El paso por el Congreso rebajar¨¢ la ley sobre la acusaci¨®n popular

De c¨®mo entr¨® la proposici¨®n de ley el viernes 10 de enero en el registro del Congreso, firmada por el grupo socialista, sobre reforma de la acusaci¨®n popular, a como saldr¨¢ reflejada en el Bolet¨ªn Oficial del Estado, si es que acaba fraguando en una norma, puede haber una profunda transformaci¨®n. La motivaci¨®n ahora de los socialistas, como la que impuls¨®, sin consecuencias pr¨¢cticas, al Gobierno del PP en 2017, y antes a un amago de ese mismo partido en 2011, es la misma: la utilizaci¨®n pol¨ªtica de este instrumento constitucional para destruir al adversario. Esa denuncia la proclam¨® antes el PP y ahora el PSOE, despu¨¦s de verse zarandeado en los tribunales por organizaciones de muy marcado sesgo ultraderechista, con afectaci¨®n en la familia del presidente: su esposa, Bego?a G¨®mez, y su hermano, David S¨¢nchez P¨¦rez-Castej¨®n.

Tanto el PP como el PSOE han ejercido, y contin¨²an, esa potestad de personarse como acusaci¨®n popular en casos que salpican a sus adversarios pol¨ªticos. La prohibici¨®n a los partidos de utilizarla para evitar ¡°el acoso judicial¡± que ahora sufren los socialistas resultar¨¢ controvertida, pero no menos que otras limitaciones y supresiones que, adem¨¢s ¨Dya se adelanta por numerosos juristas¨D pueden incurrir en inconstitucionalidad. Pero antes de que se pudiera llegar a esa alta instancia del Tribunal Constitucional, la tramitaci¨®n en el Congreso de la propuesta del PSOE est¨¢ abocada a sufrir cambios relevantes, habida cuenta de la disparidad de criterios entre los grupos parlamentarios de los que se requiere su apoyo. El PP, al margen de su pasado en este terreno, coincidente con el del PSOE, no participar¨¢ en nada y lo incorporar¨¢ al listado de acusaciones de gran calado. S¨¢nchez quiere prohibir la acusaci¨®n popular para amnistiar, o indultar ¨Ddepende de los casos¡ª a sus familiares y allegados pol¨ªticos, denuncian. Lo llaman ¡°la ley Bego?a¡±, en referencia al nombre propio de la esposa del presidente.

Pero no es de los votos del PP de los que vive el Gobierno. Con todos los dem¨¢s, excluido Vox, debe negociar la prohibici¨®n del uso de la acusaci¨®n popular a partidos y sindicatos, adem¨¢s de poner muchas trabas y exigencia de justificaci¨®n a las organizaciones que promuevan estas acciones. Para Junts, la iniciativa se queda ¡°corta¡±, en tanto que Sumar, a trav¨¦s de Enrique de Santiago, jurista y representante de IU, recela, por cuanto la acci¨®n popular ha permitido la participaci¨®n en la justicia de colectivos que finalmente, han defendido y conseguido reparar el da?o infligido por quienes fueron condenados por los tribunales. Otros grupos van a hacer llegar al Gobierno que, sin la acusaci¨®n popular, colectivos que promueven los derechos humanos se ver¨ªan excluidos de la defensa de intereses muy sensibles ante los tribunales. Esta opini¨®n la sustenta con fuerza el magistrado Joaqu¨ªm Bosch, miembro de Jueces y Juezas para la Democracia.

No lograr¨¢ el grupo socialista convencer a las fuerzas parlamentarias de que la proposici¨®n alcance el final del camino con la disposici¨®n que permitir¨ªa aplicarla a los casos en curso. Es decir, que tenga car¨¢cter retroactivo. Quienes tienen que decidir con su voto en el Congreso comparten en mayor o menor grado que ¡°el acoso judicial¡± existe. Muchos lo sufrieron sin que sintieran la solidaridad del PSOE, reprochar¨¢n, As¨ª lo han vivido, desde luego, Podemos y los independentistas.

La supresi¨®n de los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos puede alcanzar un consenso amplio, as¨ª como la recusaci¨®n a los jueces que se hayan manifestado abiertamente contra una acci¨®n del Gobierno sobre la que tengan que entender en los tribunales. Aun as¨ª, en el mundo judicial, incluidos sectores adscritos al grupo progresista, tampoco ven con buenos ojos esa medida y prefieren apelar ¡°a la sensatez¡± de sus compa?eros para que ¡°no haya abusos¡±. Por el mundo judicial, por tanto, no habr¨ªa que hacer nada o casi nada. Est¨¢ por ver lo que ocurra en el Parlamento.

A vueltas con Franco

No es asunto parlamentario el programa de actos durante 2025 por el 50? aniversario de la recuperaci¨®n de la libertad tras la muerte del dictador Francisco Franco. Despu¨¦s del primer acto del 8 de enero, o m¨¢s bien por las reacciones contrarias habidas, el Ejecutivo se reafirma en que la explicaci¨®n y difusi¨®n de lo que fue la Espa?a bajo una dictadura es imprescindible. La fecha elegida, el fallecimiento de Franco, ha dado lugar a mofa, chanzas y descalificaciones. Ahora, se afinar¨¢ m¨¢s con la precisi¨®n de que el 20 de noviembre de 1975, con la desaparici¨®n f¨ªsica del dictador, marc¨® el inicio del comienzo de las libertades aunque todav¨ªa quedar¨ªan a?os de autoritarismo, violaci¨®n de derechos y represi¨®n. Pero ni el Gobierno va a vivir de Franco ni el PP quiere quedarse petrificado en ese cap¨ªtulo; es uno m¨¢s. El Ejecutivo inaugur¨® el curso tras el verano con la vivienda como prioridad, con enunciados a¨²n por desarrollar o en estado de ejecuci¨®n muy incipiente, y el presidente dar¨¢ a conocer nuevas propuestas este lunes. El l¨ªder del PP, despu¨¦s de un fin de semana de trabajo en Asturias con sus presidentes auton¨®micos, desgran¨® un dec¨¢logo sobre la materia. En la presentaci¨®n acus¨® a Pedro S¨¢nchez de corrupci¨®n y de connivente con el autoproclamado presidente de Venezuela, Nicol¨¢s Maduro.