Los jueces catalanes activan el procedimiento para decidir si aplican la amnist¨ªa a los ¡®expresidents¡¯ Mas y Torra

El baile de peticiones y resoluciones judiciales ha empezado. La publicaci¨®n en el BOE de la ley de amnist¨ªa este martes est¨¢ teniendo ya sus primeras consecuencias. El primer ¨®rgano en moverse ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC), que esta misma ma?ana ha pedido a las partes (acusaciones y defensas) presentes en cinco procedimientos judiciales que se pronuncien sobre si cabe en estos casos la aplicaci¨®n de la amnist¨ªa. Entre estas causas est¨¢n las que afectan a los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Quim Torra, as¨ª como otra referida a los preparativos del refer¨¦ndum ilegal del 1-O. El TSJC se ha anticipado as¨ª a un movimiento que poco despu¨¦s tambi¨¦n ha hecho el Tribunal Supremo, que instruye las causas del proc¨¦s y de Tsunami Democr¨¤tic, ambas con un denominador com¨²n: el expresident Carles Puigdemont.

La sala civil y penal del TSJC ha dictado cinco providencias que acuerdan dar traslado a las partes para que, en un plazo m¨¢ximo de 10 d¨ªas, se pronuncien sobre la revisi¨®n de otros tantos casos que pueden verse afectados por la ley de amnist¨ªa.

Cuatro de esos cinco casos son ejecutorias, es decir, sus protagonistas ya han sido juzgados y condenados, por lo que la amnist¨ªa supondr¨ªa la extinci¨®n de la responsabilidad penal (fin de las penas de inhabilitaci¨®n, cancelaci¨®n de antecedentes penales). Los cuatro casos se saldaron con condenas por desobediencia. Se trata de la condena al expresident Artur Mas (y a las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau) por la organizaci¨®n de la consulta independentista del 9-N de 2014; la condena al expresident Quim Torra por negarse a retirar lazos amarillos y otros s¨ªmbolos independentistas del Palau de la Generalitat en per¨ªodo electoral; la condena al exconcejal de Lleida de la CUP Pau Juvilla (tambi¨¦n por no retirar lazos amarillos, en este caso del Ayuntamiento); y la condena al exalcalde de Agramunt y exdiputado Bernat Sol¨¦ por desobedecer las resoluciones judiciales que ordenaban impedir el 1-O.

El quinto caso sobre el que pide opini¨®n el tribunal, que versa tambi¨¦n sobre la organizaci¨®n del refer¨¦ndum ilegal del 1-O, a¨²n no ha sido juzgado: es el que afecta a tres pesos pesados de ERC: Josep Maria Jov¨¦, Llu¨ªs Salvad¨® (considerados ambos arquitectos de la consulta) y la consejera de Cultura en funciones, Nat¨¤lia Garriga. El juicio contra los tres por los delitos de desobediencia, prevaricaci¨®n y malversaci¨®n agravada est¨¢ programado para el 2 de octubre.

En sus resoluciones, breves, sobre los casos, el TSJC se hace eco de la publicaci¨®n de la ley de amnist¨ªa en el BOE. Y recuerda que la norma confiere a los tribunales la capacidad para revisar las sentencias firmes de oficio o a instancia de las partes, pero ¡°en todo caso previa audiencia del ministerio fiscal y de las partes¡±. De ah¨ª que otorgue, tanto a las acusaciones como a las defensas, un plazo (que fija en 10 d¨ªas) ¡°a fin de que hagan llegar al tribunal las alegaciones que estimen oportunas¡±.

El independentismo se mueve

Antes incluso que el TSJC, el independentismo ha empezado a moverse ya para intentar que la ley de amnist¨ªa se aplique cuanto antes a los potenciales beneficiarios. ERC ha presentado este mismo martes, ante distintos juzgados, un total de 37 peticiones para miembros de su partido que han sido condenados o est¨¢n implicados en causas judiciales. Por el lado de Junts ha habido una reacci¨®n similar: el secretario general del partido, Jordi Turull ¡ªque fue indultado en 2021, como Junqueras, de la pena de c¨¢rcel, pero no de la de inhabilitaci¨®n¡ª, ha pedido al Tribunal Supremo que d¨¦ por extinguida su responsabilidad penal.

En el caso de ERC, el primer bloque lo forman los dirigentes que eran consejeros del Govern en 2017 y que fueron condenados por el Supremo en 2019: tres de ellos lo fueron por sedici¨®n y malversaci¨®n (Oriol Junqueras, Ra¨¹l Romeva y Dolors Bassa) y otro por desobediencia: Carles Mund¨®. En 2021, el Gobierno de Pedro S¨¢nchez concedi¨® a los tres primeros el indulto parcial, que les permiti¨® salir de prisi¨®n pero manteniendo las penas de inhabilitaci¨®n, lo que les imped¨ªa ejercer cargos p¨²blicos. Si son amnistiados, podr¨ªan volver a la primera l¨ªnea de la pol¨ªtica. Tambi¨¦n est¨¢ en este grupo la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, aunque la pena de inhabilitaci¨®n de ella ya qued¨® extinguida cuando el Gobierno elimin¨® del C¨®digo Penal el delito de sedici¨®n a finales de 2022.

Adem¨¢s de los exconsejeros, hay otros altos cargos de ERC, diputados y una consejera en funciones del Govern que estaban siendo investigados en distintos ¨®rganos jurisdiccionales: en el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, en juzgados de instrucci¨®n de Barcelona e incluso, en el ¨¢mbito administrativo, en el Tribunal de Cuentas.

En cuanto a Junts, el abogado de Jordi Turull, Jordi Pina, ha presentado este martes un escrito para solicitar que se dicte la extinci¨®n de su responsabilidad penal. El secretario general de la formaci¨®n conservadora fue condenado por delitos de sedici¨®n y malversaci¨®n a 12 a?os de c¨¢rcel y otros 12 de inhabilitaci¨®n para ejercer cargo p¨²blico. El Gobierno derog¨® el delito de sedici¨®n en 2022, pero no el de malversaci¨®n, por lo que esa inhabilitaci¨®n en principio no vence hasta 2030.

En su escrito, Turull pide al tribunal que d¨¦ por finalizada esa pena de inhabilitaci¨®n al entender que la ley de amnist¨ªa es de plena aplicaci¨®n en su caso. El texto ahonda en la que se prev¨¦ una de las grandes batallas en la aplicaci¨®n de la norma: el delito de malversaci¨®n. Los fiscales del Tribunal Supremo que participaron en el juicio contra Turull y el resto de exmiembros del Govern ya han comunicado que consideran que la amnist¨ªa no es aplicable al delito por el que ellos fueron condenados, ya que el desv¨ªo de fondos probado encaja con las excepciones que establece la ley de amnist¨ªa.

La medida de gracia contempla el delito de malversaci¨®n ¡°siempre que no haya existido prop¨®sito de enriquecimiento¡±, entendido este como ¡°un beneficio personal de car¨¢cter patrimonial¡±. Turull recuerda que, seg¨²n la sentencia del Supremo, no se le atribuy¨® ni siquiera la disposici¨®n de fondos p¨²blicos, sino la ¡°mera aprobaci¨®n de gasto destinado a la celebraci¨®n del refer¨¦ndum¡±. Pero no se abonaron ni liquidaron esos fondos, de modo que ¡°dif¨ªcilmente podr¨ªa hablarse de enriquecimiento personal¡± o de ¡°il¨ªcita disminuci¨®n de los caudales p¨²blicos¡±, alega. La consecuencia jur¨ªdica de la ley de amnist¨ªa, se?ala su defensa, es que debe ponerse fin a la inhabilitaci¨®n y deben cancelarse, tambi¨¦n, los antecedentes penales ¡°de forma urgente¡±. El abogado ha pedido al Supremo que, si plantea una cuesti¨®n prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea (TJUE) que paralice la aplicaci¨®n de la ley, suspenda de todos modos la ejecuci¨®n de la condena de inhabilitaci¨®n.

No hay un c¨¢lculo oficial sobre cu¨¢ntas personas podr¨ªan verse beneficiadas por la amnist¨ªa. La entidad independentista ?mnium Cultural sostiene que unos 1.616 ciudadanos podr¨ªan acogerse a ella: casi 700 en la v¨ªa penal y m¨¢s de 900 en la administrativa. Fuentes del Gobierno que participaron en las negociaciones, sin embargo, hablaron en su d¨ªa de 400 beneficiarios. La amnist¨ªa alcanza a los organizadores de las consultas ilegales de independencia del 9-N de 2014 y el 1-O de 2017, pero el grueso de potenciales beneficiarios son los ciudadanos que fueron detenidos durante su participaci¨®n en los disturbios posteriores a la sentencia del proc¨¦s en 2019.

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