Vivir de alquiler con el salario m¨ªnimo

La afirmaci¨®n de que el salario m¨ªnimo (SMI) est¨¢ tres euros por encima del alquiler medio de un piso en Barcelona es demag¨®gica. Es cierto que entre 1.077 euros y 1.080 solo hay tres euros de diferencia, pero establecer la comparaci¨®n es de mal gusto. En una sociedad libre cada uno puede vivir donde le plazca. Por ejemplo, si te trasladas a Badalona y cobras el SMI podr¨¢s disponer de 241 euros para gastos suntuarios, como comida, agua y luz. Si buscas un piso de alquiler en l¡¯Hospitalet de Llobregat con el salario m¨ªnimo, te quedar¨¢n 301 euros limpios de polvo y paja para tu libre albedr¨ªo. Son las inexorables leyes del mercado, razonan quienes afirman que los pobres lo son por elecci¨®n, dejadez o mala cabeza.

Cada vez que vivimos una crisis se afirma categ¨®ricamente que hay que reformar el sistema, pero nunca se hace. No pas¨® ni en 2008 ni con la pandemia. En Barcelona y durante el periodo 2000-2020 la renta familiar disponible bruta aument¨® en un 43,5%, mientras que el precio medio de la vivienda de alquiler lo hizo en un 136,3%, seg¨²n un estudio del Observatorio Metropolitano de la Vivienda y el Observatorio DESC.

Ni el presente ni las perspectivas son halag¨¹e?as. El parque de viviendas de alquiler social en Catalu?a en 2019 era de 54.088, lo que supone el 1,7% del total. Estamos por detr¨¢s del global de Espa?a (2%) y en el vag¨®n de cola de UE, donde Holanda cuenta con el 29,1%, Austria con el 24% y Dinamarca ¨Cel gran referente independentista del centro-derecha¨C con un 21%.

La afirmaci¨®n de que hay que construir m¨¢s vivienda p¨²blica se ha convertido en un desider¨¢tum, como desear la paz en el mundo. Hay un derecho reconocido en el art¨ªculo 47 de la Constituci¨®n que se evapora en contacto con la realidad. Ni el Gobierno m¨¢s progresista de la historia ha conseguido, de momento, sacar adelante una ley al respecto, a pesar de explicitarse en el pacto PSOE-Podemos. Hay temor reverencial a los fondos de inversi¨®n. Hay tambi¨¦n honrosas excepciones, como la acci¨®n del Ayuntamiento de Barcelona desde la llegada de Ada Colau a la alcald¨ªa y especialmente en su segundo mandato.

En el Gobierno catal¨¢n ¨Cahora con t¨ªmidas se?ales de cambio¨C no ha habido mucha preocupaci¨®n al respecto. CiU no se ocup¨® del tema y sus sucesores de Junts per Catalunya lo hicieron mientras se vieron arrastrados por la radicalidad del proc¨¦s. Ahora ya es otra cosa. Ah¨ª est¨¢ Carles Sala, ex secretario de Vivienda de la Generalitat convertido en portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. Sala tuvo responsabilidades con los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont entre 2011 y 2018 y luego en 2021, hasta que en 2022 Junts rompi¨® el pacto de Gobierno con Esquerra. El exresponsable de pol¨ªticas p¨²blicas de vivienda utiliz¨® hace unos d¨ªas el argumento de la ¡°inseguridad jur¨ªdica¡± para justificar la falta de oferta que ha contribuido a la subida de precios del alquiler. Curiosamente, en estos t¨¦rminos habl¨® inicialmente Rafael del Pino Calvo-Sotelo para explicar la marcha de Ferrovial a Pa¨ªses Bajos.

Como guinda de este pastel y de no variar la legislaci¨®n, la p¨¦rdida de la vigencia de la protecci¨®n afectar¨¢ en la provincia de Barcelona a 36.031 viviendas en 2030 y a 53.671 en 2040. Seg¨²n el Observatorio de la Vivienda de Barcelona, supondr¨¢ la p¨¦rdida en 2030 de un 40,7% de los efectivos¨Chab¨ªa 72.501 en 2021¨C y el 74% en 2040. La pol¨ªtica est¨¢ para cambiar el estado de cosas. Pero hay que usarla.

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