Investigaciones parlamentarias: entre la b¨²squeda de la verdad y el ajuste de cuentas
Las comisiones indagatorias han arrojado luz sobre asuntos de gran trascendencia en las ¨²ltimas d¨¦cadas, pero su uso se ha pervertido
En la brutal contienda pol¨ªtica, las comisiones de investigaci¨®n parlamentaria son las nuevas armas de destrucci¨®n del contrario. El PP quiere exprimir hasta la ¨²ltima gota del caso Koldo con una indagaci¨®n en el Senado paralela al sumario judicial. Y la izquierda replica con otra en el Congreso para extender la indagaci¨®n a la compra de mascarillas por todas las administraciones, tambi¨¦n las populares. Unos amenazan con hacer desfilar a Pedro S¨¢nchez y otros a Alberto N¨²?ez Feij¨®o. Al mismo tiempo, en la C¨¢mara baja est¨¢n en marcha otras tres comisiones exigidas por los independentistas, una de ellas que volver¨¢ sobre un asunto recurrente: la guerra sucia de la polic¨ªa bajo el mando del PP contra el secesionismo catal¨¢n.
Analistas, tertulianos y no pocos pol¨ªticos critican que un instrumento parlamentario, previsto en la Constituci¨®n para arrojar luz sobre ¡°cualquier asunto de inter¨¦s p¨²blico¡±, se haya convertido en un pretexto para el espect¨¢culo y la confrontaci¨®n. Tambi¨¦n lo lamentan personas involucradas en algunas de las 23 investigaciones abiertas en el Congreso desde la primera, en 1979, sobre las finanzas de RTVE. Pero la mayor¨ªa cree a la vez que su trabajo result¨® ¨²til para conocer a fondo acontecimientos que sacudieron el pa¨ªs - del 11-M a la crisis financiera o el accidente del tren Alvia en 2013 en Santiago- y proponer medidas correctoras.
El veneno de la colza. El envenenamiento masivo por la venta de aceite de colza adulterado motiv¨® la primera investigaci¨®n conjunta Congreso-Senado de la democracia. Despu¨¦s de ocho meses de trabajos -entonces a¨²n eran secretos- y de interrogar a 184 personas, el pleno de la C¨¢mara baja aprob¨® el 9 de junio de 1982 una bater¨ªa de medidas para mejorar la seguridad alimentaria. Por UCD, el partido gobernante, le toc¨® defender las conclusiones a un joven diputado todav¨ªa en activo hoy, en las filas del PP. Jos¨¦ Manuel Garc¨ªa-Margallo, que no hab¨ªa participado en la comisi¨®n, se encarg¨® de replicar a algunas cr¨ªticas por la falta de colaboraci¨®n de las Administraciones ¨C¡±ha habido que sacar con sacacorchos algunas informaciones¡±, se quej¨® el socialista Javier S¨¢enz de Cosculluela- y anunci¨® que se remitir¨ªa el informe a la Fiscal¨ªa para depurar responsabilidades. Margallo se muestra rotundo al defender la vigencia del instrumento: ¡°Es una de las funciones del Parlamento: controlar al Gobierno y dirimir responsabilidades¡±.
Llega la transparencia. Las comisiones proliferaron en la primera mitad de los noventa, cuando los esc¨¢ndalos asediaban al Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez. En 1994 se abandon¨® el car¨¢cter secreto de las sesiones. Con el PP en el Gobierno, el caso m¨¢s sonado fue el Gescartera, una agencia de valores que ten¨ªa v¨ªnculos con altos cargos populares y dilapid¨® los ahorros de 4.000 clientes. Despu¨¦s de tres meses de investigaci¨®n, la mayor¨ªa absoluta del PP impidi¨® en 2001 se?alar responsabilidades pol¨ªticas en la Administraci¨®n. Aun as¨ª, Juan Fernando L¨®pez Aguilar, que ejerci¨® como portavoz socialista, cree que mereci¨® la pena, entre otras cosas, porque ¡°ya revel¨® entonces que Rodrigo Rato [ministro de Econom¨ªa] manejaba dinero en el extranjero¡±.
L¨®pez Aguilar, hoy eurodiputado, evidencia que estas comisiones son ¡°un instrumento pol¨ªtico¡±, en el que ¡°la mayor¨ªa tiene la sart¨¦n por el mango para decidir la agenda, la lista de comparecientes y las conclusiones¡±, y que, por tanto, no hay que esperar de ellas una ¡°verdad judicial¡±. Pero el tambi¨¦n exministro de Justicia las defiende como ¡°caja de resonancia de asuntos de inter¨¦s p¨²blico¡± y medio para detectar defectos en la legislaci¨®n y proponer reformas consiguientes. ?l mismo presidi¨® en el Europarlamento la comisi¨®n que investig¨® el espionaje masivo en Europa de la Agencia de Seguridad Nacional de EE UU. All¨ª, explica, la diversidad de grupos pol¨ªticos impide que una mayor¨ªa se imponga y facilita un ¡°di¨¢logo racional para llegar a conclusiones racionales¡±. Aqu¨ª, en cambio, las investigaciones se usan ¡°de forma vengativa¡±.
Aznar contra el mundo. La comisi¨®n sobre la matanza del 11-M se prolong¨® m¨¢s de un a?o entre 2004 y 2005 y dej¨® algunas de las im¨¢genes ic¨®nicas de las investigaciones parlamentarias en Espa?a: la presidenta de la asociaci¨®n de v¨ªctimas, Pilar Manj¨®n, envuelta en l¨¢grimas y reprendiendo a los diputados ¨C¡±?de qu¨¦ se r¨ªen, se?or¨ªas?¡±- o el expresidente Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar enfrent¨¢ndose a todos con su ¡°ego desbordado¡±, en palabras de Gaspar Llamazares. El entonces l¨ªder de IU tambi¨¦n guarda un recuerdo especial de la comparecencia del comisario general de Informaci¨®n de la Polic¨ªa, Jes¨²s de la Morena, que ¡°se lo tom¨® muy en serio y no se cas¨® con nadie¡±.
¡°Se dio voz a las v¨ªctimas y a los investigadores. Y se propusieron medidas para mejorar la coordinaci¨®n entre polic¨ªas o para controlar el papel de los infiltrados¡±, valora el veterano pol¨ªtico. Esa funci¨®n de elevar recomendaciones para no repetir errores es, seg¨²n ¨¦l, una de las mejores aportaciones de estos comit¨¦s parlamentarios que, adem¨¢s, favorecen ¡°una cierta catarsis¡± ante acontecimientos traum¨¢ticos. Ahora, ¡°en un contexto de polarizaci¨®n y contaminaci¨®n partidista¡±, las comparecencias se plantean para infligir al convocado ¡°la pena de telediario¡±.
Abriendo las cloacas. Las actuaciones ilegales del Ministerio del Interior bajo el mando del PP, las conocidas como cloacas, han provocado hasta cuatro comisiones de investigaci¨®n en los ¨²ltimos a?os, una todav¨ªa pendiente de arrancar. La primera se cre¨® en 2017, trabaj¨® durante cuatro meses, y, seg¨²n la entonces diputada de Podemos Gloria Elizo, result¨® ¡°muy pertinente, porque por primera vez se puso en un documento p¨²blico la perversi¨®n de los medios p¨²blicos para su instrumentalizaci¨®n partidista¡±.
En otros pa¨ªses las comisiones tienen potestades para realizar registros e incautarse de documentos. Aqu¨ª, en cambio, Elizo dice que se enfrentaron a la falta de colaboraci¨®n del Gobierno del PP. ¡°Si se hacen bien, estas comisiones son tremendamente ¨²tiles¡±, sostiene. El problema, a?ade, es cuando se desenfoca por la lucha partidista, como muestra la reiteraci¨®n en volver sobre el mismo tema. Elizo propugna reformas para evitar que se impongan las mayor¨ªas, como suprimir dentro de la comisi¨®n el voto ponderado, en el que cada diputado pesa tanto como su grupo, e imponer el individual.
El hundimiento de las cajas. Durante un a?o y medio, entre mayo de 2017 y diciembre de 2018, en sesiones que a veces llegaban hasta la madrugada, una comisi¨®n del Congreso examin¨® el hundimiento de las cajas y de parte del sistema financiero espa?ol. Por all¨ª pasaron comisarios europeos, gobernadores del Banco de Espa?a, ministros de Econom¨ªa y los responsables de las entidades. ¡°Fue apasionante¡±, recuerda Ana Oramas, de Coalici¨®n Canaria, que ejerci¨® la presidencia. Hubo comparecientes como el exministro Pedro Solbes que admitieron errores. Y cruces de acusaciones con repercusi¨®n judicial, como los que protagonizaron los antiguos directivos del quebrado Banco Popular.
¡°Se supo la verdad¡±, afirma Oramas. ¡°Para eso sirve este instrumento: para atender una demanda social de conocer la verdad. Y luego ver si hay que tomar medidas y legislar para que no se repita lo sucedido¡±. M¨¢s all¨¢ de las responsabilidades penales, abunda la ahora vicepresidenta del Parlamento canario, est¨¢n las pol¨ªticas o la ¡°reprobaci¨®n ¨¦tica¡± de determinadas conductas. Y eso solo puede dilucidarse en un ¨¢mbito parlamentario.
Demasiado ruido. El duelo de comisiones entre Congreso y Senado ya se produjo en 2017. La C¨¢mara baja acord¨® investigar la financiaci¨®n ilegal del PP y este reaccion¨® aplicando su mayor¨ªa en el otro brazo legislativo para escudri?ar en la financiaci¨®n de todos los partidos. Despu¨¦s de casi dos a?os, el Congreso ni siquiera lleg¨® a un acuerdo para elaborar el dictamen. Por el camino quedaron im¨¢genes como la del extesorero del PP Luis B¨¢rcenas prestando declaraci¨®n por videoconferencia desde la c¨¢rcel.
¡°Cuando una comisi¨®n se ocupa de un asunto que est¨¢ en sede judicial, la comisi¨®n colapsa¡±, afirma el diputado del PNV Mikel Legarda. Aunque existe la obligaci¨®n legal de comparecer, no as¨ª de contestar a las preguntas y menos cuando, como era el caso, pod¨ªa comprometer la situaci¨®n judicial del convocado. Legarda ya ha perdido la cuenta de las comisiones en las que ha participado y se muestra muy esc¨¦ptico sobre su utilidad. ¡°El 60% o el 70% de lo que se hace es m¨¢s ruido que esclarecimiento. La mayor¨ªa se impone y a menudo las conclusiones est¨¢n predeterminadas desde el principio. Y esto coadyuba al deterioro que sufren las instituciones por el comportamiento de los pol¨ªticos¡±
Decepci¨®n de las v¨ªctimas. La creaci¨®n de una comisi¨®n de investigaci¨®n parlamentaria fue una larga batalla de las v¨ªctimas del accidente del tren Alvia en Santiago, el 24 de julio de 2013, con 80 muertos. El asunto salpicaba a sucesivos gobiernos del PP y el PSOE, y ambos la vetaron en 2016. Dos a?os m¨¢s tarde, ya con Pedro S¨¢nchez al mando, los socialistas permitieron crearla. Los trabajos concluyeron sin elaborar conclusiones por la disoluci¨®n del Congreso, y a las v¨ªctimas les ha quedado un sentimiento agridulce. Jes¨²s Dom¨ªnguez, presidente de la plataforma de afectados, destaca que se recabaron testimonios importantes y se oblig¨® a dar explicaciones a representantes de la Administraci¨®n. ¡°Pero mandaron los intereses pol¨ªticos¡±, lamenta. Los dos grandes partidos vetaron que se escuchase la grabaci¨®n del maquinista inmediatamente despu¨¦s del accidente quej¨¢ndose de la falta de seguridad y la emisi¨®n de un documental que las v¨ªctimas s¨ª pudieron mostrar en el Parlamento europeo. El PP oblig¨® a comparecer por segunda vez para rectificar a un testigo que hab¨ªa dejado en mal lugar a la exministra Ana Pastor. Luego se sabr¨ªa que Adif, la empresa p¨²blica que gestiona las infraestructuras ferroviarias, gast¨® 14.900 euros en contratar un despacho de abogados para que adiestrase a sus cargos antes de comparecer. Lo descubri¨® David Reinero, periodista de Praza P¨²blica, que durante una d¨¦cada rastre¨® todos los pormenores del caso.
Dom¨ªnguez, a la luz de su experiencia y sin perder del todo la fe en este tipo de indagaciones parlamentarias, tambi¨¦n opina que ser¨ªa preciso cambiar las normas ¡°para evitar que las mayor¨ªas puedan imponer su criterio¡±.
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