El Gobierno se abre a que la ley de pluriling¨¹ismo aluda a la escuela, el audiovisual y el acceso a la justicia
Tras el anuncio hecho en el encuentro entre S¨¢nchez y Aragon¨¨s, la letra peque?a tambi¨¦n se dise?ar¨¢ con las otras comunidades con lenguas propias
El encuentro de este jueves en el Palau de la Generalitat entre los presidentes Pedro S¨¢nchez y Pere Aragon¨¨s dej¨® acuerdos que tendr¨¢n repercusiones m¨¢s all¨¢ del ¨¢mbito catal¨¢n. El jefe del Ejecutivo central y el del Govern anunciaron una nueva ley org¨¢nica sobre pluriling¨¹ismo, que se espera aprobar en el primer periodo de sesiones del Congreso del pr¨®ximo a?o. La iniciativa llevaba semanas cocin¨¢ndose y, de momento, el acuerdo entre Ejecutivos es que aluda a ¨¢mbitos espec¨ªficos como el audiovisual, la escuela y la atenci¨®n a los ciudadanos por parte de la Administraci¨®n General del Estado. Aunque el l¨ªder catal¨¢n asegur¨® que, por ejemplo, se apoyar¨¢ el modelo de inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica ¡ªcon varios frentes judiciales abiertos por parte de quienes piden que haya m¨¢s presencia del castellano¡ª, fuentes de La Moncloa insisten en que a¨²n no se ha cerrado la letra peque?a y que en esa fase se negociar¨¢ tambi¨¦n con las otras comunidades aut¨®nomas donde haya lenguas cooficiales.
En su comparecencia, S¨¢nchez record¨® que en su discurso de investidura hab¨ªa planteado como uno de los objetivos de su presidencia ¡°proteger y fomentar todas las lenguas cooficiales¡± del Estado. Esa promesa se ver¨¢ cumplida, explic¨®, con el impulso de la Ley Org¨¢nica de Garant¨ªa del Pluriling¨¹ismo y su idea es que se tramite ¡°en el primer periodo de sesiones de las Cortes en el a?o 2024¡å. ¡°Se ha de pasar de un reconocimiento formal a una garant¨ªa efectiva¡±, apunt¨® por su parte el l¨ªder del Ejecutivo catal¨¢n, que explic¨® que el articulado se conocer¨¢ ¡°en las pr¨®ximas semanas¡±. Los socialistas ahondan as¨ª en la apuesta por dar m¨¢s presencia y apoyo a las lenguas cooficiales tras el pacto que permiti¨® blindar el uso en el Congreso y plantear lo propio en el Parlamento Europeo. Ambos movimientos fueron a cambio del voto de formaciones nacionalistas.
Mientras que S¨¢nchez se limit¨® al mero anuncio de la futura ley org¨¢nica y aclar¨® que no es exclusiva para el catal¨¢n, Aragon¨¨s s¨ª ahond¨® en detalles de su contenido, adelantando que implicar¨¢ ¨¢mbitos espec¨ªficos como el de los contenidos audiovisuales, la educaci¨®n o la relaci¨®n con la Administraci¨®n General del Estado, especialmente en la justicia. Fuentes de La Moncloa matizan que de momento solo se han pactado los bloques tem¨¢ticos y que para la letra peque?a tambi¨¦n se sentar¨¢n a negociar con los partidos vascos, gallegos, baleares, valencianos y navarros.
Y es que el jefe del Govern baj¨® a un nivel de detalle considerable respecto a la nueva ley. Incluso afirm¨® que, en lo que respecta a la educaci¨®n, la nueva norma ¡°tiene que servir para acompa?ar medidas concretas para preservar el modelo ling¨¹¨ªstico de la escuela catalana¡±. Se trata de un tema pol¨¦mico, pues varios jueces siguen insistiendo en que se imparta el 25% de clases en castellano, en la l¨ªnea de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, pese a que una mayor¨ªa amplia del Parlament aprob¨® en junio de 2022 un cambio en la manera en la que se determina el uso de lenguas en las escuelas y que imped¨ªa tener en cuenta los porcentajes. El PSC apoy¨® esa reforma en su d¨ªa en la C¨¢mara catalana y el Gobierno no present¨® ning¨²n recurso contra el articulado.
¡°La ley incluye los mecanismos que garanticen que el uso del catal¨¢n no tiene que significar un problema a?adido en la atenci¨®n de los ¨®rganos judiciales¡±, agreg¨® Aragon¨¨s. En la nota de prensa enviada por la Generalitat tras el encuentro en el Palau se asegura que en el articulado blindar¨¢ ¡°el derecho de la ciudadan¨ªa a dirigirse a la Administraci¨®n General del Estado, y en especial a la Administraci¨®n de Justicia¡± en catal¨¢n y que la respuesta se le d¨¦ en esa misma lengua cooficial. Esto aplicar¨ªa tanto para el ¨¢mbito judicial ¡°presente en Catalu?a o con jurisdicci¨®n en todo el Estado¡±, como podr¨ªa ser el Tribunal Constitucional, por ejemplo.
Seg¨²n datos del departamento de Justicia recopilados en 2022, solo un 14% de los jueces asignados en Catalu?a tienen el nivel b¨¢sico de suficiencia en lengua catalana, el C1. Es el que se le exige a los estudiantes que terminan secundaria. En los fiscales la cifra de manejo del idioma cae al 9%. Solo una quinta parte de los m¨¢s de 375.000 ciudadanos que pidi¨® ese a?o que se le notificara en esa lengua las resoluciones judiciales vio satisfecha esa demanda. Los cambios necesarios en la Administraci¨®n de Justicia como el fomento de la lengua en ¡°los programas y desconexiones de medios de comunicaci¨®n p¨²blica¡± tendr¨¢n, seg¨²n la Generalitat, ¡°partida asignadas¡± en los Presupuestos Generales del Estado.
La ley, que ser¨¢ impulsada por el Gobierno, llenar¨ªa un vac¨ªo legal respecto al pluriling¨¹ismo en Espa?a y sigue la senda escenificada en un Congreso de los Diputados donde tras a?os de resistencias ya existe el derecho a expresarse en una lengua cooficial. Si bien la Constituci¨®n reconoce la oficialidad de otras lenguas adem¨¢s del espa?ol en sus respectivas CC AA, no hab¨ªa una legislaci¨®n espec¨ªfica sobre como garantizar el ¡°especial respeto y protecci¨®n¡± de las mismas. Leyes como la del Procedimiento Administrativo Com¨²n de las Administraciones P¨²blicas, de 2015, establece que en general se usar¨¢ el castellano pero en los ¨®rganos con sedes en las CC AA con idiomas cooficiales ¡°el procedimiento se tramitar¨¢ en la lengua elegida por el interesado¡±.
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