Juicio a la trama oculta de la Iglesia que expolia fundaciones millonarias en Madrid

El 30 de junio de 2016, un zaragozano de unos 50 a?os, de estatura baja, nariz achatada, con don de palabra y que lleg¨® a ser director de El Correo de Andaluc¨ªa, entr¨® por sorpresa en un bajo de la calle N¨²?ez de Balboa 93 de Madrid, en el coraz¨®n del barrio de Salamanca. El hombre en cuesti¨®n acababa de ser nombrado por el arzobispo de la capital presidente de las 64 fundaciones de la Iglesia madrile?a. El arzobispo Carlos Osoro le encomend¨® la misi¨®n de dirigir una especie de ministerio madrile?o con m¨¢s de 1.000 empleados a su cargo. El creyente desconocido se llama David L¨®pez Royo y es uno de los personajes principales de esta trama. ¡°Es como un encantador de serpientes¡±, cuenta una exempleada suya. Ese d¨ªa fue el inicio de todo. Dio comienzo una trama inmobiliaria en la Iglesia madrile?a en la que est¨¢n involucrados abogados ilustres, grandes empresarios, inmobiliarias, fondos buitres y hasta la Universidad Nebrija. Cinco a?os despu¨¦s, Royo y siete personas m¨¢s se han sentado esta semana en el banquillo de los acusados del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 28 de Madrid. Fuentes judiciales apuntan que en las pr¨®ximas semanas habr¨¢ nuevos investigados. Anticorrupci¨®n ve un posible entramado corrupto. Se les acusa de administraci¨®n desleal, estafa y falsedad documental.

La Operaci¨®n Padilla es un caso complej¨ªsimo. Existen miles y miles de folios en la mesa. Cerca de 200 familias que viven de alquiler, m¨¢s de 100 ancianos y casi una veintena de monjas que conviven en una residencia de mayores en el centro de la capital han sido, por el momento, los grandes perjudicados de esta gran trama inmobiliaria eclesi¨¢stica destapada por EL PA?S en 2019. Las tres operaciones inmobiliarias aglutinan las enajenaciones de 18 edificios. Todas pertenecen a fundaciones tuteladas por el arzobispado. Juntas han sumado un monto de m¨¢s de 100 millones de euros.

La Iglesia pretend¨ªa comprar un solar con este capital acumulado para construir una ¡°Ciudad de la Misericordia¡± en un terreno ubicado al suroeste de Madrid, una especie de minivaticano con residencias para mayores y varios colegios cat¨®licos. Una quimera. Tal y como public¨® este peri¨®dico el 20 de febrero de 2020, la Iglesia compr¨® una parcela de 9.844 metros cuadrados a la inmobiliaria Metrovacesa en la zona de Valdebebas por 48 millones de euros. La intenci¨®n del enviado del Arzobispado era construir aqu¨ª un bloque de oficinas para obtener rentabilidades m¨¢s altas. La Iglesia destinar¨ªa 62.354.640 euros para la construcci¨®n de la obra. Est¨¢ operaci¨®n est¨¢ suspendida, por ahora.

?Y los ancianos y los inquilinos que viv¨ªan de alquiler en las propiedades de las fundaciones? De no haber llegado el caso a los tribunales, habr¨ªan sido desahuciados. Osoro dio entonces la orden de investigarlo todo. El Vaticano se enter¨® de estas noticias y envi¨®, incluso, a un abogado en agosto de 2020 para asesorar al cardenal madrile?o ante este may¨²sculo esc¨¢ndalo. El enviado de Roma encarg¨® a un bufete de Madrid revertir todas las operaciones ante el acecho de la justicia. Los inquilinos y los familiares de los ancianos denunciaron el caso en los tribunales en 2020.

?C¨®mo se ha llegado hasta aqu¨ª? Entre 2016 y 2018 sucedi¨® un hecho clave en toda esta historia. Mientras Royo gestionaba las 64 fundaciones de la Iglesia representando al arzobispo, fich¨® tambi¨¦n como director por la fundaci¨®n privada Ch¨¢varri Por el Bien Com¨²n, una fundaci¨®n ajena a la fe que pertenece al despacho madrile?o Ch¨¢varri Abogados. Este bufete es otra pata fundamental de esta trama eclesi¨¢stica. Royo, que cobraba cerca 40.000 euros brutos anuales de la Iglesia, tambi¨¦n empez¨® a recibir un salario mensual de este despacho. Royo, por tanto, comenz¨® a trabajar a la vez para la Iglesia y para estos abogados. El bufete hizo de intermediario en todas las operaciones de venta las fundaciones. Y, seg¨²n los documentos a los que ha accedido este peri¨®dico, obtuvo comisiones millonarias por todas las enajenaciones.

En esta compleja trama existen, al menos, tres fundaciones implicadas. La primera de ellas es la Fundaci¨®n Fusara. Esta fundaci¨®n contaba hasta 2019 con 14 edificios en el centro de Madrid. Aqu¨ª todav¨ªa viven alrededor de 170 familias en r¨¦gimen de alquiler. Sus mensualidades serv¨ªan para mantener los colegios y las residencias concertadas que la fundaci¨®n tiene en Madrid. Los 14 bloques de viviendas fueron vendidos en 2019 por 74 millones de euros a un entramado opaco de 14 empresas.

La segunda fundaci¨®n afectada es la de Sant¨ªsima Virgen y San Celedonio. Aqu¨ª conviven casi un centenar de ancianos fruto de la donaci¨®n del Conde del Val, un marqu¨¦s que quiso crear una organizaci¨®n sin ¨¢nimo de lucro para atender a las personas mayores m¨¢s desfavorecidas a principios del siglo XX. La residencia y el inmenso solar en el que se ubica, en los alrededores del Santiago Bernab¨¦u, fueron vendidos a la Universidad Nebrija por 37 millones de euros en noviembre de 2019, un precio por debajo del mercado seg¨²n los expertos inmobiliarios.

La ¨²ltima fundaci¨®n afectada es la Fundaci¨®n Padilla. Esta fundaci¨®n cuenta con dos gigantescos bloques de pisos en el barrio de Salamanca. Aqu¨ª viven de alquiler 70 familias. Con la renta de estos inquilinos la entidad revert¨ªa el 70% de los beneficios en ayudas para alumnos de pocos recursos. La trama quiso vender estos edificios por un importe de 13 millones de euros, tambi¨¦n por debajo del precio de mercado. La operaci¨®n se paraliz¨® tras la publicaci¨®n del caso.

El juicio

El pasado viernes, Royo, que fue gerente de las 64 fundaciones, acudi¨® al juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 28 de Plaza de Castilla como investigado. Visiblemente nervioso, respondi¨® solo a las preguntas de su letrado (que pertenece al bufete de Ch¨¢varri Abogados), al juez Jaime Serret y a la fiscal Maria S. Pel¨¢ez:

¨D ?Por qu¨¦ vendi¨® estas fundaciones?, pregunt¨® el magistrado.

¨D Porque ¨ªbamos a hacer un proyecto cristiano mejor. Todas las ventas tienen un precio normal.

M¨¢s tarde dijo que en los pisos de los inquilinos de la fundaci¨®n Fusara ¨Ddonde conviven familias de alquiler¨D hab¨ªa prost¨ªbulos, hoteles sin licencia y que las mensualidades que pagaban eran muy bajas. Que ese y no otro fue el principal motivo de la venta. Este lunes tambi¨¦n declar¨® el director ejecutivo de Metrovacesa, Jorge P¨¦rez de Leza, en calidad de testigo. Metrovacesa vendi¨® al arzobispado el terreno ubicado en Valdebebas, donde la Iglesia quer¨ªa construir un solar de oficinas con el dinero de las ventas de las fundaciones. Seg¨²n fuentes judiciales, P¨¦rez de Leza afirm¨® que entreg¨® una comisi¨®n por la venta a una sociedad vinculada al bufete de Ch¨¢varri Abogados. El juez, tras o¨ªrlo y escuchar a las partes, suspendi¨® inmediatamente el juicio. Previsiblemente en las pr¨®ximas semanas tambi¨¦n ser¨¢ llamado como investigado en la causa.

Entre el martes y el mi¨¦rcoles tambi¨¦n declararon los seis imputados restantes. Manuel Fern¨¢ndez Clemente acudi¨® como exsecretario de las tres fundaciones implicadas. El abogado Clemente cobraba un salario de 3.000 euros al mes en las tres fundaciones. Adem¨¢s, ten¨ªa un contrato como asesor en una de ellas cercano a los 30.000 euros al a?o. En su declaraci¨®n dijo que el precio de la venta de las fundaciones no se hizo con maldad.

La declaraci¨®n m¨¢s llamativa fue la de Roberto de Juan, comprador de los 14 inmuebles del centro de Madrid, que pertenec¨ªan a la fundaci¨®n Fusara:

¨D ?De d¨®nde sale el dinero de los 74 millones de euros?, inquiri¨® la fiscal.

¡ª No tengo la suerte de disponer de tanto dinero. Habl¨¦ con el fondo de inversi¨®n Castlelake, uno de los m¨¢s grandes del mundo.

En los pr¨®ximos d¨ªas acudir¨¢n los peritos a valorar las tasaciones de los edificios, vendidos por debajo del precio de mercado, seg¨²n los expertos inmobiliarios consultados. Previsiblemente, Julio Lage, que fue el interventor de las cuentas del Arzobispado durante toda esta trama, tambi¨¦n deber¨¢ explicar su relaci¨®n contractual con el bufete de Ch¨¢varri Abogados. Las mismas fuentes judiciales consultadas creen que, dada la complejidad del caso, todav¨ªa queda mucho tiempo de instrucci¨®n para saber si, finalmente, ser¨¢n llevados a un juicio oral.

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