El Tribunal de Cuentas declara visto para sentencia la causa contra los l¨ªderes del ¡®proc¨¦s¡¯

El Tribunal de Cuentas ha declarado este mi¨¦rcoles visto para sentencia la causa contra los l¨ªderes del proc¨¦s por supuesto desv¨ªo de fondos para la organizaci¨®n del refer¨¦ndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la promoci¨®n exterior de los planes independentistas. En principio, esta declaraci¨®n es el paso previo para que en el plazo aproximado de un mes se dicte la correspondiente sentencia. En teor¨ªa cabe la posibilidad de que el tribunal aplique inmediatamente la Ley de Amnist¨ªa ¨Dcuyo debate se cierra ma?ana jueves en el Congreso¨D y archive el expediente. Sin embargo, la aprobaci¨®n de la ley deja igualmente el camino abierto para que el Tribunal de Cuentas plantee una cuesti¨®n de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, en el caso de que tenga dudas sobre el encaje de dicha ley con el propio texto de la Carta Magna, o que se dirija al Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea (TJUE) en forma de cuesti¨®n prejudicial, antes de dictar sentencia.

En este expediente est¨¢n encausados los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente, Oriol Junqueras, y varios consejeros y ex altos cargos y funcionarios de la administraci¨®n catalana, hasta un total de 35 acusados de implicaci¨®n en dichos gastos irregulares. Los tr¨¢mites que haya que seguir, seg¨²n la lectura y aplicaci¨®n que se haga de la Ley de Amnist¨ªa, est¨¢n en manos de la consejera del Tribunal de Cuentas que presidi¨® el juicio el pasado 17 de diciembre. Desde entonces dicha consejera, Elena Hern¨¢ez ¨Dnombrada a propuesta del PP en la ¨²ltima renovaci¨®n del ¨®rgano fiscalizador, en octubre de 2021¨D ha venido realizando diversos tr¨¢mites, como rechazar los recursos de las defensas para que no se les aplicaran recargos a las cantidades reclamadas, por la prolongaci¨®n del procedimiento, y finalmente para recibir las conclusiones de acusaciones y defensas.

El fiscal ha reclamado a los encausados la devoluci¨®n de 3,1 millones de euros a la administraci¨®n catalana, como perjudicada por el desv¨ªo de fondos. Sociedad Civil Catalana, a su vez, ha estimado que dicha responsabilidad contable se eleva a cinco millones de euros. Las defensas han solicitado el sobreseimiento del expediente, alegando la inexistencia de responsabilidad contable y la vulneraci¨®n de derechos fundamentales a lo largo de todo el procedimiento fiscalizador del Tribunal de Cuentas.

Las cantidades finalmente exigidas por las acusaciones son muy inferiores a las manejadas al comienzo de la instrucci¨®n del expediente, que llegaron a situarse en decenas de millones de euros, al contabilizarse la pr¨¢ctica totalidad de los viajes al exterior que realizaron los l¨ªderes del proc¨¦s, considerando que se hab¨ªan efectuado para promover en el ¨¢mbito internacional los planes de las fuerzas independentistas. La Generalitat rehus¨® ejercitar acciones contra los expedientados, al no estimarse perjudicada por su actuaci¨®n, y pidi¨® que pudiera avalarles por medio de una fianza depositada por el Instituto Catal¨¢n de Finanzas.

Este aval fue aceptado por el Tribunal de Cuentas tras una larga controversia en la que se impidi¨® inicialmente esta actuaci¨®n por considerarse que se trataba de un subterfugio para impedir que los encausados hicieran frente a su responsabilidad por el desv¨ªo de fondos. Tras su renovaci¨®n de octubre de 2021, mediante un acuerdo entre el PSOE y el PP todav¨ªa presidido por Pablo Casado, el ¨®rgano fiscalizador acept¨® dichos avales, con lo que pudieron levantarse todos los embargos que se hab¨ªan acordado previamente en relaci¨®n con los bienes y propiedades inmobiliarias de los l¨ªderes del proc¨¦s.