La aplicaci¨®n de la ley de amnist¨ªa desata una guerra en la c¨²pula de la Fiscal¨ªa

La aplicaci¨®n de la ley de amnist¨ªa a los principales l¨ªderes independentistas ha abierto una guerra en la Fiscal¨ªa de la que ya se conoce qui¨¦n ser¨¢ el ganador. El fiscal general del Estado, ?lvaro Garc¨ªa Ortiz, que tiene la potestad de imponer su criterio en la posici¨®n que se adopte finalmente sobre la medida de gracia para todos los encausados del proc¨¦s, orden¨® este viernes a los fiscales del caso que defiendan ante el Tribunal Supremo la amnist¨ªa a los procesados y condenados por malversaci¨®n, entre ellos, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras. Inmediatamente despu¨¦s, los cuatro fiscales, atrincherados en la posici¨®n contraria, enviaron un escrito en que confirman que van a llevar al l¨ªmite su oposici¨®n, forzando la convocatoria de una Junta de Fiscales de Sala para obligar a los integrantes de la c¨²pula fiscal a alinearse en uno de los dos bandos. La reuni¨®n se celebrar¨¢ el pr¨®ximo martes, 18 de junio. Lo que diga la junta no es vinculante para Garc¨ªa Ortiz, que tendr¨¢ la ¨²ltima palabra sobre el criterio que se fije ante el Supremo. Pero aunque tenga asegurada la victoria, las batallas intermedias pueden ahondar en el desgaste del fiscal general.

El escrito suscrito por Garc¨ªa Ortiz sostiene, a lo largo de 133 p¨¢ginas, la tesis contraria a la que han defendido los cuatro fiscales del proc¨¦s (Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno). Seg¨²n el jefe del ministerio p¨²blico, aquellos hacen una interpretaci¨®n de la ley que no se corresponde ni con la voluntad de los impulsores de la norma, que pretenden que la medida de gracia beneficie a todos los encausados por el desaf¨ªo independentista ¡ªtambi¨¦n a los que lo est¨¢n por malversaci¨®n¡ª ni con el articulado de la ley. La Fiscal¨ªa se rige por el principio de dependencia jer¨¢rquica, lo que implica que los fiscales tienen que seguir el criterio de Garc¨ªa Ortiz. Pero los fiscales del proc¨¦s se han rebelado formalmente contra la postura de su jefe por considerarla ¡°improcedente y contraria a las leyes¡±, y han pedido activar el art¨ªculo 27 del Estatuto del Ministerio P¨²blico, un mecanismo para solventar las discrepancias entre superiores y subordinados.

Ese precepto desembocar¨¢ el martes en una junta de fiscales de sala, el principal ¨®rgano asesor del fiscal general. Las fuerzas en este c¨®nclave, compuesto por 37 miembros, est¨¢n divididas, aunque el precedente m¨¢s reciente es favorable a Garc¨ªa Ortiz: el pasado abril, la mayor¨ªa apoy¨® su tesis a favor de proponer el archivo de la denuncia por revelaci¨®n de secreto presentada contra la propia Fiscal¨ªa por la pareja de la presidenta madrile?a, Isabel D¨ªaz Ayuso. La mayor¨ªa de las fuentes consultadas consideran que este ¨®rgano volver¨¢ a inclinarse a favor del fiscal general, lo que reforzar¨¢ su postura a favor de pedir al Supremo que amnist¨ªe todos los delitos a los l¨ªderes independentistas y levante las ¨®rdenes de detenci¨®n que mantiene activas, entre ellas la que pesa sobre Puigdemont. Los fiscales del proc¨¦s ya han avisado de que si esta es la posici¨®n final que adopte el ministerio p¨²blico, ellos se apartar¨¢n del caso, por lo que Garc¨ªa Ortiz tendr¨ªa que encargar el informe final a otros fiscales del Supremo.

Estas son algunas de las claves del escrito del fiscal general.

Malversaci¨®n. Los fiscales del proc¨¦s sostienen que no se puede amnistiar el delito de malversaci¨®n porque ¡°supuso un beneficio patrimonial¡± para sus autores y la ley aprobada por el Congreso deja fuera de la medida de gracia ese supuesto. Garc¨ªa Ortiz discrepa de esta interpretaci¨®n y se basa para ello en la propia sentencia del Supremo que conden¨® a los l¨ªderes independentistas. Seg¨²n el jefe del ministerio p¨²blico, los fiscales confunden los conceptos ¡°¨¢nimo de lucro¡± y ¡°enriquecimiento¡±, a pesar de que el tribunal concluy¨® que, aunque los l¨ªderes independentistas ¡°obraron con ¨¢nimo de lucro¡±, no lo hicieron con el prop¨®sito de obtener un enriquecimiento personal.

¡°Es l¨®gico concluir que siempre que el responsable del delito se hubiera limitado a desviar fondos p¨²blicos con la ¨²nica finalidad de financiar, sufragar o facilitar la convocatoria y/o celebraci¨®n de las consultas del 9 de noviembre de 2014 y del 1 de octubre de 2017, dicha conducta deba ser considerada comprendida en el art. 1.1.b) LOA (Ley Org¨¢nica de Amnist¨ªa) y, por consiguiente, amnistiada por imperio de la ley. Por el contrario, la conducta no se considerar¨¢ susceptible de ser amnistiada cuando, al margen de la voluntad o ¨¢nimo de conseguir la celebraci¨®n de las consultas, el responsable del delito persiguiera, asimismo, la consecuci¨®n de otras finalidades de car¨¢cter econ¨®mico o patrimonial¡±, concluye el fiscal general.

Garc¨ªa Ortiz considera, adem¨¢s, que hay que tener en cuenta la voluntad del legislador y que esta, seg¨²n se desprende del pre¨¢mbulo de la norma, es amnistiar todos los delitos vinculados al proc¨¦s, incluido la malversaci¨®n.

Da?o a los intereses financieros de la UE. Una de las condiciones que impone la ley para conceder la medida de gracia es que los hechos no hayan causado da?o a los intereses financieros de la UE. Los fiscales Cadena, Zaragoza, Madrigal y Moreno sostienen que la malversaci¨®n del proc¨¦s s¨ª que perjudic¨® econ¨®micamente a la Uni¨®n Europea y, por tanto, no se puede amnistiar. ¡°La Ley de Amnist¨ªa afecta directamente a los intereses financieros de la UE por cuanto la finalidad de todo el proc¨¦s fue la desintegraci¨®n de Espa?a y la declaraci¨®n de independencia de Catalu?a (...), se?alan los fiscales en su informe. En su opini¨®n, ¡°el consiguiente riesgo de fractura territorial de la UE y la consiguiente disminuci¨®n de los ingresos y fondos que forman parte de su presupuesto, repercute negativamente en los propios intereses financieros de la Uni¨®n¡±.

Garc¨ªa Ortiz considera, sin embargo, que estas afirmaciones ¡°topan¡± con el relato de hechos de la sentencia del Supremo, en la que ¡°literalmente se indica que todos los l¨ªderes del proc¨¦s condenados eran plenamente conscientes de la manifiesta imposibilidad de lograr la independencia de Catalu?a, concluyendo que, en realidad, toda su actuaci¨®n se orient¨® a presionar al Gobierno de la naci¨®n para negociar un refer¨¦ndum, ¨¦ste s¨ª, susceptible de homologaci¨®n¡¯¡±. ¡°Por consiguiente, resulta dif¨ªcil aceptar que la conducta gener¨® una amenaza grave para los intereses financieros de la Uni¨®n Europea¡±, advierte el fiscal general, para quien esta tesis de los fiscales del alto tribunal choca incluso con la conclusi¨®n a la que ellos mismos han llegado para otros delitos, como el de desobediencia, a los que s¨ª creen que puede aplicarse la amnist¨ªa, a pesar de que la finalidad de estos delitos tambi¨¦n era conseguir la independencia de Catalu?a.

Neutralidad de la Fiscal¨ªa. Garc¨ªa Ortiz advierte de que el documento entregado por los cuatro fiscales utiliza argumentos ¡°que desbordan el plano estrictamente jur¨ªdico, que comprometen la necesaria imagen de neutralidad e imparcialidad del Ministerio Fiscal¡± ¡°Por ello, resultan de todo punto improcedentes¡±, afirma. El fiscal general les reprocha que valoren las intenciones o la estrategia pol¨ªtica de los partidos al impulsar la ley y les recuerda que el examen sobre la constitucionalidad de la norma debe limitarse a determinar si esta se adecua a la Constituci¨®n. ¡°Al margen de conjeturas e hip¨®tesis a prop¨®sito de las razones que, en opini¨®n de los firmantes de los proyectos de informe, han motivado la aprobaci¨®n de la ley, no se aporta un solo argumento objetivo que permita concluir que esta norma no contribuya a la consecuci¨®n del objetivo que el pre¨¢mbulo claramente dice perseguir: la normalizaci¨®n institucional, pol¨ªtica y social en Catalu?a¡±, afirma.

La constitucionalidad de la amnist¨ªa. El jefe del ministerio p¨²blico considera que el an¨¢lisis que realizan los fiscales del proc¨¦s sobre la constitucionalidad de la amnist¨ªa resulta ¡°manifiestamente incompleto¡± porque omite datos ¡°relevantes¡±, como distintas normas estatales y auton¨®micas aprobadas en Espa?a desde la entrada en vigor de la Constituci¨®n que expresamente contemplan la amnist¨ªa y a los que no se opusieron en su momento el Consejo de Estado ni el CGPJ. Tambi¨¦n recuerda que Espa?a ha suscrito ¡°numerosos¡± acuerdos internacionales que contemplan la amnist¨ªa como forma de extinci¨®n de la responsabilidad disciplinaria y que prev¨¦n de forma expresa la posibilidad de que se puedan amnistiar hechos con relevancia penal. El fiscal subraya, adem¨¢s, que la amnist¨ªa, como forma o mecanismo de extinci¨®n de la responsabilidad penal, se encuentra expresamente reconocido en el ordenamiento jur¨ªdico de la Uni¨®n Europea.

Separaci¨®n de poderes. Garc¨ªa Ortiz se?ala que la ley, ¡°lejos de ¡®corregir¡¯ o poner en duda el trabajo de los jueces, como aseguran los fiscales del proc¨¦s, ¡°se limita¡± a amnistiar determinados hechos ¡°por razones de orden pol¨ªtico, orientadas a la ¡®normalizaci¨®n institucional, pol¨ªtica y social en Catalu?a¡±. ¡°Ser¨¢ a los jueces y juezas a quienes corresponder¨¢, adem¨¢s del control de constitucionalidad y compatibilidad con el ordenamiento jur¨ªdico europeo de la norma, la interpretaci¨®n y aplicaci¨®n de la misma a los casos concretos sometidos a enjuiciamiento¡±, recuerda.