La vuelta de la amnist¨ªa al Congreso acerca el regreso a Espa?a de Puigdemont

El PP ha hecho valer este martes su mayor¨ªa absoluta en el Senado para aprobar el veto a la ley de amnist¨ªa. Era un paso previsto en la tramitaci¨®n parlamentaria de la ley que, lejos de suponer un frenazo para la medida de gracia, acerca su entrada en vigor. Ahora, el texto volver¨¢ al Congreso, donde est¨¢ previsto que se levante el veto con el apoyo del PSOE y sus socios parlamentarios y se vote su aprobaci¨®n definitiva. Aunque hay de plazo hasta mitad de julio, la intenci¨®n de los socialistas es que se haga en un pleno el 30 de mayo.

A partir de ah¨ª, ser¨¢ cuesti¨®n de horas que la norma se publique en el Bolet¨ªn Oficial del Estado (BOE) y entre en vigor. En ese momento la amnist¨ªa empezar¨¢ a desplegar sus primeros efectos, que repercuten directamente en algunos de los encausados, entre ellos, el l¨ªder de Junts, Carles Puigdemont: los tribunales deber¨¢n acordar de forma ¡°inmediata¡± el alzamiento de las medidas cautelares y las ¨®rdenes de detenci¨®n, lo que implica que el Tribunal Supremo tendr¨¢ que dejar sin efecto la orden nacional de detenci¨®n que pesa sobre el expresident desde noviembre de 2017 y que es la que ha frenado su vuelta a Espa?a en estos casi siete a?os.

Fuentes jur¨ªdicas se?alan que este alzamiento de medidas, en teor¨ªa, debe ser casi autom¨¢tico, al margen de que el tribunal estudie luego si la amnist¨ªa es o no aplicable a Puigdemont. Con todo, el texto establece que son los jueces los que tienen que levantar las cautelares, por lo que la decisi¨®n estar¨¢ en manos del Supremo. Si, como se espera, la Sala Penal levanta la orden de detenci¨®n en las horas posteriores a la entrada en vigor de la ley, Puigdemont podr¨¢ a partir de ese momento viajar a Espa?a sin riesgo a ser arrestado.

El plazo para celebrar el pleno de constituci¨®n del Parlament salido de las elecciones del pasado domingo termina el 10 de junio, por lo que, seg¨²n cu¨¢ndo fije esta sesi¨®n, el l¨ªder de Junts podr¨ªa llegar incluso a tiempo de la puesta de largo de la C¨¢mara, aunque no se ha comprometido a ello. Despu¨¦s, el nuevo presidente del Parlament tendr¨¢ 10 d¨ªas h¨¢biles para convocar el pleno de investidura, un plazo que termina el 25 de junio.

Para entonces, lo previsible es que el Supremo no haya comunicado todav¨ªa si aplica la amnist¨ªa a Puigdemont, que tiene dos causas abiertas, la del proc¨¦s, donde est¨¢ procesado por malversaci¨®n agravada y desobediencia; y la de Tsunami Democr¨¤tic, en la que se le investiga por terrorismo. Desde el momento de la entrada en vigor de la ley, el tribunal cuenta con dos meses para decidir, en cada uno de esos dos procesos, entre tres opciones: amnistiarlo; elevar una cuesti¨®n a la justicia europea o al Tribunal Constitucional; o rechazar aplicar la medida de gracia al expresidente catal¨¢n en alguno de los dos procedimientos. Los dos primeros escenarios garantizan que Puigdemont pueda permanecer en Catalu?a sin riesgo a ser detenido, al menos hasta que haya respuesta de la justicia comunitaria o del tribunal de garant¨ªas. Pero una hipot¨¦tica negativa del Supremo a aplicar la amnist¨ªa le dejar¨ªa expuesto y tendr¨ªa que comparecer ante la justicia o afrontar una nueva orden detenci¨®n.

Los pasos que vaya dando el alto tribunal van a repercutir no solo en Puigdemont y el resto de encausados que huyeron de la justicia espa?ola y a los que el tribunal tendr¨¢ que renunciar a juzgar si aplica la ley, sino tambi¨¦n sobre los l¨ªderes independentistas a los que conden¨® en la causa del proc¨¦s y que, aunque fueron indultados de la pena de c¨¢rcel, siguen teniendo pendiente la de inhabilitaci¨®n.

En esta situaci¨®n se encuentra Oriol Junqueras, que este martes se ha reafirmado como presidente de ERC. Su condena decae con la amnist¨ªa, pero si el alto tribunal, como es previsible, eleva el caso al TJUE, la aplicaci¨®n de la amnist¨ªa quedar¨ªa en suspenso y la inhabilitaci¨®n seguir¨¢ vigente hasta que haya respuesta. Fuentes jur¨ªdicas cifran entre ocho y 18 meses la duraci¨®n del procedimiento en el tribunal europeo, en funci¨®n de si los jueces comunitarios consideran que existen razones para hacer una tramitaci¨®n acelerada o de urgencia. Estos plazos, en principio, volver¨ªan a impedir que Junqueras concurriese a las elecciones en el caso de que hubiera que repetir los comicios del pasado domingo, salvo que pidiera al TJUE medidas cautelares para que no se suspenda la amnist¨ªa mientras el tribunal resuelve sobre la cuesti¨®n planteada por el Supremo y los jueces europeos se las concedieran.

Con todo, habr¨ªa un escenario peor para Junqueras, que ser¨ªa que el Supremo concluyera que la malversaci¨®n por la que se conden¨® a los l¨ªderes independentistas no tiene encaje en la medida de gracia. En la ¨²ltima versi¨®n de la ley se acot¨® la aplicaci¨®n de la amnist¨ªa solo a los casos en los que est¨¦ dirigida a financiar actos vinculados al proc¨¦s y ¡°siempre que no haya existido prop¨®sito de enriquecimiento¡±, una enmienda pactada por el PSOE y sus socios para sortear las objeciones de Europa a amnistiar delitos de corrupci¨®n. Pero la jurisprudencia del Supremo sostiene que el enriquecimiento no se produce solo cuando hay un enriquecimiento personal y en eso bas¨® el alto tribunal su rechazo a aplicar a los l¨ªderes secesionistas la ¨²ltima reforma del delito de malversaci¨®n. La ley intenta limitar el margen de maniobra de los jueces al fijar que no se considerar¨¢ enriquecimiento cuando no haya habido ¡°el prop¨®sito de obtener un beneficio personal de car¨¢cter patrimonial¡±, pero fuentes del alto tribunal dan por seguro que habr¨¢ debate sobre este asunto antes de tomar una decisi¨®n.

El tribunal augura tambi¨¦n debate sobre la aplicaci¨®n de la medida de gracia a la causa de Tsunami Democr¨¤tic, repartida entre el Supremo (que investiga a los aforados: Puigdemont y al diputado de ERC en el Parlament Rub¨¦n Wagensberg) y la Audiencia Nacional, y en la que los jueces ven indicios de terrorismo, un delito para el que la ley de amnist¨ªa plantea excepciones. El juez Manuel Garc¨ªa Castell¨®n ha citado a declarar por videoconferencia el pr¨®ximo 22 de mayo a ocho de los imputados, entre ellos la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que huy¨® a Suiza en 2018. La causa tendr¨¢ que quedar en suspenso antes de finales de julio si el instructor pregunta sobre la ley de amnist¨ªa al TJUE o al Constitucional.