Europa ante la amnist¨ªa y¡ el terrorismo
El PP tiene motivos de sobra para hacer una oposici¨®n dura con la amnist¨ªa, pero juguetear con la p¨¦rdida de la calidad democr¨¢tica de Espa?a se sit¨²a extramuros de los que es o deber¨ªa ser un partido de Estado
La batalla que se est¨¢ librando en Espa?a en torno a la pol¨¦mica ley de amnist¨ªa por las secuelas del proc¨¦s tiene dos frentes internos muy diferenciados, el pol¨ªtico y el judicial, aunque en ocasiones ambas esferas se solapen e interact¨²en, bien a golpe de enmienda, bien a golpe de auto. En este tiempo, el PP ha dedicado enormes esfuerzos para implicar tambi¨¦n a la Uni¨®n Europea, en una especie de internacionalizaci¨®n de una disputa dom¨¦stica. Inicialmente, puso en circulaci¨®n la idea de que Espa?a era equiparable a la Hungr¨ªa de Viktor Orb¨¢n o la Polonia previa a la llegada de Donald Tusk, una estrategia singular y est¨¦ril cuyo objetivo era transmitir al exterior la imagen de una democracia de segunda divisi¨®n (ya saben, la que deriva en la risible tesis de que vamos de cabeza a un r¨¦gimen bolivariano o autocr¨¢tico).
El PP tiene motivos de sobra para hacer una oposici¨®n dura con la amnist¨ªa (las incoherencias del PSOE sobre el proc¨¦s y todo lo que ha venido despu¨¦s son may¨²sculas) pero juguetear con la p¨¦rdida de la calidad democr¨¢tica de Espa?a se sit¨²a extramuros de los que es o deber¨ªa ser un partido de Estado que, tarde o temprano, volver¨¢ a La Moncloa. Se puede entender, que no justificar, por la disputa con un menguante Vox, pero estos discursos, que pueden calar en los sectores de la sociedad m¨¢s polarizados, ni responden a la realidad (diferentes estudios internacionales acreditan cada a?o la buena salud general de la democracia espa?ola) ni representan a la mayor¨ªa de la poblaci¨®n. Y como bien saben PSOE y PP, las elecciones en Espa?a no se deciden en los extremos.
Fracasado el objetivo de convertir a Pedro S¨¢nchez en un remedo de Viktor Orb¨¢n mediterr¨¢neo, el PP s¨ª ha logrado esta internacionalizaci¨®n con la renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); con el apoyo del Parlamento Europeo para que se investigue si hubo injerencia rusa en el proc¨¦s (algo que por cierto ya ocurre) y con la visita de expertos de la Comisi¨®n de Venecia, ¨®rgano consultivo del Consejo de Europa, para recabar datos sobre la ley de amnist¨ªa. De momento, m¨¢s ruido que nueces.
En el primer caso, el partido de Alberto N¨²?ez Feij¨®o logr¨® que el Gobierno accediese a la mediaci¨®n del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, para conseguir el desbloqueo del ¨®rgano de gobierno de los jueces. Sin embargo, la foto de la semana pasada de Reynders con F¨¦lix Bola?os y Esteban Gonz¨¢lez Pons no reflejaba la idea de una Espa?a tutelada por Bruselas, m¨¢s bien la de un profesor que pone delante a dos alumnos enfurru?ados para que resuelvan sus diferencias.
En el terreno judicial, tambi¨¦n se atisba en el horizonte otro ¨¢mbito de internacionalizaci¨®n de los debates internos. Si el Tribunal Supremo asume finalmente la investigaci¨®n del caso Tsunami Democr¨¤tic por ver indicios de terrorismo en la actuaci¨®n de Carles Puigdemont, una hip¨®tesis probable, lo previsible es que el instructor de la causa termine dictando una euroorden contra el expresidente de la Generalitat. Desde enero de 2023 hay una doctrina del Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea (TJUE) que obligar¨ªa a B¨¦lgica a entregar a cualquier supuesto delincuente salvo que aprecie fallos ¡°sist¨¦micos¡± en la justicia espa?ola, pero los antecedentes no son alentadores: los jueces belgas rechazaron tres veces, entre 2004 y 2015, la entrega a Espa?a de la etarra Natividad J¨¢uregui, acusada del asesinato de un militar en 1981. La entrega se produjo finalmente en noviembre de 2020 tras un tortuoso proceso en el que tuvo que intervenir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En la investigaci¨®n por el proc¨¦s, el magistrado Pablo Llarena no consigui¨® convencer a la justicia belga de la ilegalidad de los actos de Puigdemont para lograr la independencia de Catalu?a, pese a que muchas de sus ves¨¢nicas decisiones pudieron verse en las televisiones de medio mundo. El instructor de la nueva causa no tendr¨¢, previsiblemente, una tarea menor: convencer a las autoridades belgas de que Puigdemont, como eurodiputado, dirigi¨® actividades terroristas desde Waterloo en 2019.
Y en este terreno, al igual que en el pol¨ªtico, tambi¨¦n se ventila el prestigio de la democracia espa?ola.
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