El PSOE recurre al Constitucional el megadecreto de simplificaci¨®n de la Junta andaluza por ser ¡°un abuso inaceptable¡±

El PSOE recurrir¨¢ al Tribunal Constitucional el decreto ley de simplificaci¨®n administrativa aprobado por el Gobierno andaluz el pasado 6 de febrero y convalidado a toda prisa por el Parlamento el 21 de ese mes. El recurso, que se registrar¨¢ a finales de esta semana, llevar¨¢ la firma de 50 senadores del grupo socialista al entender que ¡°no existen¡± razones de urgente y extraordinaria necesidad, como estipula la Constituci¨®n y el Estatuto de Autonom¨ªa. En paralelo, el Gobierno central ha planteado un conflicto de competencias en relaci¨®n al art¨ªculo 117 del megadecreto que afecta a la ley del Suelo estatal. Esta discrepancia se negocia en la Comisi¨®n Bilateral de Cooperaci¨®n Junta-Estado y supone un paso previo a la interposici¨®n de una demanda al alto tribunal en caso de que no haya acuerdo.

En los casi dos a?os de legislatura, el Ejecutivo aut¨®nomo que preside Juan Manuel Moreno ha aprobado un total de 29 decretos leyes frente a 11 leyes ordinarias. Para el secretario de Comunicaci¨®n Pol¨ªtica del PSOE y portavoz adjunto de la ejecutiva regional, Josele Aguilar, se trata de un ¡°abuso inaceptable¡± de un tr¨¢mite pensado para casos excepcionales. En el caso de este decreto, el PP se opuso a que se tramitara como proyecto de ley lo que permitir¨ªa enmiendas de mejora o de supresi¨®n planteadas por todos los grupos parlamentarios. ¡°Es un desprecio al Parlamento¡±, ha enfatizado Aguilar.

El recurso llevar¨¢ la firma del jurista y exministro socialista Tom¨¢s de la Quadra-Salcedo. El PSOE argumenta que el Gobierno andaluz tard¨® un a?o y medio desde que anunci¨® el decreto ley de simplificaci¨®n hasta que lo aprob¨® (de septiembre de 2022 a febrero de 2024) por lo que, en su opini¨®n, no hay argumentos de urgente y extraordinaria necesidad. Tambi¨¦n sostiene que se trata de una medida que nada tiene que ver con la simplificaci¨®n, sino con modificaciones de normas reglamentarias, en contra de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

El s¨²perdecreto cambia de una tacada 176 normas (53 leyes, 95 decretos y 28 ¨®rdenes), afecta a todos los sectores productivos y prima la declaraci¨®n responsable y el silencio administrativo positivo. El sindicato Comisiones Obreras elabor¨® un an¨¢lisis cr¨ªtico del que destac¨® los siguientes aspectos negativos: una subida del umbral de ingresos anual familiar para los destinatarios de viviendas y alojamientos protegidos; el permiso para que entidades urban¨ªsticas privadas puedan autorizar construcciones en sustituci¨®n de un informe de un funcionario, una medida que tiene visos de inconstitucionalidad, seg¨²n advirti¨® en su d¨ªa el Consejo Consultivo; la eliminaci¨®n de autorizaciones sectoriales del procedimiento ambiental; la supresi¨®n de ¨®rganos consultivos y de informes preceptivos en varias materias que cercenan la participaci¨®n de entidades locales y organizaciones sociales en la toma de decisiones; la eliminaci¨®n de auditor¨ªas espec¨ªficas de impacto de g¨¦nero; la relajaci¨®n de requisitos para centros educativos privados o la de los comit¨¦ de valoraci¨®n de los casos de dependencia.

Desde que fue aprobado, el Gobierno andaluz ha publicado en el Bolet¨ªn Oficial de la Junta de Andaluc¨ªa (BOJA) cuatro rectificaciones por ¡°errores¡±. D¨ªas antes de su convalidaci¨®n en el Parlamento, Junta y Gobierno llegaron a un acuerdo para eliminar la previsi¨®n de modificar la ley Forestal de Andaluc¨ªa que permit¨ªa cambiar suelos forestales por agr¨ªcolas lo que permit¨ªa la amnist¨ªa de los freseros ilegales en el entorno de Do?ana.

Aguilar se ha mostrado convencido de que el Tribunal Constitucional ¡°tumbar¨¢¡± la norma de simplificaci¨®n que, seg¨²n ¨¦l, crea ¡°inseguridad jur¨ªdica¡±. Pese a que los socialistas se han mostrado muy cr¨ªticos con el Gobierno por legislar por la v¨ªa r¨¢pida han dejado pasar los plazos respecto al decreto ley de subida de sueldos de los altos cargos, aprobado seis d¨ªas despu¨¦s del Presupuesto de la Junta con la abstenci¨®n del PSOE. ¡°Es un abuso m¨¢s, pero no vamos a estar recurriendo todos los decretos leyes¡±, ha dicho a modo de explicaci¨®n el portavoz socialista.

El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha tildado el recurso al Tribunal Constitucional como una medida ¡°pol¨ªtica¡± del PSOE y se ha felicitado de que el Gobierno central solo haya encontrado una discrepancia en los 700 folios de los que consta el decreto ley. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha planteado una cuesti¨®n de constitucionalidad al art¨ªculo 117 del decreto ley por el que se modifica la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andaluc¨ªa. Este cambio permite la ¡°declaraci¨®n responsable¡± respecto a ¡°los movimientos de tierras y explanaciones en suelo urbano que no se encuentre en una Zona Arqueol¨®gica o de Servidumbre Arqueol¨®gica y que sean independientes de proyectos de urbanizaci¨®n, edificaci¨®n o construcci¨®n¡±. El Estado cuestiona que este precepto sea compatible con la ley estatal del Suelo que establece el silencio negativo en estos casos. Ambos gobiernos negocian un acuerdo en la Comisi¨®n Bilateral de Cooperaci¨®n por lo que el plazo para la interposici¨®n de una demanda al Constitucional se prorroga seis meses m¨¢s en caso de que no alcancen un pacto.