El juzgado frena la mudanza de los Franco en el pazo de Meir¨¢s

Milagritos-Evangelina Belso, la juez sustituta al frente del Juzgado de Primera Instancia 1 de A Coru?a, ha bloqueado provisionalmente el trasiego de las ¡°cosas, bienes y objetos¡± que decoran las estancias del pazo de Meir¨¢s, muchas desde hace m¨¢s de un siglo, cuando lo habitaba Emilia Pardo Baz¨¢n. A trav¨¦s de una diligencia de ordenaci¨®n firmada por la letrada de la Administraci¨®n de Justicia, su juzgado ha puesto freno a la salida de camiones de mudanzas contratados ya por los nietos de Francisco Franco para vaciar por completo las torres.

Se suspende as¨ª el plazo de un mes que hab¨ªa pedido la familia porque se han admitido a tr¨¢mite los recursos de reposici¨®n presentados por las Administraciones personadas en la demanda por la devoluci¨®n del pazo. El Estado, la Xunta, los Ayuntamientos de Sada y A Coru?a y la Diputaci¨®n Provincial se revolvieron la semana pasada contra la diligencia judicial del 28 de abril que daba v¨ªa libre a los nietos para llev¨¢rselo todo. El jueves pasado, solo un d¨ªa despu¨¦s de que Gobierno central presentase su recurso, la operaci¨®n de mudanza estuvo a punto de comenzar. Seg¨²n relat¨® el abogado de los Franco, un equipo contratado por la familia trat¨® de entrar en el palacete del municipio de Sada (A Coru?a), pero los vigilantes de seguridad puestos por el Estado se lo impidieron.

Fotogaler¨ªa: As¨ª es el pazo de Meir¨¢s

Ahora es el propio juzgado el que impide el vaciado mientras no se concluyan los incidentes abiertos actualmente sobre los bienes que deben quedarse y los que pueden marchar, y tambi¨¦n mientras la juez no resuelva los recursos de reposici¨®n. Contra esta nueva resoluci¨®n cabe interponer recurso, pero el reloj se vuelve a parar. Y los objetos contin¨²an en el pazo mientras el Gobierno gallego todav¨ªa no ha materializado el acuerdo de todos los grupos parlamentarios gallegos, que aprobaron extender el blindaje como Bien de Inter¨¦s Cultural del inmueble a su contenido. La Xunta intenta responsabilizar al Gobierno central de esta tarea, porque asegura que tiene ¡°competencias¡±. El Ejecutivo de Alberto N¨²?ez Feij¨®o (PP) asegura que una semana despu¨¦s de plantear al central un convenio de colaboraci¨®n no tiene respuesta. Seg¨²n la Administraci¨®n gallega, este ¡°permitir¨ªa resolver las discrepancias jur¨ªdicas existentes entre los letrados¡± de ambos gobiernos y ¡°con la firma del acuerdo la Xunta estar¨ªa habilitada para ¡°realizar la ampliaci¨®n do BIC¡±, algo que no puede demorarse ¡°ni un minuto m¨¢s¡±.

En la carrera por impedir la marcha de algunos elementos que ya cuentan, por s¨ª mismos, con la protecci¨®n como bienes de inter¨¦s cultural ¡ªlas dos estatuas del taller del Maestro Mateo y la biblioteca de Emilia Pardo Baz¨¢n¡ª, la Conseller¨ªa de Cultura ha reclamado varios documentos a los Franco. La familia solicit¨® autorizaci¨®n a este departamento auton¨®mico responsable de los BIC para llevarse de Galicia los objetos, y la Xunta les exige que detallen las ¡°condiciones de conservaci¨®n, de seguridad y de protecci¨®n¡± que planean establecer para las esculturas y los libros.

Desde hace ya dos semanas, Cultura insiste en que cuenta con tres meses para decidir sobre estos BIC y en que ha pedido informes a las principales instituciones culturales de Galicia ¡°para disponer de una argumentaci¨®n s¨®lida¡±. El propio consejero, Rom¨¢n Rodr¨ªguez, ha repetido varias veces que su ¡°intenci¨®n¡± es impedir que los Franco se lleven de la comunidad aut¨®noma estos tesoros.

La magistrada que releva al frente de las actuaciones a la que en septiembre sentenci¨® que la mansi¨®n era de titularidad p¨²blica, Marta Canales (ahora en la Audiencia Provincial en Santiago), ha firmado tambi¨¦n hoy un auto en el que requiere al Estado a depositar, en el plazo m¨¢ximo de un mes, ¡°toda la documentaci¨®n e informaci¨®n que justifique la necesidad de las obras¡± que se est¨¢n realizando en el pazo. Esta es una petici¨®n formulada por la representaci¨®n legal de los Franco, a la que sin embargo ha denegado la posibilidad de que entren en el recinto unos t¨¦cnicos designados por ellos para inspeccionar los trabajos.

El Gobierno central deber¨¢ justificar con una memoria la declaraci¨®n de emergencia que aprob¨® para contratar las obras. Y especificar, con su precio, qu¨¦ trabajos ya realiz¨®, cu¨¢les est¨¢ ejecutando y aquellos otros que a¨²n ¡°proyecta ejecutar¡±. Cuando comenzaron las tareas, el Ejecutivo explic¨® que eran reparaciones necesarias para ¡°garantizar la seguridad¡± debido al ¡°deterioro¡± que encontr¨® al recibir las llaves de Meir¨¢s el pasado diciembre. Hasta que estas obras estuviesen concluidas, no se podr¨ªa abrir el lugar a las visitas, algo que no ocurri¨® en marzo, como se anunciaba al principio.

La vieja instalaci¨®n el¨¦ctrica

La juez exige ahora todos los detalles de los trabajos, tambi¨¦n los de jardiner¨ªa, y un estudio sobre la situaci¨®n en la que se encontraba la instalaci¨®n el¨¦ctrica. El pazo fue parcialmente rehabilitado por la familia Franco dos d¨¦cadas despu¨¦s de un incendio que arras¨® gran parte del inmueble. La causa oficial de aquel fuego que se declar¨® en la noche del 18 al 19 de febrero 1978 fue precisamente un cortocircuito del cableado oculto sobre el falso techo del comedor.

El auto de la juez Belso niega a los Franco su deseo de supervisar las tareas en una propiedad que al menos de forma provisional ya no es suya. Y explica que en el caso de que fuera estimado en el Supremo el recurso de casaci¨®n contra la sentencia que otorga la propiedad del inmueble al Estado y la familia pretendiera reclamar el coste de los trabajos realizados por su car¨¢cter necesario, ¡°la carga de la prueba corresponder¨ªa a la Administraci¨®n¡±: ¡°Es por ello la m¨¢xima interesada en poder acreditar el estado real del inmueble antes de iniciar las obras¡±.