El PP y la derecha judicial lanzan una ofensiva ins¨®lita contra el Constitucional

Nunca un ¨®rgano clave del Estado de derecho en Espa?a fue tan vapuleado desde la trinchera de la pol¨ªtica. El Tribunal Constitucional nunca recibi¨® en sus casi 45 a?os de funcionamiento tantos ataques y tan virulentos.

El PP recurre sentencias del Tribunal Constitucional ante el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Su l¨ªder, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, descalifica al ¨®rgano de garant¨ªas acus¨¢ndole de manosear sentencias del Supremo y de servir al PSOE. Asociaciones ultraderechistas se querellan contra los magistrados del bloque progresista del Constitucional mientras jueces y fiscales propagan descalificaciones contra el ¨®rgano de garant¨ªas en actos p¨²blicos del partido conservador.

La derecha pol¨ªtica y judicial ha emprendido una cacer¨ªa inaudita contra la mayor¨ªa progresista (siete de los 12 magistrados) que domina desde hace dos a?os el Constitucional.

El fiasco de investidura de Alberto N¨²?ez Feij¨®o (PP) al no encontrar m¨¢s aliados que Vox para su candidatura a presidente y el pacto del socialista Pedro S¨¢nchez con los independentistas catalanes para mantener el Gobierno a cambio de la Ley de Amnist¨ªa, despreciada por inconstitucional en su anterior mandato, ha desencadenado una atronadora refriega en el campo de juego de la justicia.

La ofensiva del PP y la derecha judicial para desprestigiar al Constitucional se ha reactivado ahora cuando el Tribunal se dispone a resolver una veintena de recursos contra la Ley de Amnist¨ªa.

Lo sucedido hace s¨®lo un a?o pareci¨® un resbal¨®n imprudente de Esteban Gonz¨¢lez Pons, encargado de marcar las estrategias del PP sobre el mundo judicial. ¡°El c¨¢ncer del Estado de Derecho en Espa?a se llama Tribunal Constitucional presidido por C¨¢ndido Conde Pumpido (¡­)¡±, declar¨® entontes Gonz¨¢lez Pons. Se disculp¨® pronto por su feroz invectiva pero el ataque conservador se recrudece ahora para intentar deslegitimar las decisiones del Constitucional.

Al Tribunal Superior de Justicia de la UE por anular condenas del Supremo en el ¡®caso de los ERE¡¯. La derecha judicial, mayoritaria en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, acogi¨® con desagrado la sentencia del Constitucional que anulaba las condenas por malversaci¨®n a varios exdirigentes socialistas andaluces en el fraude masivo de los ERE. Un magistrado conservador expres¨® as¨ª su malestar a EL PA?S: ¡°El Constitucional ha desbordado su jurisdicci¨®n como ¨®rgano de garant¨ªas para poder anular nuestra sentencia. Se extralimit¨® en sus funciones e invadi¨® las competencias del Supremo, a quien corresponde en exclusiva la interpretaci¨®n de los tipos penales¡±.

La condena de los ERE fue apoyada por una mayor¨ªa ajustada en el Supremo (tres a dos), con unos votos particulares que cuestionaban la pena de seis a?os de c¨¢rcel al expresidente Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n (PSOE) por malversar unos fondos p¨²blicos que nunca pasaron ni por sus manos ni por su ¨¢rea de Gobierno. Algunos prestigiosos catedr¨¢ticos de Derecho Penal, como Gonzalo Quintero Olivares, escribieron contra el fallo: ¡°Las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla y del Supremo ¡°inventan¡± una especie de ¡°acto administrativo presupuestario¡± (concepto jur¨ªdicamente inexistente) que luego transforman en ¡°acto prevaricador¡±, todo claramente al margen del derecho penal, infringiendo abiertamente el principio de legalidad (¡­). [Sobre la malversaci¨®n] la Audiencia Provincial y el Supremo insertan otro argumento carente de base jur¨ªdica: la Consejer¨ªa de Econom¨ªa y Hacienda [que dirigi¨® Gri?¨¢n] ten¨ªa el deber de controlar a las dem¨¢s consejer¨ªas y el modo en que ejecutaban sus respectivas partidas presupuestarias. Ese deber, por supuesto, no existe pues la citada consejer¨ªa no es un ¡°¨®rgano de control¡±, y as¨ª lo reconoce la sentencia¡±.

El fondo del asunto no importaba en la ruidosa campa?a que el PP y la ultraderecha emprendieron contra el Constitucional a ra¨ªz de esta sentencia. Dos de las asociaciones m¨¢s activas de la ultraderecha, Hazte O¨ªr y Manos Limpias, se querellaron ante el Supremo contra los siete magistrados progresistas del Constitucional que votaron la sentencia de los ERE.

El Supremo inadmiti¨® la querella y record¨® que la Ley establece que ¡°las resoluciones del Tribunal Constitucional no podr¨¢n ser enjuiciadas por ning¨²n ¨®rgano jurisdiccional del Estado¡±. Pero los cinco magistrados firmantes del auto dejaron un aviso: ¡°Ello no supone el otorgamiento de carta blanca al Tribunal Constitucional para resolver sin atenerse jur¨ªdicamente a la cuesti¨®n, pero s¨ª estrecha los contornos en los que pueden desenvolverse el examen de la injusticia que determine su subsunci¨®n en el delito de prevaricaci¨®n. Precisa sobrepasar de manera patente la mera ilegalidad y contradicci¨®n con el derecho¡±. Los magistrados del Supremo enjuiciaron al Constitucional en la sentencia sobre las ERE al concluir que en la actuaci¨®n de los magistrados no hubo prevaricaci¨®n ni se produjo una ¡°radical y nuda arbitrariedad¡±. Un magistrado del Constitucional, preocupado por el ¡°pellizco¡± del Supremo, record¨® que el Tribunal puede activar el art¨ªculo 4.3 de la Ley que lo regula para anular resoluciones de otros ¨®rganos que contravengan la prohibici¨®n legal de enjuiciar sus sentencias.

El choque de trenes entre el Supremo y el Constitucional se qued¨® en conato. No era la primera vez que una sentencia tensa las relaciones entre ambos tribunales. El Constitucional anul¨® en 1999 la sentencia del Supremo que conden¨® a siete a?os de c¨¢rcel a los miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna por entender que la pena m¨ªnima fijada en la Ley ¡ªseis a?os¡ª era desproporcionada a la conducta sancionada, la difusi¨®n de un v¨ªdeo de ETA en periodo electoral. El presidente del Supremo, Javier Delgado, elegido a?os despu¨¦s magistrado del Constitucional a propuesta del PP, expres¨® entonces su ¡°m¨¢s completo respeto¡± hacia la sentencia.

El Constitucional anul¨® en 2011 por seis votos a cinco el fallo del Supremo que imped¨ªa a Bildu presentarse a las elecciones. El PP manifest¨® su ¡°respeto por la decisi¨®n¡±, aunque lament¨® ¡°profundamente que las pruebas que convencieron al Supremo de que Bildu era una estrategia dise?ada por ETA no hayan convencido a una exigua mayor¨ªa del Tribunal¡±.

Aquellos eran otros tiempos. Alberto N¨²?ez Feij¨®o, l¨ªder del PP, no respeta ahora algunos pronunciamientos del Constitucional y avisa a los magistrados progresistas: ¡°Empezamos a acostumbrarnos a una pr¨¢ctica jur¨ªdica muy perniciosa y es que el Constitucional entra en el fondo y ejerce de un tribunal jurisdiccional m¨¢s, lo hemos visto con la sentencia de los ERE que mi partido ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Uni¨®n Europea. Yo espero y deseo que el Constitucional deje de manosear las sentencias del Tribunal Supremo y tengamos la garant¨ªa de un estado de derecho pleno en Espa?a (¡­) Todos los ciudadanos est¨¢n sometidos a la Ley y el hecho de ser miembro del Constitucional no significa que no se pueda delinquir. Una resoluci¨®n injusta a sabiendas es una prevaricaci¨®n¡±, declar¨® hace unos d¨ªas en la cadena Cope.

El partido de Feij¨®o anunci¨® tambi¨¦n una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Constitucional por ¡°incumplir la legislaci¨®n europea para servir a S¨¢nchez¡±. El PP present¨® la demanda contra la sentencia del Constitucional favorable a la reforma legal expr¨¦s que permiti¨® su propia renovaci¨®n, bloqueada por el veto del PP a elegir un nuevo Poder Judicial.

Ninguneo de jueces y fiscales al Constitucional. La decana de los jueces de Madrid, Mar¨ªa Jes¨²s del Barco (presidenta de la conservadora y mayoritaria Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura), o el fiscal de Sala del Supremo, Jos¨¦ Miguel de la Rosa, intervinieron el pasado lunes en un acto del PP contra la iniciativa legislativa del PSOE para limitar el ejercicio de la acusaci¨®n popular en Espa?a.

De la Rosa descalific¨® al Constitucional por admitir a tr¨¢mite un recurso de dos fiscales, Dolores Delgado y Eduardo Esteban, contra la decisi¨®n del Supremo de anular sus nombramientos: ¡°El Tribunal que debe defender la Constituci¨®n ya ha dictado una primera resoluci¨®n absolutamente cuestionable al apreciar trascendencia constitucional en un recurso de amparo que carece de ella. La anulaci¨®n de la sentencia sobre el nombramiento de la fiscal¨ªa ser¨¢ demoledora para una instituci¨®n clave en nuestro estado de Derecho (¡­) Esperemos que triunfe la sensatez¡­ creo que no va a triunfar. ?C¨®mo tener confianza en un Tribunal Constitucional en el que se ha colocado a un exministro y a una asesora de un ministerio? La apariencia de imparcialidad est¨¢ bajo m¨ªnimos y con esta resoluci¨®n puede quedar a¨²n m¨¢s erosionada¡±. La jueza Mar¨ªa Jes¨²s del Barco anticip¨® en su intervenci¨®n que el Constitucional rechazar¨¢ los recursos contra la Ley de Amnist¨ªa: ¡°Aunque la sentencia del Constitucional diga lo contrario, yo lo digo y lo asumo, es una Ley inconstitucional¡±. Del Barco sostuvo que el Estado de Derecho en Espa?a est¨¢ en grave riesgo por las leyes que impulsa el Ejecutivo: ¡°Aqu¨ª hay algo muy gordo¡±, proclam¨®. ¡°A veces siento no ser Polonia y que esto provocara la intervenci¨®n de Europa. Espa?a sigue siendo un pa¨ªs fuerte que en Europa importa adem¨¢s por determinados intereses econ¨®micos y eso, me temo, es lo que hace que no se produzca una intervenci¨®n en defensa de nuestro estado de derecho y de nuestra democracia¡±. El PP ovacion¨® a Del Barco y a De la Rosa. El dict¨¢men de la comisi¨®n de ?tica del Consejo General del Poder Judicial, desaconseja expresamente este tipo de declaraciones de jueces en activo.

La recusaci¨®n de Mac¨ªas que combate el partido que lo design¨® magistrado. El PP design¨® a Jos¨¦ Mar¨ªa Mac¨ªas para ocupar la plaza vacante por enfermedad que dej¨® el magistrado Alfredo Montoya en el Constitucional. Mac¨ªas fue antes el vocal conservador del Consejo del Poder Judicial m¨¢s activo en la descalificaci¨®n de las pol¨ªticas de Pedro S¨¢nchez. La Fiscal¨ªa General del Estado le recus¨® en la cuesti¨®n de inconstitucionalidad del Supremo contra la Ley de Amnist¨ªa porque Mac¨ªas hab¨ªa votado como vocal del Poder Judicial un informe que consideraba inconstitucional la proposici¨®n de Ley de amnist¨ªa. El documento lleg¨® al Senado, donde el PP lo us¨® como soporte t¨¦cnico de la propuesta de veto que aprob¨® la c¨¢mara alta el 14 de mayo de 2024. Estos hechos, seg¨²n el Constitucional, provocaron una ¡°perdida objetiva de imparcialidad¡±, lo que motiv¨® que se apartase a Mac¨ªas de los 21 recursos vivos contra la Ley: 14 de comunidades (13 gobernadas por el PP m¨¢s Castilla-La Mancha); uno de senadores y diputados del PP; una cuesti¨®n de inconstitucionalidad del Supremo, cuatro del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a y una m¨¢s de la Audiencia Provincial de Madrid. Mac¨ªas evit¨® abstenerse como s¨ª lo hizo el magistrado Juan Carlos Campo porque como ministro de Justicia elabor¨® informes para justificar los indultos a los condenados del Proc¨¦s en los que defendi¨® una misma idea: ¡°A diferencia de la amnist¨ªa, claramente inconstitucional, el indulto no hace desaparecer el delito¡±.

Feij¨®o consider¨® ¡°injusta¡± la recusaci¨®n de Mac¨ªas. Las comunidades del PP impugnaron la decisi¨®n por ¡°irregular y arbitraria¡±. Pero resulta que el PP recus¨® en 2007 al magistrado progresista Pablo P¨¦rez Tremps en su recurso contra el Estatuto de Catalu?a por motivos parecidos a los que afectan a Mac¨ªas. La raz¨®n que apart¨® a P¨¦rez Tremps fue elaborar en 2003 como catedr¨¢tico y por encargo de la Generalitat un dictamen ¡°sobre el objeto del pleito¡±. Aquella recusaci¨®n alter¨® las mayor¨ªas del Constitucional. El pleno, integrado por seis magistrados elegidos a propuesta del PP y cinco del PSOE, tard¨® cuatro a?os en dictar una sentencia que estim¨® parcialmente el recurso: declar¨® inconstitucionales 14 art¨ªculos del Estatuto.

Cuatro a?os de sentencias discutidas: una historia reciente plagada de votos particulares

Un estado de alarma inconstitucional

Un decreto para contener la propagaci¨®n de infecciones?
El Gobierno de Pedro S¨¢nchez aprob¨® de urgencia en marzo de 2020 un decreto que declaraba el estado de alarma para imponer medidas muy restrictivas a los ciudadanos y evitar la propagaci¨®n del virus. Un tribunal constitucional con mayor¨ªa absoluta de magistrados elegidos a propuesta del PP consider¨® inconstitucional, por seis votos frente a cinco, uno de los art¨ªculos del decreto al considerar que ese tipo de medidas solo pod¨ªa aplicarse mediante el estado de excepci¨®n y no de alarma.

Suspendida una tramitaci¨®n parlamentaria

Una reforma legal expr¨¦s para desbloquear el Poder Judicial y el Constitucional
Los seis magistrados conservadores del Tribunal Constitucional impidieron por primera vez en la historia del parlamentarismo espa?ol la suspensi¨®n de una votaci¨®n en el Senado sobre la reforma legal que forzaba la renovaci¨®n del Poder Judicial, bloqueada durante a?os por el PP, y del Tribunal Constitucional. El PP hab¨ªa recurrido ante el Constitucional pidiendo la suspensi¨®n de la tramitaci¨®n parlamentaria.

Aval a la Ley del aborto 13 a?os despu¨¦s

Derecho a decidir libremente sobre la continuaci¨®n del embarazo dentro de las primeras 14 semanas
Trece a?os despu¨¦s de que el PP recurriera la Ley de plazos del aborto ante el Tribunal Constitucional, este ¨®rgano resolvi¨® el 9 de mayo de 2023 rechazar la impugnaci¨®n y apoyar el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre la continuaci¨®n de su embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestaci¨®n. La sentencia se aprob¨® con la mayor¨ªa absoluta de magistrados progresistas y el voto discrepante de cuatro magistrados conservadores.

Condena anulada al diputado que perdi¨® su esca?o

De mes y medio de c¨¢rcel a una multa de 540 euros
El diputado de Podemos Alberto Rodr¨ªguez fue condenado a ocho meses de c¨¢rcel por el Tribunal Supremo, lo que motiv¨® que perdiera su esca?o. Rodr¨ªguez recurri¨® en amparo al Constitucional su condena por atentado a agentes de la autoridad y el Tribunal, con los votos particulares de cuatro magistrados elegidos a propuesta del PP, resolvi¨® anular la pena de un mes y medio de c¨¢rcel y sustituirla por la de multa de 90 d¨ªas con cuota diaria de seis euros.

Unanimidad en apoyo a menores inmigrantes

Los magistrados avalan una ley gallega impugnada por el Gobierno y rechazan un acuerdo canario
La unanimidad se impone en muchos de los fallos del Tribunal Constitucional. En los ¨²ltimos meses, se han desestimado impugnaciones del Gobierno contra leyes auton¨®micas, como la del Litoral de Galicia de 2023 o la Ley de medidas fiscales de La Rioja. En los ¨²ltimos d¨ªas, el Constitucional tambi¨¦n anul¨® un acuerdo del Gobierno canario y le oblig¨® a dar asistencia social y protecci¨®n a los menores migrantes no acompa?ados que llegan a Espa?a.