El ¨²ltimo gran caso de presunta corrupci¨®n urban¨ªstica en la Costa del Sol encara su final 18 a?os despu¨¦s del inicio de la investigaci¨®n

Han hecho falta casi dos d¨¦cadas para que Astapa, el ¨²ltimo gran caso de presunta corrupci¨®n urban¨ªstica de la Costa del Sol, quede visto para sentencia. Este lunes, 18 a?os despu¨¦s del inicio de la operaci¨®n policial, las 37 personas acusadas en el juicio han podido ejercer su derecho a la ¨²ltima palabra. Solo lo han hecho una decena, entre ellos el entonces alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, que ha subrayado que el tiempo transcurrido desde su detenci¨®n en 2008 hasta ahora ha sido ¡°muy duro¡±. Como el suyo, el resto de testimonios ha servido para conformar un relato dram¨¢tico y emocional repleto de crisis psicol¨®gicas, depresi¨®n, ansiedad, enfermedades o problemas familiares y profesionales. ¡°Lo que les une es que en todo este tiempo han tenido el trato de culpables y no de presuntos inocentes¡±, explica el abogado de tres de ellos, Jos¨¦ Carlos Aguilera. ¡°Este es el paradigma de la insolvencia del Estado de derecho¡±, ha insistido el letrado. La sentencia se conocer¨¢ el pr¨®ximo 8 de noviembre.

Han sido 37 personas las que han tenido la oportunidad de ejercer su derecho a la ¨²ltima palabra como acusados, pero Astapa lleg¨® a tener a 109 personas encausadas y un enorme volumen de documentaci¨®n: 128 tomos principales con 351.114 folios, adem¨¢s de 646 piezas documentales. Todo procede de una investigaci¨®n policial que arranc¨® en 2006 para esclarecer un presunto caso de corrupci¨®n urban¨ªstica generalizada en el Ayuntamiento de Estepona tras la denuncia de un concejal, David Valadez, que luego ser¨ªa elegido alcalde. Las pesquisas trataban de descubrir la existencia de una supuesta trama que infravaloraba convenios urban¨ªsticos con el objetivo de que distintos cargos pol¨ªticos se enriquecieran. El fiscal ha mantenido que exist¨ªa una caja b en el consistorio con ¡°aportaciones de promotores con intereses inmobiliarios¡±. El principal acusado era Barrientos, para quien se solicitaban inicialmente 10 a?os y nueve meses de prisi¨®n por cuatro delitos, y tambi¨¦n se ped¨ªan penas de c¨¢rcel para concejales, empresarios, abogados y funcionarios.

El caso se fue desinflando a medida que pasaban los a?os. Primero por problemas en los medios inform¨¢ticos y de personal, como denunci¨® en distintas ocasiones el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA), que provocaron que cada paso administrativo se eternizara. La instrucci¨®n se cerr¨® en mayo de 2017 y en julio de 2018 la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n acus¨® ya solo a 51 personas, por los delitos de malversaci¨®n, cohecho, prevaricaci¨®n, falsedad, fraude y tr¨¢fico de influencias. Con el arranque del juicio, en enero de 2023, los argumentos de la investigaci¨®n volvieron a reducirse tras acordarse anular las escuchas que dieron origen al caso, y sobre las que siempre plane¨® la sombra del comisario jubilado Jos¨¦ Manuel Villarejo, como denunci¨® en distintas ocasiones Barrientos.

Adem¨¢s, el proceso judicial tuvo que ser dividido en una decena de bloques tem¨¢ticos para intentar facilitar el trabajo a todas las partes. As¨ª, se han tratado supuestas irregularidades en convenios urban¨ªsticos, dep¨®sitos bancarios en Suiza y Andorra, pagos de comisiones, financiaci¨®n ilegal de partidos o enriquecimiento presuntamente il¨ªcito de acusados, entre otras cuestiones. Todo ello con la participaci¨®n de centenares de peritos y testigos.

El fiscal rebaja sus penas

Tras 15 meses de juicio con hasta tres sesiones semanales, el fiscal, Valent¨ªn Bueno, quit¨® a¨²n m¨¢s peso al caso el pasado mes de junio. Primero, acab¨® retirando la acusaci¨®n a nueve personas, mientras para otras dos la causa se sobresey¨®. Y, m¨¢s tarde, en su escrito final de acusaci¨®n, rebaj¨® la petici¨®n de penas para todos los 37 acusados que quedaban, entre ellos el regidor esteponero, para quien la solicitud bajaba de diez a dos a?os de c¨¢rcel. Este lunes, el propio Barrientos hizo balance: ¡°Han sido 16 a?os muy duros, muy largos¡±. ¡°Creo que en mi caso, con el cargo que desempe?aba, esto se multiplica de forma exponencial, ya que quien ha acaparado el caso Astapa en los medios de comunicaci¨®n ha sido Antonio Barrientos¡±, ha se?alado, seg¨²n recoge Europa Press. ¡°Estoy muy satisfecho de que haya terminado ya este aut¨¦ntico calvario por el que hemos pasado: 16 a?os que no se los deseo a nadie¡±, ha insistido ya a la salida de la Audiencia Provincial.

Para Jos¨¦ Carlos Aguilera, abogado de tres de los acusados ¡ªFrancisco Zamorano, entonces concejal de Hacienda; Mar¨ªa Luisa Rodr¨ªguez, concejala de Playas; y un empresario¡ª ha puesto el foco precisamente en las dificultades que ellos y otros muchos encausados han tenido desde que arranc¨® la investigaci¨®n policial. ¡±Embargos de pensiones, patrimonio o dep¨®sitos en bancos, problemas familiares, empresas arruinadas. Ha habido medidas cautelares que han estado vigentes hasta hace poco y que han tenido un efecto devastador en el plano familiar, personal o profesional de muchos de ellos¡±, ha lamentado el letrado, cuya tesis de defensa se ha basado en que igual que los delitos prescriben, como m¨¢ximo, a los diez a?os, ¡°un Estado no puede tardar 18 a?os en enjuiciar unos hechos¡±. ¡°Esto se hace ya para dictar sentencia, pero no para impartir justicia¡±, ha concluido.

El caso ha quedado pr¨¢cticamente visto para sentencia, a falta solo de localizar a un ¨²ltimo acusado para darle la oportunidad de ejercer el derecho a la ¨²ltima palabra o renunciar a ello. El tribunal prev¨¦ que la sentencia se haga p¨²blica el pr¨®ximo 8 de noviembre, cuando se realizar¨¢ una lectura p¨²blica de la misma, seg¨²n ha explicado el magistrado de la Secci¨®n Tercera de la Audiencia Provincial de M¨¢laga, Andr¨¦s Rodero, que ha lamentado no poder emitir antes el fallo de un procedimiento ¡°de tantos a?os¡± ni tampoco poder adelantar las posibles absoluciones. Una vez m¨¢s despu¨¦s de 18 a?os, toca esperar.