El ¡®caso Tsunami¡¯: ?terrorismo o des¨®rdenes p¨²blicos?

El ¨²ltimo auto del juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n sobre el caso Tsunami Democr¨¤tic ha agrandado la brecha entre las conclusiones a las que llega este magistrado sobre las protestas contra la sentencia del proc¨¦s dictada en octubre de 2019 por el Tribunal Supremo y la interpretaci¨®n que da la Fiscal¨ªa a los mismos hechos. Donde Garc¨ªa-Castell¨®n ve un delito de terrorismo perpetrado por quienes pretend¨ªan ¡°subvertir el orden constitucional¡±, el ministerio p¨²blico solo ve un caso de des¨®rdenes p¨²blicos graves circunscrito a dos episodios de aquellas movilizaciones: la ocupaci¨®n del aeropuerto de El Prat (Barcelona) y el corte del puesto fronterizo de La Junquera (Girona).

La decisi¨®n de centrar la investigaci¨®n en terrorismo o des¨®rdenes p¨²blicos es clave porque, m¨¢s all¨¢ de las consecuencias penales de uno y otro delito, el caso solo seguir¨¢ en la Audiencia Nacional si se instruye como terrorismo. Adem¨¢s, los partidos independentistas temen que la amnist¨ªa se pueda acabar complicando para quienes est¨¦n encausados por este delito, que Garc¨ªa-Castell¨®n atribuye, entre otros, al expresidente catal¨¢n y l¨ªder de Junts Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Estas son algunos de los choques de criterio entre el juez y la Fiscal¨ªa:

¡°Consolidar la hip¨®tesis¡± del terrorismo. Garc¨ªa-Castell¨®n sostiene en su ¨²ltimo auto que hay distinta documentaci¨®n que afianza la existencia de indicios de terrorismo en las movilizaciones supuestamente instigadas por la plataforma Tsunami Democr¨¤tic. El magistrado cita la personaci¨®n como acusaci¨®n de varios polic¨ªas nacionales lesionados en los enfrentamientos callejeros; el relato de los Mossos d¡¯Esquadra sobre los incidentes en el aeropuerto de El Prat del 14 de octubre de 2019, el d¨ªa en que se conoci¨® la sentencia del proc¨¦s; y la respuesta de la petici¨®n de colaboraci¨®n enviada al juzgado que indag¨® en el fallecimiento ¡ªpor infarto¡ª de un ciudadano franc¨¦s en plenos incidentes de El Prat, aunque el Tribunal Superior de Catalu?a y los Mossos descartaron que esta muerte estuviera relacionada con las protestas. Pese a ello, seg¨²n el juez, esta documentaci¨®n ¡°permiti¨® consolidar la hip¨®tesis de calificaci¨®n inicial, apreciando la existencia de hechos delictivos que, desde la calificaci¨®n inicial, revisten car¨¢cter de delito de terrorismo¡±.

Garc¨ªa-Castell¨®n cita tambi¨¦n como indicio de este delito la convocatoria por parte de Tsunami de una acampada y una manifestaci¨®n no comunicadas durante la jornada de reflexi¨®n previa a las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019. El magistrado cree que ambas movilizaciones buscaban ¡°subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones pol¨ªticas o de las estructuras econ¨®micas o sociales del Estado, u obligar a los poderes p¨²blicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo¡±, adem¨¢s de ¡°alterar gravemente la paz p¨²blica¡±. Por ello, cree que ambas acciones se ajustan a ¡°la definici¨®n de delito de terrorismo contenida en los tratados y acuerdos internacionales que Espa?a ha firmado¡±.

¡°La competencia objetiva¡± del Supremo. El magistrado rechaza los argumentos de la Fiscal¨ªa dirigidos a descartar la existencia de un delito de terrorismo o de indicios de organizaci¨®n criminal e insiste en que el caso debe instruirse en la Audiencia Nacional o en el Supremo, a quien el juez ha enviado la causa al entender que es necesario practicar una serie de ¡°diligencias¡± que afectan a dos aforados, Puigdemont (que es eurodiputado) y el diputado de ERC Ruben Wagensberg. ¡°La gravedad de los delitos que, en este momento, se vislumbran, la clara afectaci¨®n que estos tuvieron a los intereses generales, y a estructuras econ¨®micas esenciales del Estado, los da?os concretos que se causaron a los perjudicados y las graves lesiones sufridas por las v¨ªctimas del delito, no solo exigen su esclarecimiento promoviendo la acci¨®n de la justicia, sino que adem¨¢s exige, en defensa de la legalidad, que la instrucci¨®n y enjuiciamiento se efect¨²e por el ¨®rgano judicial que ostenta la competencia objetiva y funcional para ello¡±, reprocha el magistrado al ministerio p¨²blico.

Las diligencias practicadas en las ¨²ltimas semanas, insiste el magistrado, ¡°lejos de descartar, han permitido consolidar, pudiendo comprobar ahora, con mayor claridad [...] que la tesis de calificaci¨®n inicial [por terrorismo] se vislumbra, en este momento inicial, como plausible¡±. El juez cita los informes de Enaire y Aena sobre lo ocurrido en El Prat y extrae de ellos que se puso en riesgo la navegaci¨®n a¨¦rea.

¡°Des¨®rdenes p¨²blicos graves¡±. Las conclusiones a las que llega el magistrado son opuestas a las expuestas por la Fiscal¨ªa en el escrito con el que recurri¨® la decisi¨®n de Garc¨ªa Castell¨®n de citar como imputados por supuestos delitos de terrorismo a Puigdemont y Rovira, entre otros. El ministerio p¨²blico considera que los indicios contra ambos son ¡°insuficientes¡±, pero, adem¨¢s, descarta que los hechos protagonizados por Tsunami constituyan un delito de terrorismo. Los cuatro a?os de investigaci¨®n ¡°no han arrojado elementos que permitan sostener la existencia de una organizaci¨®n o grupo criminal, ni tampoco su car¨¢cter terrorista que es lo que justificar¨ªa la competencia de la Audiencia Nacional¡±, se?ala el ministerio p¨²blico.

Para la Fiscal¨ªa, no todos los hechos imputados a esta plataforma ¡°tienen estrictamente car¨¢cter delictivo¡±. Y los que lo son, no encajan en terrorismo. ¡°Los ¨²nicos hechos delictivos que constan en las actuaciones ser¨ªan los llevados a cabo en el aeropuerto de El Prat (Barcelona) y en el puesto fronterizo de La Junquera, constitutivos de des¨®rdenes p¨²blicos graves, una vez derogada la sedici¨®n¡±, se?ala el escrito firmado por el fiscal Miguel ?ngel Carballo, que s¨ª acusa de terrorismo a los 12 miembros de los Comit¨¦s de Defensa de la Rep¨²blica (CDR) que crearon supuestamente una ¡°c¨¦lula radical¡± para ¡°conseguir la independencia, empleando para ello la violencia¡±.

Carballo considera ¡°inveros¨ªmil¡± atribuir a los imputados el fallecimiento por infarto de un viajero durante el bloqueo del aeropuerto de El Prat, y aunque, alg¨²n acto del que se hizo eco Tsunami, termin¨® en disturbios y altercados graves, ¡°no consta en el procedimiento ni un solo dato que permita imputar a los investigados su criterio favorable a los mismos, a la ejecuci¨®n de actos violentos contra cuerpos policiales o dem¨¢s actuaciones, como destrozo de mobiliario urbano. Y menos a¨²n su inducci¨®n, cooperaci¨®n o participaci¨®n¡±, a?ade el fiscal.

Ni ¡°jerarqu¨ªas¡± ni distribuci¨®n de funciones¡±. El ministerio p¨²blico rechaza tambi¨¦n que se cumplan los requisitos necesarios que fija la jurisprudencia del Supremo para considerar la existencia de una organizaci¨®n criminal. ¡°No se han acreditado jerarqu¨ªas, ni distribuci¨®n de funciones entre los investigados, ni la existencia de un ¨®rgano directivo, ni tampoco la perpetraci¨®n concertada de diferentes hechos delictivos¡±, expone el ministerio p¨²blico, que a?ade: ¡°La mera concurrencia de varias personas en unas actuaciones no permite por s¨ª [misma] hablar tampoco de grupo criminal¡±.

El fiscal asegura que, tal y como lo define un informe de la Guardia Civil, Tsunami fue una ¡°iniciativa de movilizaci¨®n social y desobediencia, que logr¨® aglutinar bajo su paraguas ideol¨®gico todas las acciones impulsadas por cuantos colectivos independentistas catalanes compartiesen sus tesis soberanista¡±'. ¡°Es decir, una actuaci¨®n coral carente de cualquier elemento de connivencia u organizaci¨®n, y en todo caso de suma espont¨¢nea a tal movilizaci¨®n¡±.