, el Congreso de los Diputados se dispone a aprobar este martes la propuesta de ley de amnist¨ªa. Para entrar en vigor le faltar¨¢ todav¨ªa su tr¨¢nsito por el Senado, bajo el control del PP, que prev¨¦ estirar el asunto dos meses m¨¢s y recabar informes y opiniones cr¨ªticas con las que alimentar su campa?a contra la iniciativa. Los independentistas tratan ahora de apurar las horas antes del pleno extraordinario del Congreso para que el Gobierno acceda a introducir m¨¢s cambios en el texto aprobado el pasado martes en la Comisi¨®n de Justicia de la C¨¢mara.

Junts y ERC ¡ªcon especial intensidad en el caso de los primeros¡ª no se dan por satisfechos con la enmienda que el PSOE acept¨® en la comisi¨®n y que permitir¨¢ aplicar la medida de gracia a los acusados por terrorismo cuyas conductas no hayan producido ¡°violaciones graves de los derechos humanos¡±. Ambas formaciones insisten en no dejar fuera ninguna de las acusaciones judiciales que incluyan la imputaci¨®n de terrorismo. Pero fuentes del Gobierno aseguran que el margen para introducir nuevas modificaciones qued¨® agotado la pasada semana y que no van a ceder a m¨¢s pretensiones de sus aliados.

La tramitaci¨®n de la ley est¨¢ ofreciendo un espect¨¢culo ins¨®lito: un duelo soterrado y a distancia entre los promotores de la iniciativa y un juez de la Audiencia Nacional. Fue la insistencia del magistrado Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n de imputar por terrorismo al expresident Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ambos huidos en el extranjero, la que llev¨® al PSOE a aceptar la pasada semana que la amnist¨ªa pueda cubrir tambi¨¦n presuntos delitos de terrorismo ¡°siempre y cuando, de forma manifiesta y con intenci¨®n directa, no hayan causado violaciones graves de los derechos humanos¡±. Para especificar en qu¨¦ consistir¨ªan esas violaciones, en el texto se incluy¨® la apelaci¨®n a los art¨ªculos 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Tres d¨ªas despu¨¦s, Garc¨ªa-Castell¨®n emit¨ªa otro auto para formular nuevas acusaciones de terrorismo contra los dos l¨ªderes independentistas, vincul¨¢ndolos a graves agresiones a polic¨ªas en el oto?o de 2019 e invocando el mismo art¨ªculo 2 del convenio europeo. La perseverancia del juez en sostener contra viento y marea sus acusaciones ha provocado a su vez un nuevo arre¨®n del independentismo para presionar al Gobierno.

Junts y ERC quieren ir todav¨ªa m¨¢s lejos que en el texto aprobado la pasada semana y suprimir cualquier alusi¨®n al terrorismo cuando se citan las conductas que quedar¨ªan fuera del alcance de las medidas de gracia. Las dos formaciones han pactado una enmienda, que mantienen viva ante el pleno del martes, por la que continuar¨ªan fuera de la amnist¨ªa las ¡°violaciones graves de los derechos humanos¡±, pero suprimiendo la alusi¨®n al terrorismo. Ambos argumentan que de ese modo evitar¨ªan que Garc¨ªa-Castell¨®n o cualquier otro juez tipifique como terrorismo conductas que nunca se hab¨ªan calificado como tales para impedir as¨ª la aplicaci¨®n de la ley.

El partido de Puigdemont mantiene adem¨¢s otra enmienda en solitario en el mismo sentido. Juristas que asesoran a Junts salieron este fin de semana a argumentar la necesidad de esas nuevas modificaciones para blindar la ley ante lo que prev¨¦n como una clara hostilidad judicial. ¡°La amnist¨ªa solo ser¨¢ si elimina el terrorismo de las exclusiones¡±, declar¨® a ElNacional.cat el profesor Josep Pag¨¨s, exdiputado en el Congreso y asesor del partido en las negociaciones sobre la ley. ¡°No ha habido ning¨²n acto de terrorismo durante el proc¨¦s independentista catal¨¢n, es una invenci¨®n y una ficci¨®n del poder judicial¡±. Pag¨¨s a?ad¨ªa la advertencia de que ignorar las exigencias de Junts supondr¨ªa ¡°una decisi¨®n muy arriesgada para la continuidad de la legislatura¡±.

Al tiempo, en otro digital de la ¨®rbita independentista, VilaWeb, el abogado personal de Puigdemont, Gonzalo Boye, otra de las voces de gran peso en Junts sobre cuestiones jur¨ªdicas, remachaba: ¡°Si el texto queda como ahora, evidentemente tiene un agujero negro o una brecha para jueces como Garc¨ªa-Castell¨®n¡±. Y pronostica que, en ese caso, los acusados de terrorismo ser¨ªan ¡°una lista largu¨ªsima de personas¡±.

Junts afirma que va a redoblar su presi¨®n ante el Gobierno hasta el ¨²ltimo minuto. Tienen d¨ªa y medio por delante, ya que el pleno no comenzar¨¢ hasta las 15.00 horas del martes, con ese ¨²nico punto en el orden del d¨ªa. Pero el Gobierno asegura que no hay previstas m¨¢s negociaciones y de momento transmite firmeza en su negativa a nuevas modificaciones. El Ejecutivo vivi¨® momentos comprometidos la pasada semana tras improvisar un cambio de ¨²ltima hora que volv¨ªa a contradecir posiciones anteriores presentadas como inamovibles: que la propuesta de ley no se pod¨ªa tocar m¨¢s y que la exclusi¨®n de los delitos de terrorismo con una condena firme ¡ªseg¨²n la redacci¨®n inicial del texto¡ª era una ¡°l¨ªnea roja¡± que los socialistas no iban a franquear.

La posibilidad de llegar a acuerdos para introducir m¨¢s retoques en la ley choca con una cuesti¨®n t¨¦cnica. Cuando un texto legislativo aprobado en comisi¨®n se somete al refrendo del pleno, el reglamento del Congreso solo permite enmiendas transaccionales ¡ªo sea, pactadas entre dos o m¨¢s grupos¡ª si cuentan con el apoyo un¨¢nime de todas las formaciones. Un imposible en este caso dada la oposici¨®n frontal a la amnist¨ªa de PP y Vox. Por tanto, las modificaciones solo podr¨ªan ser aprobadas si los socialistas se adhiriesen a algunas de las enmiendas de los independentistas, renunciando a cualquier aportaci¨®n propia. Fuentes del Gobierno aluden a esa circunstancia para reforzar su mensaje de que no se plantean acceder a las exigencias de sus aliados.

Hay otras dos cuestiones sobre las que Junts est¨¢ poniendo el acento y que el Ejecutivo tambi¨¦n afirma que, al menos por ahora, no tiene intenci¨®n de aceptar. Una de ellas pretende afianzar la posibilidad, ya contemplada en principio en el texto, de que la amnist¨ªa sea aplicable a personas que colaboraron o asesoraron a dirigentes independentistas. Esa cl¨¢usula est¨¢ pensada para casos como el de los mossos que prestaron escolta a Puigdemont en Bruselas. Con la redacci¨®n m¨¢s laxa que propone Junts, el Gobierno teme que se abra la puerta a que puedan acogerse a las medidas de gracia personas implicadas en otros casos sin relaci¨®n directa con el proc¨¦s. Desde hace semanas uno de esos asuntos con los que se ha especulado es el del abogado Boye, procesado por blanqueo de capitales por su actuaci¨®n cuando defendi¨® al narco gallego Sito Mi?anco y que sus allegados presentan como una venganza por trabajar para Puigdemont.

El Ejecutivo tambi¨¦n rechaza en principio otra de las exigencias que mantiene Junts en pie: la de introducir una disposici¨®n para que en caso de que un juez plantee una consulta a los tribunales europeos ¡ªla llamada cuesti¨®n prejudicial¡ª ante la demanda de una persona que quiera acogerse a la amnist¨ªa, esta no pueda ser suspendida. Ah¨ª las versiones del Gobierno y de Junts difieren radicalmente. Los primeros sostienen que la legislaci¨®n europea obliga a esa suspensi¨®n, mientras que los juristas de la formaci¨®n catalana lo niegan tajantemente.

Otra de las enmiendas que sigue esgrimiendo Junts es la que pide anticipar el periodo que abarcar¨ªa la amnist¨ªa a los actos cometidos desde noviembre de 2011 y no enero de 2012, como figura ahora.