El PSOE acumula cr¨ªticas de juristas por su propuesta para restringir la acusaci¨®n popular

El PSOE ha abierto una nueva batalla en el Congreso de los Diputados, donde ha presentado este viernes una proposici¨®n de ley de ¡°garant¨ªa y protecci¨®n de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas¡±. Esta iniciativa contempla, entre otras medidas, limitar el ejercicio de la acusaci¨®n popular en las investigaciones penales y, adem¨¢s, proh¨ªbe que los partidos pol¨ªticos puedan ejercerla. Los socialistas han impulsado esta normativa ¡ªque ha generado ya numerosas cr¨ªticas de la oposici¨®n, de juristas y de colectivos civiles y profesionales¡ª cuando salpican al Gobierno varios sumarios donde se han personado acusaciones populares. Y lo hacen pese a que la formaci¨®n liderada por Pedro S¨¢nchez recurre habitualmente a esta figura jur¨ªdica para intervenir en causas abiertas en los tribunales.

¡°Esta reforma no tiene vocaci¨®n de generalidad, sino que presenta la apariencia de haber sido concebida para su espec¨ªfica aplicaci¨®n a casos concretos¡±, opina el magistrado Sergio Oliva, portavoz de la Asociaci¨®n Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda m¨¢s numerosa de la carrera judicial. Estas son algunas claves de la propuesta de ley del PSOE y de las cr¨ªticas que ha generado:

Prohibici¨®n a los partidos. La reforma introduce que los partidos pol¨ªticos, as¨ª como las ¡°asociaciones o fundaciones vinculadas¡± a ellos, no puedan ejercitar la acci¨®n popular. El PSOE argumenta que as¨ª se puede ¡°prevenir el riesgo de instrumentalizaci¨®n del proceso que dimana de su intervenci¨®n activa en el debate pol¨ªtico¡±. ¡°[Es una] ley de impunidad para la familia socialista¡±, ha censurado Alberto N¨²?ez Feij¨®o, presidente del PP, personado como acusaci¨®n popular en el caso Koldo ¡ªsobre la supuesta trama de corrupci¨®n que anid¨® en el Ministerio de Transportes en ¨¦poca del Jos¨¦ Luis ?balos, ex secretario de Organizaci¨®n de los socialistas¡ª. Vox, presente en las causas abiertas contra la esposa y el hermano de S¨¢nchez, tambi¨¦n lo ha criticado.

El jurista Enrique Santiago, diputado de Izquierda Unida (IU) y Sumar, tampoco lo ve con buenos ojos: ¡°La acusaci¨®n popular es un avance democr¨¢tico que ha posibilitado perseguir la corrupci¨®n y las violaciones de Derechos Humanos ante la inacci¨®n del Estado. El lawfare [guerra jur¨ªdica] se combate impidiendo que los jueces hagan pol¨ªtica, no restringiendo la acusaci¨®n popular¡±, ha tuiteado. IU ejerci¨® como acusaci¨®n popular, por ejemplo, en el caso de los papeles de B¨¢rcenas.

La postura del PSOE choca, adem¨¢s, con la actuaciones que la propia formaci¨®n ha desplegado durante a?os en los tribunales, y que sigue desplegando. De hecho, hace apenas un mes, en una nota de prensa emitida para justificar su presencia en la Audiencia Nacional como acusaci¨®n popular en el caso Koldo, el PSOE defend¨ªa que esta figura jur¨ªdica es ¡°fundamental para garantizar la transparencia y la colaboraci¨®n ciudadana en la Administraci¨®n de Justicia¡±: ¡°Rechazamos las insinuaciones sobre un supuesto riesgo de politizaci¨®n del caso¡±.

Esta no es la ¨²nica instrucci¨®n donde el PSOE act¨²a actualmente como acusaci¨®n popular. Seg¨²n inform¨® Infolibre, los socialistas pidieron hace solo unos d¨ªas personarse en la causa impulsada contra el eurodiputado ultra Luis P¨¦rez, alias Alvise, por financiaci¨®n irregular. Tambi¨¦n est¨¢n en los sumarios sobre la trama del fraude de hidrocarburos vinculada al empresario V¨ªctor de Aldama ¡ªel comisionista del caso Koldo¡ª; sobre la guerra sucia urdida contra Podemos en la ¨¦poca de Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz (PP) al frente del Ministerio del Interior; o sobre el presunto fraude fiscal cometido por Alberto Gonz¨¢lez Amador, novio de Isabel D¨ªaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Adem¨¢s, han participado habitualmente en procedimientos que salpican a los conservadores, como el caso Kitchen, relacionado con el espionaje ilegal al extesorero popular Luis B¨¢rcenas.

Excluir a las asociaciones fiscales y judiciales. La propuesta del PSOE prev¨¦ que tampoco puedan ejercer la acusaci¨®n popular los ¡°miembros de las carreras judicial o fiscal y las asociaciones profesionales de jueces y fiscales¡±. ¡°Ello impedir¨ªa actuar en defensa de intereses leg¨ªtimos de jueces y magistrados¡±, apunta el magistrado Sergio Oliva: ¡°Y, en todo caso, resulta preocupante que siempre se dude de los jueces como colectivo, tendencia a la que algunas fuerzas pol¨ªticas est¨¢n incurriendo en los ¨²ltimos tiempos, lo que socava la confianza de la sociedad en el Estado de Derecho¡±.

¡°No parece que sea muy correcto. Sobre todo porque, al darle car¨¢cter retroactivo, supone echarnos del procedimiento cuando est¨¢bamos personados en legal forma, conforme a la legislaci¨®n aplicable en ese momento¡±, prosigue Miguel Pallar¨¦s, portavoz de la Asociaci¨®n Profesional Independiente de Fiscales (APIF), que actualmente ejerce la acusaci¨®n popular en la causa abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, ?lvaro Garc¨ªa Ortiz. La reforma de los socialistas contempla que se aplicar¨¢ a todos ¡°los procesos en curso en el momento¡± en que entrase en vigor.

Otros l¨ªmites de participaci¨®n. La proposici¨®n de ley limita los delitos en los que pueda actuar la acusaci¨®n popular y adem¨¢s, limita las fases en las que pueda ejercerse. El PSOE quiere as¨ª excluir esta figura de la fase de instrucci¨®n judicial (fase de investigaci¨®n). Seg¨²n argumenta, para evitar la ¡°filtraci¨®n constante de las diligencias por parte de acusaciones con objetivos pol¨ªticos y con los intentos abusivos de pedir diligencias desconectadas del objeto de la investigaci¨®n con el ¨²nico fin de dar un perfil medi¨¢tico a un proceso judicial¡±.

Varios juristas han apuntado que toda esta bater¨ªa de l¨ªmites, as¨ª como otros incluidos en la propuesta, plantea grandes dudas sobre la constitucionalidad de la reforma, pues podr¨ªa suponer que, en la pr¨¢ctica, se ¡°vac¨ªe¡± de contenido la figura de la acusaci¨®n popular, pese al especial reconocimiento que le otorga la Constituci¨®n de 1978. ¡°[Supone] una limitaci¨®n tan estrecha y tan restrictiva del ejercicio de la acci¨®n que viene a inutilizarlo¡±, dice Mar¨ªa Jes¨²s del Barco, presidenta de la conservadora Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM). Miembros de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) tambi¨¦n han mostrado sus recelos: ¡°Consideramos desacertado excluir a los partidos de la acusaci¨®n popular o impedir que esta clase de acusaci¨®n participe en la fase de instrucci¨®n, limit¨¢ndose al juicio oral. Debe garantizarse que la acusaci¨®n popular tenga plenos derechos procesales¡±, ha afirmado su portavoz, Edmundo Rodr¨ªguez.

Antecedentes. En 2020, el Ministerio de Justicia encabezado entonces por el socialista Juan Carlos Campo, actual magistrado del Tribunal Constitucional, ya elabor¨® un anteproyecto de ley para prohibir que los partidos y sindicatos ejerzan la acusaci¨®n popular. Sin embargo, se qued¨® en un caj¨®n. El PP lo hab¨ªa planteado igualmente cuando estaba en el Gobierno con Mariano Rajoy, pero tampoco lleg¨® a ejecutarse.

Laxitud para aglutinarlas. Pese a que la reforma del PSOE apuesta por imponer numerosos l¨ªmites a esta figura, quiere relajar la opci¨®n de que un tribunal pueda aglutinar bajo una ¨²nica direcci¨®n letrada a todas las acusaciones populares personadas en una causa ¡ªpara ¡°maximizar el derecho a la tutela judicial efectiva de todas ellas¡±, argumenta¡ª. Hace apenas una semana, la Audiencia Nacional decidi¨® juntar a todas las acusaciones populares del caso Koldo (incluido al PSOE), dejando al frente al PP (que hab¨ªa sido la primera en personarse).