El tortuoso camino de la amnist¨ªa hacia su aprobaci¨®n en el Congreso

El texto de la proposici¨®n de ley de amnist¨ªa que debate este martes el Congreso de los Diputados es fruto de muchas horas de negociaciones entre el PSOE y los grupos independentistas catalanes con un objetivo com¨²n: aprobar una ley que garantice la medida de gracia a todos los encausados por el proc¨¦s ¡ªm¨¢s de 400, seg¨²n c¨¢lculos de los negociadores¡ª y que consiga el aval del Tribunal Constitucional y de la justicia europea cuando les toque pronunciarse sobre la norma. Ninguno de estos dos prop¨®sitos es renunciable para los socialistas y sus socios, pero aunarlos se est¨¢ convirtiendo en un reto pol¨ªtico y jur¨ªdico cuyo ¨¦xito nadie se atreve ahora a adelantar.

La tramitaci¨®n de la ley se ha visto salpicada por resoluciones judiciales que, de un d¨ªa para otro, han cambiado el escenario que hab¨ªan previsto los impulsores de la norma cuando se sentaron a negociar, lo que ha obligado a acometer cambios en el texto para no dejar fugas en su constitucionalidad ni en su alcance generalizado a todos los encausados por el desaf¨ªo independentista.

El primer aviso lleg¨® incluso antes de que se conociera la primera versi¨®n de la proposici¨®n de ley. Cuando el PSOE y sus socios ultimaban un texto para presentarlo de forma conjunta en el Congreso, el juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n dict¨® un auto en el que, por primera vez tras cuatro a?os de instrucci¨®n, se?alaba como investigado en la causa de Tsunami Democr¨¤tic al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, l¨ªder de Junts y que est¨¢ llamado a ser uno de los principales beneficiarios de la amnist¨ªa. En esa resoluci¨®n, el magistrado se?ala tambi¨¦n a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, e insiste en investigar como delito de terrorismo las protestas contra la sentencia del Tribunal Supremo sobre el proc¨¦s, apoy¨¢ndose en un informe de la Guardia Civil que consider¨® que la plataforma que impuls¨® esas movilizaciones era una herramienta de ¡°desestabilizaci¨®n y de presi¨®n pol¨ªtica¡± que pretend¨ªa ¡°movilizar a miles¡± de personas para ¡°comprometer la estabilidad econ¨®mica, social, empresarial e institucional de Espa?a¡±.

Esa primera irrupci¨®n de Garc¨ªa-Castell¨®n en plena negociaci¨®n de la norma llev¨® al PSOE y los independentistas a revisar de extremo a extremo el texto que ya ten¨ªan casi cerrado y reescribir algunos apartados para garantizar que todos los encausados por el proc¨¦s, incluidos los de Tsunami Democr¨¤tic, quedar¨ªan bajo el paraguas de la amnist¨ªa. Finalmente, la proposici¨®n de ley registrada en solitario por el PSOE el 13 de noviembre implicaba amnistiar todos los delitos de terrorismo relacionados con el desaf¨ªo independentista, salvo aquellos que ya tuvieran sentencia firme, una circunstancia que estaban muy lejos de alcanzar tanto la causa del CDR ¡ªdonde tambi¨¦n se investiga este delito¡ª como la de Tsunami.

Pero a medida que avanzaba la tramitaci¨®n, muchos juristas, incluidos los letrados del Congreso, advirtieron de que esa diferencia de trato entre casos con sentencia firme o sin ella pod¨ªa poner ser cuestionada por el Constitucional o por la justicia europea, lo que implicaba un riesgo para la efectividad de la medida de gracia. Estos temores llevaron a los partidos a una nueva negociaci¨®n a contra reloj para pactar cambios que salvaguardasen la constitucionalidad de la ley sin dejar fuera a ninguno de los encausados.

Tras una primera negociaci¨®n fallida, el PSOE, ERC y Junts acordaron finalmente la semana pasada una enmienda para los delitos de terrorismo: se borr¨® la referencia a casos con sentencia firme y se apost¨® por amnistiar todos los supuestos de terrorismo vinculados al proc¨¦s salvo aquellos que hayan causado, ¡°de forma manifiesta y con intenci¨®n directa¡±, violaciones graves de los derechos humanos, en particular las previstas en el art¨ªculo 2 (derecho a la vida) y 3 (derecho a no ser sometido a tortura ni a trato inhumano o degradante) del Convenio Europeo para la Protecci¨®n de los Derechos Humanos y en el derecho internacional humanitario.

Al excluir de la amnist¨ªa solo aquellos actos terroristas que causen muertes o torturas de forma intencionada supuestamente se garantizaba que la medida de gracia beneficie a Puigdemont, Rovira y el resto de encausados por terrorismo. Hasta entonces, Garc¨ªa-Castell¨®n hab¨ªa vinculado las movilizaciones contra la sentencia del proc¨¦s con la muerte de un ciudadano franc¨¦s por un infarto en el aeropuerto de Barcelona, pero, en el caso de que los tribunales confirmaran esa relaci¨®n ¡ªrechazada por informes judiciales, de los Mossos y de los servicios de emergencia¡ª dif¨ªcilmente se les podr¨ªa atribuir intencionalidad.

El blindaje que con esa redacci¨®n parec¨ªa f¨¦rreo para la amnist¨ªa del expresidente catal¨¢n dur¨®, sin embargo, apenas 48 horas, el tiempo que tard¨® el juez de la Audiencia Nacional en dictar un auto en el sosten¨ªa por primera vez que algunos de los hechos que atribuye a los implicados en Tsunami violan ¡°el derecho a la vida e integridad f¨ªsica reconocidos en el art¨ªculo 15 de la Constituci¨®n espa?ola y el art¨ªculo 2 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos¡±, justo la l¨ªnea que marcaba la enmienda pactadas por el PSOE, ERC y Junts. Si prosperara la interpretaci¨®n del instructor, el expresidente catal¨¢n y el resto de encausados en este proceso ¡ªentre ellos, la secretaria general de ERC, Marta Rovira¡ª se quedar¨ªan fuera de la medida de gracia.

A ese movimiento de Garc¨ªa-Castell¨®n, refrendado este lunes en el auto en el que prorroga seis meses la instrucci¨®n de Tsunami, se une el paso dado por el juez que instruye la trama rusa del proc¨¦s en un juzgado de Barcelona, Joaqu¨ªn Aguirre, que tambi¨¦n apunta al expresidente catal¨¢n y sostiene que desde su entorno se realizaron maniobras para alterar la unidad territorial de Espa?a y buscar alianzas con Rusia, que buscaba desestabilizar a la UE. La proposici¨®n de ley deja fuera de la amnist¨ªa los ¡°delitos de traici¨®n¡± y contra la paz del Estado o los delitos que afecten ¡°a los intereses financieros de la Uni¨®n Europea¡± lo que, seg¨²n c¨®mo avance la investigaci¨®n, puede acabar dejando en el aire la aplicaci¨®n de la medida de gracia para los incluidos en este caso.