Sale en libertad el primer condenado a c¨¢rcel por los ERE amparado por el Tribunal Constitucional

Al filo de las nueve de la noche de este lunes ha abandonado la c¨¢rcel de Sevilla II Miguel ?ngel Serrano, justo cuando se cumpl¨ªan 18 meses de su ingreso en prisi¨®n para cumplir la pena de seis a?os y medio de prisi¨®n por malversaci¨®n y 17 de inhabilitaci¨®n por la que fue condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla -que luego fue ratificada por el Tribunal Supremo- en la llamada pieza pol¨ªtica de los ERE. Esta ma?ana el Tribunal Constitucional ha anulado la totalidad de su condena.

Serrano hab¨ªa sido director de la Agencia de Innovaci¨®n y Desarrollo de Andaluc¨ªa (Idea), el ente p¨²blico encargado de firmar las ayudas. La Audiencia Provincial de Sevilla hab¨ªa ordenado su excarcelaci¨®n. En la providencia a la que ha tenido acceso este diario, los magistrados piden que se expida ¡°mandamiento de libertad al director del Centro Penitenciario¡±, tras haberse anticipado el fallo del Constitucional por correo electr¨®nico. ¡°La estimaci¨®n total del recurso de amparo determina la inmediata puesta en libertad de mi cliente, ha sido una enorme satisfacci¨®n¡±, ha explicado su abogado Juan Carlos Alf¨¦rez. ¡°Se elimina por completo la malversaci¨®n global a la que fueron condenados a excepci¨®n de aquellos actos que verdaderamente constituyan una desviaci¨®n clara de la finalidad para la que el legislador cre¨® la partida, lo que sin duda, afectar¨¢ al devenir de las piezas por enjuiciar¡±, abunda.

El Tribunal Constitucional ha iniciado este martes el dictado de una serie de sentencias sobre el caso de los ERE de Andaluc¨ªa que pr¨¢cticamente dejar¨¢ vac¨ªas de contenido buena parte de las condenas impuestas por la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo a una quincena de ex altos cargos del Gobierno andaluz del PSOE por delitos de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n.

En el caso de Serrano, el Constitucional sostiene que la condena al ex alto cargo de la Junta respondi¨® a una incorrecta interpretaci¨®n de la ley por parte de la Audiencia Provincial y del Supremo. Por ello, ordena retrotraer el procedimiento para que la Audiencia sevillana, en tanto que tribunal sentenciador, elabore un nuevo fallo, que en el caso de Serrano Aguilar tendr¨¢ que traducirse, seg¨²n fuentes del Constitucional, en una sentencia absolutoria. En esencia, el argumento del ¨®rgano de garant¨ªas es que no pudo cometerse prevaricaci¨®n y malversaci¨®n en la aplicaci¨®n de unas ayudas (los ERE fraudulentos) que estaban recogidas expresamente en las leyes de presupuestos, unas normas que eran aprobadas a?o tras a?o por el Parlamento auton¨®mico y que nadie recurri¨®.

El caso de los ERE fraudulentos, que afect¨® de lleno al PSOE andaluz ¡ªcon dos hist¨®ricos socialistas condenados, Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n¡ª y fue utilizado como arma de oposici¨®n por el PP durante a?os, se sald¨® en 2022 con la condena ratificada en el Supremo a 15 ex altos cargos de la Junta. Tres m¨¢s, que hab¨ªan sido condenados por la Audiencia Provincial en 2019, fueron absueltos por el Supremo, y otro falleci¨®. Seis de los condenados permanecen en prisi¨®n. Aquella sentencia sosten¨ªa que, entre los a?os 2000 y 2009, el Gobierno andaluz urdi¨® un ¡°sistema fraudulento¡± dotado con 680 millones de euros que, en medio de un ¡°descontrol absoluto¡±, reparti¨® fondos a empresas en crisis para garantizar la ¡°paz social¡±.

De los 15 condenados, 12 presentaron recurso ante el Constitucional. El de Serrano Aguilar es el tercero que resuelve el ¨®rgano de garant¨ªas, tras el de la exconsejera Magdalena ?lvarez (a quien concedi¨® amparo parcial) y el del exconsejero Jos¨¦ Antonio Viera (que fue desestimado de plano). El resto ser¨¢n resueltos antes de agosto.

La legalidad de las leyes de presupuestos

La sentencia dictada este martes por el Constitucional ¡ªde la que ha sido ponente la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalb¨¢n, del sector progresista¡ª estima que Miguel ?ngel Serrano Aguilar vio vulnerados sus derechos a la legalidad penal y a la presunci¨®n de inocencia porque tanto la Audiencia como el Supremo realizaron ¡°una interpretaci¨®n y aplicaci¨®n imprevisible¡± del delito de prevaricaci¨®n. Esa clase de interpretaciones est¨¢ ¡°prohibida¡± por el art¨ªculo 25 de la Ley Fundamental, subraya el ¨®rgano de garant¨ªas.

El art¨ªculo 404 del C¨®digo Penal tipifica como delito de prevaricaci¨®n que las autoridades o funcionarios p¨²blicos, a sabiendas de su injusticia, dicten resoluciones arbitrarias en un asunto ¡°administrativo¡±. Seg¨²n el Constitucional, aunque las firmas de convenios particulares ¡ªcomo las suscritas por los organismos que dirig¨ªa Serrano Aguilar para el pago de ayudas a empresas en crisis¡ª puedan ser consideradas resoluciones administrativas, no puede apreciarse que incurran en arbitrariedad porque estaban amparadas en las leyes de Presupuestos de Andaluc¨ªa aprobadas por el Parlamento auton¨®mico entre 2002 y 2009, que no fueron recurridas.

El Constitucional subraya que los ¨®rganos judiciales ¡°no pueden interferir en las relaciones institucionales entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo so pena de infringir el principio de separaci¨®n de poderes¡±. Y concluye que no cabe interpretar que una actuaci¨®n que estaba amparada en la ley de Presupuestos es ilegal, porque se llev¨® a cabo conforme a lo que establec¨ªa esa norma.

Serrano Aguilar, se?ala la sentencia, ¡°no puede ser condenado por actuar conforme a lo que expresamente se dispon¨ªa en las memorias que determinaban los objetivos del programa [de la ley de presupuestos], c¨®mo hab¨ªa de ejecutarse y qui¨¦n deb¨ªa hacerlo¡±. Por ello, el tribunal estima que la condena por malversaci¨®n es contraria al derecho a la legalidad penal.

Como en el caso de las ponencias preparadas para resolver otros recursos de los ERE, la sentencia sobre el exdirector del IFA subraya que el acusado se limit¨® a aplicar una ley que deb¨ªa considerarse ¡°v¨¢lida¡± en la medida en que no hab¨ªa sido declarada inconstitucional, porque nunca fue recurrida. La condena por dicho delito, por tanto, supone una ¡°interpretaci¨®n imprevisible¡± de la ley, ya que los hechos juzgados ¡°estaban amparados en lo dispuesto en el programa 3.1 L incorporado a las distintas leyes de presupuestos¡±. El tribunal tambi¨¦n estima vulnerado el derecho de presunci¨®n de inocencia porque ni la Audiencia de Sevilla ni el Supremo argumentaron la relaci¨®n de la conducta del acusado ¡°con aquellas actuaciones que supongan una disposici¨®n de fondos p¨²blicos para fines distintos a los previstos en el referido programa¡±.

Como en el caso del amparo parcial a la exconsejera de Econom¨ªa de la Junta Magdalena ?lvarez, la sentencia ha contado con los votos particulares en contra de los magistrados Ricardo Enr¨ªquez, Enrique Arnaldo, C¨¦sar Tolosa y Concepci¨®n Espejel, del sector conservador del tribunal. La magistrada Mar¨ªa Luisa Segoviano, del sector progresista, ha presentado un voto particular concurrente, es decir, de acuerdo con el fallo de la sentencia pero divergente en cuanto a algunos de sus argumentos.

La Junta: ¡°Hubo fraude¡±

A pesar de la sentencia conocida hoy y de las que se prev¨¦n, en la misma l¨ªnea, en las pr¨®ximas semanas, el Gobierno andaluz, actualmente en manos del PP, se aferra al rastro del dinero defraudado en los ERE para mantener que este fue el caso m¨¢s grave de corrupci¨®n en Espa?a. ¡°La malversaci¨®n es la base que nos permite reclamar ese dinero, que fue defraudado, porque lo dice el Tribunal Supremo¡±, ha dicho esta tarde el portavoz de la Junta, Ram¨®n Fern¨¢ndez-Pacheco. ¡°El ¨²ltimo fin que persigue la Junta no es encarcelar a nadie, porque a estos se?ores no los juzg¨® nadie del PP. Lo que quiere es que el dinero de los parados andaluces vuelva a los parados andaluces¡±, ha remarcado.

El propio presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, durante el debate sobre el estado de la comunidad la semana pasada, afirm¨® que el prop¨®sito de su Gobierno es ¡°recuperar el dinero sustra¨ªdo¡±. La Junta ya ha ingresado m¨¢s de 27 millones de euros; las sentencias firmes y el Tribunal de Cuentas han reconocido la devoluci¨®n de otros 62 millones, y la Junta est¨¢ personada en ¡°decenas¡± de casos en los que reclama 135 millones m¨¢s.

En este sentido, el abogado de Serrano tambi¨¦n es claro: ¡°Creemos desde m¨¢ximo respeto, que ha existido un enorme desconocimiento en la opini¨®n p¨²blica sobre qu¨¦ se enjuici¨® en concreto en el llamado ¡°procedimiento espec¨ªfico¡±, lo que lleva al error de sostener que se haya producido una malversaci¨®n de 700 millones de euros. La malversaci¨®n verdaderamente producida ser¨¢ la que se determine tras enjuiciar todas y cada una de las piezas y saber qu¨¦ concretas ayudas de concedieron apartadas de la finalidad del programa y cuales se ajustaron el programa, pero me atrevo a opinar que ser¨¢n la minor¨ªa, pues la mayor¨ªa del programa fue a parar a los m¨¢s de 6.000 prejubilados que a d¨ªa hoy siguen cobrando su prejubilaci¨®n¡±.