La posici¨®n de la Fiscal¨ªa sobre la malversaci¨®n ensombrece el horizonte penal para una veintena de ex altos cargos de la Generalitat
El Gobierno y ERC acordaron la rebaja del delito, pero la interpretaci¨®n que hace ahora el ministerio p¨²blico pone en jaque las expectativas de esos dirigentes pendientes de juicio
La Fiscal¨ªa ha fijado su posici¨®n contraria a rebajar las penas por malversaci¨®n a los pol¨ªticos condenados por el proc¨¦s, y eso puede tener una derivada muy relevante para una veintena de altos cargos y ex altos cargos de la Generalitat que a¨²n est¨¢n pendientes de juicio. La postura del ministerio p¨²blico difumina las expectativas creadas por el Gobierno y ERC en torno a la reforma del delito de malversaci¨®n y el supuesto beneficio que podr¨ªa representar para esos 21 cargos y excargos p¨²blicos que est¨¢n siendo investigados o esperan juicio por su participaci¨®n en el refer¨¦ndum ilegal del 1-O. Tres ¨®rganos judiciales mantienen abiertos procesos por ese delito contra responsables del Govern en 2017: 12 de ellos fueron nombrados por ERC y otros nueve por Junts per Catalunya o su antecesor, el PDeCAT. La hipot¨¦tica rebaja de penas que implicaba la reforma del C¨®digo Penal lubric¨® el trato entre el PSOE y ERC, y se presentaba como una herramienta para sofocar los rescoldos de la crispaci¨®n social que caus¨® en Catalu?a el proc¨¦s y sus consecuencias. Pero la rebaja de penas introducida para la malversaci¨®n en la reciente reforma del C¨®digo Penal no es aplicable, seg¨²n la Fiscal¨ªa, al caso del proc¨¦s.
El juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 13 de Barcelona cerr¨® en 2019 una investigaci¨®n centrada en los gastos vinculados al refer¨¦ndum independentista y proces¨® a un total de 30 personas, incluidos empresarios y cargos subalternos de la Generalitat, quienes, siguiendo las instrucciones de los consejeros del Govern ¡ªjuzgados y condenados luego por el Tribunal Supremo¡ª ayudaron a organizar la consulta. La jueza instructora determin¨® que m¨¢s de 5,8 millones de dinero p¨²blico fueron ¡°gastados o comprometidos¡± en la celebraci¨®n de una consulta declarada ilegal por el Tribunal Constitucional.
La causa conducir¨¢ al banquillo a 11 cargos de confianza. Se trata de nombres vinculados a ERC como Aleix Villatoro, exsecretario general del Departamento de Asuntos Exteriores, Josep Ginesta, exsecretario General de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia del Departamento de Trabajo, o Francesc Sutrias, exdirector general de Patrimonio del Departamento de Vicepresidencia. Bajo el paraguas de Junts estaban los tambi¨¦n procesados Amadeu Altafaj, exdirector de la Delegaci¨®n del Govern ante la Uni¨®n Europea, Antoni Molons, exsecretario de Difusi¨®n, Jaume Clotet, exdirector general de Comunicaci¨®n del Govern, o Quim Nin, exsecretario general del Departamento de Presidencia.
El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) investig¨® y proces¨® por los mismos hechos a Llu¨ªs Salvad¨® y Josep Maria Jov¨¦ ¡ªmuy pr¨®ximos a Junqueras y considerados piezas clave del refer¨¦ndum ilegal¡ª. El TSJC, que por los mismos hechos tambi¨¦n proces¨® por desobediencia a Nat¨¤lia Garriga, la actual consejera de Cultura, ha accedido este mi¨¦rcoles a prorrogar solo diez d¨ªas el plazo para presentar los escritos de acusaci¨®n contra Josep Maria Jov¨¦ y Llu¨ªs Salvad¨®, pese a que la Fiscal¨ªa le hab¨ªa pedido un mes. El ministerio p¨²blico pidi¨® una pr¨®rroga mayor para presentar su escrito de acusaci¨®n, a la espera que la Fiscal¨ªa General del Estado fijara un criterio ¨²nico sobre c¨®mo aplicar la reforma penal de ese delito.
Mientras, en el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 18 de Barcelona hay otro frente judicial afectado por la interpretaci¨®n que se d¨¦ al delito malversaci¨®n. Se trata de una causa que arranc¨® la primavera de 2021 a ra¨ªz de una querella de la Fiscal¨ªa por un informe del Tribunal de Cuentas. Una decena de personas ¡ªocho de ellas, cargos p¨²blicos nombrados en su d¨ªa por ERC o Junts¡ª permanecen investigadas por presuntos contratos a dedo que el Gobierno catal¨¢n firm¨® para internacionalizar el proc¨¦s a?os antes del refer¨¦ndum del 1-O. Uno de los investigados es el exconsejero de Asuntos Exteriores Ra¨¹l Romeva, ya condenado por el Supremo a 12 a?os de prisi¨®n e inhabilitaci¨®n en el juicio principal por el proc¨¦s.
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