La derecha se vuelca con la manifestaci¨®n en Barcelona en defensa del castellano en las aulas

La plataforma Escuela de Todos ¡ªque agrupa en Catalu?a a diferentes entidades que rechazan el modelo de inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica, como la Asamblea por una Escuela Biling¨¹e (AEB), Societat Civil o Impulso Ciudadano¡ª ha convocado este domingo una manifestaci¨®n en Barcelona para reclamar, como sintetiza su lema, que el ¡°espa?ol sea tambi¨¦n vehicular¡± en la escuela. Es decir, que se imparta en castellano alguna asignatura, m¨¢s all¨¢ de la de Lengua Castellana. Los convocantes han organizado la marcha tras la aprobaci¨®n en el Parlament de la nueva ley de uso de lenguas oficiales, que sigue considerando el catal¨¢n como ¨²nica lengua vehicular aunque por primera vez califica al castellano como ¡°lengua curricular¡±. Ese nuevo estatus comporta que el castellano pueda usarse en materias distintas a la de Lengua Castellana, algo que queda a criterio de los centros en funci¨®n de la realidad socioling¨¹¨ªstica de cada uno. Con esa ley ¡ªen la que el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) ve ¡°indicios de inconstitucionalidad¡±¡ª, la Generalitat ha evitado por el momento cumplir la sentencia que obligaba a garantizar la condici¨®n de vehicular del castellano impartiendo un m¨ªnimo del 25% de clases en esa lengua. El PP, Ciudadanos y Vox se han movilizado para dar apoyo a la marcha.

Escuela de Todos decidi¨® organizar en junio la movilizaci¨®n, despu¨¦s de que el Parlament ¡ªcon el apoyo de los partidos independentistas, En Com¨² Podem y el PSC, que suman 106 de los 135 diputados¡ª aprobara la nueva norma y de que el Gobierno catal¨¢n impulsara un decreto-ley en la misma direcci¨®n. La convocatoria se asent¨® una vez que la coordinadora de entidades constat¨® que el Gobierno de Pedro S¨¢nchez no recurrir¨ªa la ley al Tribunal Constitucional ¡ªlo que podr¨ªa haber paralizado su aplicaci¨®n¡ª, tras exponer esa posici¨®n en la mesa de di¨¢logo con la Generalitat. Despu¨¦s de la aprobaci¨®n de la ley en el Parlament, el TSJC concluy¨® que la sentencia del 25% es por el momento inaplicable y la elev¨® al Tribunal Constitucional para que dictamine si la Generalitat ha incurrido en un ¡°fraude de ley¡± con el fin de burlar el cumplimiento de la sentencia.

El PSC defiende la nueva ley, por lo que no respaldar¨¢ la manifestaci¨®n. Los socialistas aducen que, por primera vez, el castellano va a tener la categor¨ªa de ¡°lengua de aprendizaje¡±. ¡°Los planes ling¨¹¨ªsticos se aplicar¨¢n en funci¨®n de la realidad socioling¨¹¨ªstica de cada centro¡±, afirman fuentes del partido. Los convocantes subrayan, sin embargo, que la Generalitat ¡°no respeta el ordenamiento jur¨ªdico y las m¨²ltiples sentencias¡± del Constitucional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Catalu?a que, desde hace m¨¢s de 30 a?os, establecen que el castellano debe ser ¡°vehicular¡±.

A la marcha asistir¨¢n Cuca Gamarra, n¨²mero dos del PP; In¨¦s Arrimadas, l¨ªder de Ciudadanos; y Santiago Abascal, l¨ªder de Vox. Alberto N¨²?ez Feijoo ha excusado su asistencia al coincidir la manifestaci¨®n con una reuni¨®n interparlamentaria del PP en Toledo. Adem¨¢s, la marcha cuenta con el apoyo de los escritores F¨¦lix de Az¨²a y Mario Vargas Llosa; el dramaturgo y actor Albert Boadella; el fil¨®sofo Fernando Savater, y el economista Gonzalo Bernardos. La plataforma convocante ha explicado que se han fletado siete autocares: dos desde Alicante, uno de Madrid, otro de Zaragoza y uno por cada provincia catalana. La marcha partir¨¢ desde Arc de Triomf y acabar¨¢ junto al Parc de la Ciutadella. A pesar de la presencia de l¨ªderes pol¨ªticos, la pancarta principal la portar¨¢n familias que han solicitado el 25% de castellano en los colegios de sus hijos.

Uno de estos padres es Jordi L¨®pez, del Prat de Llobregat. A su hijo mayor le diagnosticaron problemas de aprendizaje y los expertos, se?ala, le aseguraron que su hijo avanzar¨ªa m¨¢s en la escuela si la ense?anza fuera en su lengua materna, el castellano. Despu¨¦s de pensarlo mucho, decidi¨® recurrir a la AEB (de la cual actualmente es vocal) para reclamar por v¨ªa judicial el 25% de castellano para sus dos hijos. ¡°Nos cost¨® tomar la decisi¨®n. Sab¨ªamos que causar¨ªa rechazo en el colegio¡±, explica. Los jueces se lo concedieron hace un a?o para el menor, y a finales del curso pasado para el hijo mayor. Sin embargo, al inicio de este curso el departamento de Educaci¨®n de la Generalitat orden¨® a los colegios que dejen de aplicar el 25% porque, a su juicio, entra en contradicci¨®n con la nueva ley. En la clase del hijo mayor de L¨®pez, por tanto, ha dejado de aplicarse la medida; el hijo menor la mantiene porque su escuela ha preferido no atender la orden de la Generalitat hasta tener una notificaci¨®n judicial.

La cifra del 25% de castellano en las aulas catalanas la fij¨® por primera vez el Tribunal Superior de Catalu?a en 2014. Hasta entonces, varias sentencias del Constitucional y el Supremo hab¨ªan obligado a la Generalitat a cambiar el modelo para garantizar que el castellano, y no s¨®lo el catal¨¢n, fuera vehicular, pero sin establecer c¨®mo hacerlo. Ante el silencio de la Generalitat, el TSJC fij¨® en 2014 ese m¨ªnimo del 25%, y ese porcentaje empez¨® a aplicarse, pero solo en las clases de los alumnos cuyas familias lo solicitaban. A finales de 2020, la justicia extendi¨® la obligatoriedad del 25% de castellano a todo el sistema educativo, una sentencia que deb¨ªa hacerse efectiva a finales del curso pasado. El Govern y los partidos favorables a la inmersi¨®n se pusieron en marcha para eludir su aplicaci¨®n aprobando una ley parlamentaria y un decreto ley sobre el uso de las lenguas en la escuela; esas dos normas reconoc¨ªan al castellano un car¨¢cter ¡°curricular¡± pero no ¡°vehicular¡±, y rechazaban cualquier porcentaje en el uso de las lenguas. Ambas est¨¢n ahora est¨¢n en manos del Tribunal Constitucional para valorar su legalidad.

Con este marco normativo en la mano, el Departamento de Educaci¨®n consider¨® que las sentencias previas, las que afectaban a casos particulares, tampoco son ya aplicables, y as¨ª lo comunic¨® al TSJC, que todav¨ªa no se ha pronunciado. Con todo, la Generalitat decidi¨® no esperar y antes del inicio de curso comunic¨® a las escuelas afectadas ¡ª27 centros y 48 alumnos¡ª que dejaran de aplicar el 25%. No obstante, solo siete centros centros, seg¨²n cifras de la AEB recabadas a partir de las familias afectadas, han acatado la orden de la Generalitat. Uno de los alumnos que se ha quedado sin el 25% es el hijo de Jordi L¨®pez, una decisi¨®n que indigna al padre. ¡°La Generalitat no es nadie para quitar a unos ni?os los derechos concedidos por un tribunal¡±, se queja.

L¨®pez, de 51 a?os, estudi¨® EGB en un momento en que la inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica no exist¨ªa. ¡°Solo ten¨ªa dos horas en catal¨¢n¡±, asegura. Y admite que no habla catal¨¢n porque le cuesta. No est¨¢ de acuerdo con el modelo de inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica que, sobre el papel, marca que las clases deben impartirse en catal¨¢n, a excepci¨®n de Lengua Castellana (aunque en la pr¨¢ctica los estudios de la inspecci¨®n educativa revelan que no es as¨ª y que muchos profesores cambian al castellano en algunas ocasiones), porque considera que excluye al espa?ol. ¡°Estamos tratando nuestro idioma [el castellano] como una lengua extranjera¡±, se queja este padre, que apuesta por una presencia equitativa de las lenguas: un 33% de castellano, de catal¨¢n y de ingl¨¦s. ?l cree que sus hijos ¡°tienen el deber de aprender en catal¨¢n, pero tambi¨¦n en castellano¡±, y quiere ¡°que hablen y escriban las dos lenguas por igual¡±. Admite que el catal¨¢n, con el que solo tienen contacto en la escuela, ¡°les cuesta mucho¡±. Seg¨²n ¨¦l, el modelo de inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica ¡°perjudica a sus hijos¡±, aunque admite que no ha notado ning¨²n cambio en el curso que su hijo ha contado con el 25%. Asimismo, pone en duda las pruebas diagn¨®sticas del sistema que indican que los alumnos finalizan la ESO dominando las dos lenguas. ¡°No me lo creo, no es l¨®gico¡±, afirma.

La AEB est¨¢ informando al TSJC de los centros que est¨¢n dejando de aplicar las sentencias y est¨¢ ultimando una demanda, por la v¨ªa penal, contra los responsables del departamento de Educaci¨®n y los directores de los centros educativos.

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