Claves | Las medidas del plan de regeneraci¨®n del Gobierno y todo lo que se queda fuera

El llamado plan de regeneraci¨®n democr¨¢tica ¡ªque el presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, anunci¨® en mayo tras tomarse un periodo de reflexi¨®n para decidir si continuaba o no en La Moncloa, y que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros¡ª incluye finalmente 31 medidas. Estas afectan al poder ejecutivo, al legislativo y al cuarto poder (los medios de comunicaci¨®n), adaptando legislaci¨®n y planes europeos, redactando nuevas leyes o modificando otras vigentes, lo que obligar¨¢ a fraguar consensos para sacarlas adelante en un Parlamento muy fragmentado. El PP ya ha descalificado las medidas a las que se refieren como ¡°plan de degeneraci¨®n¡±. El Gobierno, que subraya el contexto europeo de preocupaci¨®n por la creciente desconfianza en las instituciones y ¡°desgaste¡± del sistema democr¨¢tico, prev¨¦ aplicar el plan de ahora a 2027. Estas son las medidas que se proponen y las que no han sido incluidas en el proyecto:

Transparencia, conflictos de intereses y lucha contra la corrupci¨®n

Ley de secretos oficiales. El plan presentado este martes incluye la reforma de la ley de secretos oficiales, asunto sobre el que el Parlamento ha debatido en numerosas ocasiones, sobre todo a iniciativa del PNV, con borradores que no acababan de cuajar para modificar la norma vigente. La ley actual es preconstitucional (data de 1968, a¨²n en el franquismo) y est¨¢ alejada del contexto europeo en la materia. El plan de regeneraci¨®n no concreta en qu¨¦ consistir¨ªan los cambios.

Ley de grupos de inter¨¦s. Es otro cl¨¢sico del debate parlamentario que no se ha materializado hasta ahora en norma de obligado cumplimiento para el control de los lobbies o grupos de inter¨¦s. El objetivo es facilitar ¡°el seguimiento del proceso legislativo¡± y reforzar las obligaciones de transparencia por parte de los cargos p¨²blicos. Adem¨¢s, el plan incluye una reforma de los reglamentos de las Cortes Generales para sancionar a los diputados y senadores que no sean honestos en sus declaraciones de bienes y actividades. Los parlamentarios estar¨¢n obligados a hacer p¨²blicas sus reuniones con aquellas personas f¨ªsicas o jur¨ªdicas que traten de ¡°modificar o influir sobre cuestiones relacionadas con la elaboraci¨®n o la modificaci¨®n de iniciativas legislativas¡±. De igual forma, se propone reforzar el r¨¦gimen sancionador para los partidos pol¨ªticos que no presenten sus cuentas de manera adecuada.

Rendici¨®n de cuentas semestral y debate del estado de la naci¨®n anual. El plan incluye introducir la obligaci¨®n legal de rendici¨®n de cuentas para todas las administraciones p¨²blicas cada seis meses, una especie de examen de cumplimiento de las promesas pol¨ªticas o grado de ejecuci¨®n de los programas electorales con los que los diferentes partidos se hicieron con el poder a nivel nacional, auton¨®mico o local. Tambi¨¦n se plantea reformar el reglamento del Congreso para que sea obligatorio celebrar cada a?o un debate sobre el estado de la naci¨®n.

Nuevas fiscal¨ªas y protecci¨®n al denunciante. El documento propone crear, en un plazo de dos meses y a trav¨¦s de un real decreto, la figura de la Autoridad Independiente de Protecci¨®n del Informante para proteger a quien denuncia posibles casos de corrupci¨®n en las instituciones y administraciones p¨²blicas. Tambi¨¦n se plantea implementar dos nuevas unidades especializadas en la Fiscal¨ªa General del Estado para atacar tanto la corrupci¨®n p¨²blica como privada, ampliando la plantilla de fiscales dedicados a la investigaci¨®n y enjuiciamiento de este tipo de casos.

Debate electoral obligatorio y publicaci¨®n de los microdatos de las encuestas. En Espa?a, la ley electoral regula, por ejemplo, el tiempo que la televisi¨®n p¨²blica debe dedicar a cada formaci¨®n pol¨ªtica ¡ªde acuerdo a los resultados obtenidos en las elecciones anteriores¡ª, pero no recoge como obligaci¨®n la celebraci¨®n de un debate para contrastar propuestas entre los diferentes candidatos, lo que a menudo ha provocado que el aspirante con mejores expectativas electorales prefiera no arriesgarse y rechace ese tipo de formatos. Para evitar eso, el plan propone reformar la ley org¨¢nica del r¨¦gimen electoral general (LOREG) y establecer la ¡°obligaci¨®n¡± de debatir en campa?a. Tambi¨¦n plantea el Gobierno reformar esa ley para obligar a las casas de encuestas a publicar los microdatos de sus sondeos electorales de forma que cualquier instituci¨®n o ciudadano pueda analizarlos y extraer sus propias estimaciones.

Medios de comunicaci¨®n y libertad de expresi¨®n

Delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Entre las medidas que propone el Gobierno y que necesitar¨¢n de apoyo parlamentario para ser aprobadas figura una ¡°reforma integral de los art¨ªculos del C¨®digo Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresi¨®n y a la creaci¨®n art¨ªstica, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio p¨²blico u otros supuestos¡±. Se pretende as¨ª homologar la normativa espa?ola a la legislaci¨®n de otros pa¨ªses del entorno y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de difamaciones contra condenas espa?olas al considerar que vulneraban el derecho a la libertad de expresi¨®n. No se especifica en qu¨¦ se traducir¨ªa esa reforma integral.

Derecho al honor y derecho de rectificaci¨®n. El plan propone reformar la ley org¨¢nica de protecci¨®n civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, as¨ª como la ley que regula el derecho de rectificaci¨®n, para adecuar ambas normativas al impacto y los nuevos ritmos de las redes sociales agilizando los plazos para rectificar contenidos falsos o abiertamente tendenciosos y garantizar indemnizaciones ¡°adecuadas¡±.

Transparencia y nuevos requisitos de la publicidad institucional. El plan presentado este martes en el Consejo de Ministros toma como referencia la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicaci¨®n, aprobada el pasado marzo y de obligado cumplimiento para los estados miembros de la UE a partir de agosto de 2025. El Parlamento Europeo advirti¨®, ya en 2020, de que las noticias falsas ¡°han sido utilizadas por grupos y pol¨ªticos de extrema derecha y populistas para atacar a grupos minoritarios y contribuir a la ret¨®rica contraria a la inmigraci¨®n, lo que ha llevado a un aumento de los episodios de discurso del odio racista y xen¨®fobo, as¨ª como de la discriminaci¨®n¡±. Las Fuerzas de Seguridad del Estado investigaron el a?o pasado 2.268 delitos o incidentes de odio, un 21,3% m¨¢s que en 2022, la mayor¨ªa (856) relacionados con el racismo y la xenofobia; 522 con la orientaci¨®n sexual; 352 con la ideolog¨ªa y 206 con el g¨¦nero.

El plan prev¨¦ crear un registro p¨²blico que permita a los ciudadanos conocer qui¨¦nes son los propietarios de los diferentes medios de comunicaci¨®n y qu¨¦ inversi¨®n publicitaria reciben. Se establece el deber de publicaci¨®n anual de la inversi¨®n publicitaria por parte de todas las administraciones p¨²blicas y dos reformas en la ley de Publicidad institucional ¡°para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminaci¨®n¡± en su asignaci¨®n -es decir, que una administraci¨®n p¨²blica no pueda comprarse un medio para garantizarse informaciones favorables a su gesti¨®n- y para ¡°garantizar¡± que los sistemas de medici¨®n de audiencias sean transparentes, imparciales y verificables. Todas estas medidas tienen ¡ªadem¨¢s de a la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para gestionar el registro de medios tras una reforma ad hoc¡ª a la Secretar¨ªa de Estado de Comunicaci¨®n y las Cortes generales como instituciones responsables de las mismas.

¡°Para evitar las presiones pol¨ªticas y empresariales¡±, el reglamento europeo tambi¨¦n establece medidas de protecci¨®n del periodista, como el impulso de la ley del secreto profesional, una vieja reclamaci¨®n de las asociaciones del sector, o la transposici¨®n de la directiva europea ¡°Anti SLAPP¡± frente a ¡°acosos externos¡± y que permite a los jueces desestimar r¨¢pidamente demandas manifiestamente infundadas contra los profesionales de la informaci¨®n. Otras propuestas asociadas a las ¡°garant¨ªas de la independencia¡± tienen que ver con un nuevo intento de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, en las sanciones relacionadas con las coberturas en las que se tomen im¨¢genes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; un refuerzo de la autorregulaci¨®n de los medios y las Plataformas Digitales que queda al albur de la propia industria ¡°en el marco del C¨®digo de buenas pr¨¢cticas a nivel europeo¡±; y la introducci¨®n de l¨ªmites a la financiaci¨®n que las administraciones p¨²blicas ¡°pueden dedicar a los medios de comunicaci¨®n, para que no haya medios impulsados por o dependientes de las administraciones p¨²blicas¡±, aspecto este ¨²ltimo dependiente de la Secretar¨ªa de Estado de Comunicaci¨®n y de las Cortes Generales. La ¨²nica medida prevista para la revisi¨®n de los ¡°mecanismos de defensa del pluralismo y la competencia para evitar la concentraci¨®n de medios de comunicaci¨®n en pocas manos¡± consiste en la revisi¨®n de la regulaci¨®n existente.

Esta bater¨ªa de propuestas incluyen la aprobaci¨®n de una estrategia nacional ¡°contra las campa?as de desinformaci¨®n¡±, dependiente del Departamento de Seguridad Nacional y del Ministerio de Presidencia; un programa de ayudas de 100 millones de euros para promover la digitalizaci¨®n de medios de comunicaci¨®n; una reforma de la CNMC ¡°para que cuente con competencias en materia de servicios digitales y medios¡±; y la creaci¨®n de una nueva comisi¨®n en el Congreso de los Diputados sobre desinformaci¨®n.

Tras la presentaci¨®n de las medidas este martes, la Federaci¨®n de Asociaciones de Periodistas de Espa?a (FAPE) ha pedido al Gobierno a trav¨¦s de un comunicado que el Plan de acci¨®n democr¨¢tica ¡°se aplique con el m¨¢ximo rigor para salvaguardar el derecho a la informaci¨®n veraz que recoge el art¨ªculo 20 de la Constituci¨®n¡±. La FAPE destaca ¡°la intenci¨®n del Ejecutivo de establecer unos criterios que definan qu¨¦ es un medio de comunicaci¨®n, en un marco jur¨ªdico y formativo que garantice tanto el acceso a la informaci¨®n veraz de la ciudadan¨ªa como las condiciones en las que desarrollan su labor los profesionales de estos medios¡±. Y en este sentido, la Federaci¨®n apoya la reforma de la Ley de Publicidad Institucional prevista, as¨ª como el impulso de una ley de secreto profesional para la protecci¨®n de las fuentes, adem¨¢s de exigir ¡°como organizaci¨®n nacional m¨¢s representativa de los profesionales de la informaci¨®n formar parte de la comisi¨®n de expertos que debe abordar las reformas¡± anunciadas. La Asociaci¨®n de Medios de Informaci¨®n (AMI), que representa a m¨¢s de 80 asociados espa?oles ¡ªentre ellos, EL PA?S¡ª ante instituciones nacionales, europeas e internacionales, ha emitido tambi¨¦n un breve comunicado donde esta organizaci¨®n anuncia que ¡°estudiar¨¢ estas medidas con el m¨¢ximo rigor, siempre desde el respeto y defensa de la libertad de informaci¨®n recogido en la Constituci¨®n como derecho fundamental¡±.

Lo que se queda, de momento, fuera del plan

El documento presentado este martes por el Gobierno en rueda de prensa deja fuera medidas planteadas en los ¨²ltimos meses por diversas organizaciones sociales, especialmente en el ¨¢mbito de la Justicia y de la imagen de neutralidad e independencia de las instituciones. Por ejemplo, +Democracia plante¨® que los mandatos del fiscal general del Estado no coincidan con los del Ejecutivo, para facilitar que esa autoridad conviva con dos gobiernos y no est¨¦ estrictamente vinculada a un determinado color pol¨ªtico, o que cargos de responsabilidad en organismos como el CIS o la oficina del Defensor del Pueblo no tengan v¨ªnculos pol¨ªticos recientes.

El C¨®digo de Buenas Pr¨¢cticas propuesto por las organizaciones Espa?a Mejor y Hay Derecho planteaba, asimismo, la necesidad de que los miembros del Gobierno se comprometan a ¡°mantener una actitud respetuosa¡± en todo momento, incluidas ¡°las redes sociales¡±, sin caer en ¡°la descalificaci¨®n, el insulto, el hostigamiento, o el acoso¡±, y que todos los cargos por debajo de secretario de Estado sean funcionarios. En cuanto al reglamento de las Cortes, +Democracia propuso que los diputados pudieran votar en secreto en las comisiones de investigaci¨®n, ya que el investigado puede ser miembro de su propio partido, y evitar que puedan celebrarse sobre asuntos que ya est¨¢n judicializados.