Un informe advierte de la ¡°creciente irrelevancia¡± del Parlamento frente al Gobierno por el abuso del decreto-ley

El 27% de las normas con rango de ley aprobadas en el a?o 2022 (20 de 74) eran reales decretos-ley, un instrumento previsto en la Constituci¨®n para situaciones de ¡°extraordinaria y urgente necesidad¡± y que aprueba directamente el Gobierno ¡ªaunque luego, una vez en vigor, tenga que ser convalidado por el Congreso¡ª. El a?o pasado, la proporci¨®n se hab¨ªa elevado ya al 32% (8 de 25). Un informe de la Fundaci¨®n Hay Derecho presentado este viernes llama la atenci¨®n sobre este dato que, seg¨²n los autores del estudio, certifica una ¡°creciente irrelevancia¡± del Parlamento, ¡°eclipsado por el Gobierno¡± en su funci¨®n principal, que es la legislativa.

La ¡°normalizaci¨®n de los decretos-ley como fuente ordinaria de regulaci¨®n¡± supone la ¡°degradaci¨®n del propio proceso legislativo¡±, se?ala el texto, que pone el foco en otras situaciones que considera ¡°anomal¨ªas democr¨¢ticas¡±, como ¡°la sombra de politizaci¨®n¡± que se cierne sobre los nombramientos de la ¨¦lite judicial y fiscal o el incremento de perfiles pol¨ªticos en el Tribunal Constitucional.

El Informe del Estado de Derecho de 2024 es el segundo de este tipo que realiza la Fundaci¨®n Hay Derecho, una organizaci¨®n sin ¨¢nimo de lucro que promueve la regeneraci¨®n institucional y la defensa del Estado de Derecho contra la corrupci¨®n. El documento, que pretende medir con datos la salud de la democracia espa?ola, recoge cifras de los a?os 2022 y 2023, aunque se incluyen algunas referencias a hechos m¨¢s recientes, como el acuerdo para la renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la elecci¨®n como presidenta de Isabel Perell¨®, la primera mujer que llega a este puesto. El texto se centra de forma casi exclusiva en las ¡°patolog¨ªas¡± del sistema, que atribuye en parte al clima de ¡°estr¨¦s institucional¡± relacionado directamente con la polarizaci¨®n pol¨ªtica y a la politizaci¨®n de las instituciones.

El documento ha sido presentado en la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid durante un acto en el que ha intervenido Javier Zarzalejos, eurodiputado por el PP y presidente de la Comisi¨®n de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, que ha asegurado que hay un ¡°deslizamiento¡± en algunos pa¨ªses, entre ellos Espa?a, hacia pr¨¢cticas que tienen ¡°poco que ver¡± con lo que deber¨ªa ser la plasmaci¨®n del Estado de derecho. Zarzalejos ha puesto el foco en el ¡°deterioro¡± de la separaci¨®n de poderes y la ¡°degradaci¨®n de la calidad¡± del proceso legislativo, y ha lamentado que, a su juicio, la democracia espa?ola es ¡°cada vez menos parlamentaria¡±.

El abuso del real decreto-ley es una de las anomal¨ªas que cita el texto en el caso del Poder Legislativo. El informe advierte de que este instrumento ¡°presenta menos garant¨ªas de participaci¨®n democr¨¢tica y calidad t¨¦cnica¡± que las previstas para la elaboraci¨®n de leyes ordinarias y org¨¢nicas. Adem¨¢s, se?ala, ning¨²n decreto-ley de los tramitados como proyecto de ley en 2022 y 2023 han terminado siendo aprobados como ley, por lo que siguen vigentes en la forma en la que los concibi¨® el Gobierno.

El documento reprocha tambi¨¦n la frecuencia con la que se recurre a las proposiciones de ley (presentadas por los grupos parlamentarios) para dar cauce, en realidad, a proyectos de ley ¡°encubiertos¡± (la v¨ªa exclusiva para iniciativas de ley del Gobierno y que habr¨ªa de pasar por m¨¢s tr¨¢mites y consultas); el ¡°abuso¡± en la declaraci¨®n de urgencia o de lectura ¨²nica en las tramitaciones legislativas; la introducci¨®n de enmiendas ¡°heterog¨¦neas¡± en la fase final de la tramitaci¨®n parlamentaria para acelerar su aprobaci¨®n; y, en sentido contrario, la congelaci¨®n v¨ªa pr¨®rroga indefinida de los plazos de enmiendas.

En 2022, un total de 21 proposiciones de ley (sobre 96) provinieron de los grupos parlamentarios que conformaban el Gobierno, seg¨²n los datos recabados por la fundaci¨®n. En 2023, la cifra asciende a 18 de 95 proposiciones de ley. ¡°De esta manera, el Gobierno, aun contando con la v¨ªa del proyecto de ley, que es m¨¢s garantista, presenta iniciativas a trav¨¦s de los grupos parlamentarios que lo conforman, lo cual permite eludir informes y consultas en la fase de elaboraci¨®n de la propuesta de texto¡±, subraya el informe.

Seg¨²n el texto, ¡°falta planificaci¨®n y sobra imprevisi¨®n¡± en materia legislativa: m¨¢s de 200 normativas aprobadas en 2023 no estaban previstas en los Planes Normativos anuales. El informe destaca tambi¨¦n que Espa?a est¨¢ a la cabeza del incumplimiento de las obligaciones legislativas europeas. Abundan los incumplimientos relacionados tanto con la transposici¨®n o aplicaci¨®n incorrecta de las directivas europeas (47) como con la incorporaci¨®n tard¨ªa de las obligaciones comunitarias a trav¨¦s de leyes espa?olas (24).

La politizaci¨®n del Constitucional

En materia judicial, el informe concluye que faltan jueces (al menos 350, seg¨²n el CGPJ), lo que sit¨²a a Espa?a como el quinto con menos jueces por habitantes en la UE. La secretaria general de la Fundaci¨®n Hay Derecho, Elisa de la Nuez, encargada de presentar el informe, ha destacado esto: los datos apuntan a que el gasto en justicia es ¡°ineficiente¡±, porque, aunque aumenta el presupuesto, tambi¨¦n lo hace la congesti¨®n judicial. Los autores del informe vuelven a reclamar, adem¨¢s, que se desligue el nombramiento y cese del fiscal general del Estado del per¨ªodo de mandato del Gobierno, reforzar la autonom¨ªa del Ministerio Fiscal con la reforma de su estatuto y establecer para los nombramientos discrecionales del Ministerio Fiscal unas reglas claras de evaluaci¨®n y un baremo objetivo de m¨¦ritos.

Otro de los elementos que destaca el texto es el aumento de la vinculaci¨®n pol¨ªtica de los magistrados del Tribunal Constitucional. Cuando se observan los datos hist¨®ricos, se?ala el informe, el n¨²mero de magistrados constitucionales con vinculaciones pol¨ªticas, incluidos los que han ostentado cargos a propuesta de partidos, ha crecido notablemente. Seg¨²n el estudio, m¨¢s del 60% de los magistrados actuales del tribunal de garant¨ªas ha tenido vinculaci¨®n pol¨ªtica, una proporci¨®n que se ha disparado desde 2017 (entonces era del 35%). ¡°La percepci¨®n de independencia del ¨®rgano tambi¨¦n se puede ver mermada por la consolidaci¨®n de la tendencia observada en el informe a votar por bloques alineados ideol¨®gicamente en casos sensibles pol¨ªticamente¡±, recoge el texto de la Fundaci¨®n Hay Derecho.