Los promotores piden a la administraci¨®n que alquile para vivienda social los pisos de los fondos de inversi¨®n

El sector inmobiliario sufre la incertidumbre acerca del articulado de la nueva ley de Vivienda que prepara el Gobierno, entre otras cuestiones por la inclusi¨®n de medidas como el tope a las subidas de los alquileres. En ese sentido, Xavier Vilajoana, presidente de la Asociaci¨®n de Promotores de Catalu?a (APCE) ha llamado hoy a las administraciones ¡°a que m¨¢s que en el periodo preelectoral, piensen en las pr¨®ximas generaciones¡± para evitar medidas de ese tipo y ha abogado por alternativas. Una es la consecuci¨®n de acuerdos con grandes tenedores y fondos de inversi¨®n para que les alquilen parte de su parque de viviendas para dedicarlos al alquiler social. Otra es destensar el mercado de la vivienda a trav¨¦s de medidas como facilitar a los j¨®venes con perspectivas laborales que puedan disponer de cr¨¦ditos superiores al l¨ªmite del 80% del coste de adquisici¨®n de un piso o ayudarles a conseguir ese 20% a trav¨¦s de ayudas p¨²blicas.

La prioridad es no volver a repetir la medida de los topes a los alquileres, una medida que se introdujo en la ley catalana de la vivienda aprobada en 2020, ahora suspendida por el Tribunal Constitucional, pero que estuvo vigente 18 meses. Seg¨²n el en¨¦simo estudio sobre los efectos de aquellas medidas, elaborado bajo el paraguas de la C¨¤tedra Habitatge i Futur de la Universitat Pompeu Fabra y APCE y firmado por Josep Maria Raya, aquellas limitaciones a los precios que afectaban a municipios con tensiones evidentes en el mercado de la vivienda de alquiler tuvieron un efecto en la rebaja de los precios de en torno a un 5%, pero tambi¨¦n supusieron otro golpe: la oferta de viviendas se redujo un 15%, provocando adem¨¢s que aquellos inmuebles situados por encima de los precios de referencia se trasladaran al mercado de compraventa.

Raya, profesor de Econom¨ªa y Empresa de la UPF, es muy cr¨ªtico con la medida, de la que dice que los pol¨ªticos la utilizan porque es ¡°barata¡± para las arcas p¨²blicas al dejar los efectos sobre la iniciativa privada y ser ¡°f¨¢cil de vender¡±, al sostenerse en un control de los precios. Tras la puesta en marcha de la ley catalana y antes de la decisi¨®n del Constitucional, 77 ayuntamientos catalanes, incluido el de Badalona que por entonces gobernaba el PP, pidieron que la vigencia de la norma, pensada como una medida temporal, fuera prolongada durante cinco a?os.

¡°El mercado necesita m¨¢s oferta¡±, ha se?alado Raya en una rueda de prensa en la que ha denunciado la escasez especialmente de vivienda social en Espa?a, donde apenas representa el 2,5% del mercado, lejos del 10% de la media europea y de porcentajes que alcanzan el 20% en los pa¨ªses n¨®rdicos. Entre las medidas que defiende est¨¢ subsidiar al propietario para crear mercado de alquiler social, grandes pactos entre las administraciones y los grandes tenedores de viviendas para que alquilen sus inmuebles por periodos de entre 5 y 15 a?os -¡±mientras las administraciones construyen vivienda social¡±, ha argumentado- y dar m¨¢s facilidades de cr¨¦dito para j¨®venes.

Esa ¨²ltima figura ya funciona en Reino Unido y en algunas comunidades como Madrid y Murcia, a trav¨¦s de convenios de entidades bancarias. ¡°Es esencial facilitar la concesi¨®n de pr¨¦stamos por un porcentaje superior al 80% del valor del inmueble a aquellos j¨®venes con buenas perspectivas en el mercado laboral o bien la copropiedad sector p¨²blico (20%)- joven (80%) de la vivienda¡±, se?ala el informe. ¡°Es una de las alternativas¡±, ha asumido el presidente de APCE, quien ha se?alado que los j¨®venes, pese a que tengan un buen salario, no disponen de la capacidad econ¨®mica para adelantar el 20% de la inversi¨®n. Vilajoana tambi¨¦n ha se?alado la posibilidad de que las administraciones ayuden a los j¨®venes cuyos ingresos no le permitan quedar por debajo del 35% del gasto total en vivienda que marca el Banco de Espa?a.

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