167.000 euros de premio para el abogado que logre recuperar la joya colombiana del Canal de Isabel II

El Canal de Isabel II est¨¢ dispuesto a pagar una prima de 182.000 d¨®lares (unos 168.000 euros) por recuperar el control de la compa?¨ªa colombiana Triple A, que perdi¨® en diciembre de 2021, cuando el Gobierno de Colombia permiti¨® a la Fiscal¨ªa aplicar una ley antinarco para expropiar la empresa. As¨ª consta en un contrato para representar a la empresa p¨²blica madrile?a ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), el organismo del Banco Mundial dedicado al arreglo de diferencias sobre inversiones internacionales en el que ha denunciado el caso con el visto bueno del Gobierno de Isabel D¨ªaz Ayuso. Un conflicto internacional de primer orden por el que se ha movilizado la embajada de Espa?a y el ministerio de Exteriores, hasta ahora sin ¨¦xito, y que hunde sus ra¨ªces en la investigaci¨®n de una trama de corrupci¨®n madrile?a, el caso Lezo.

¡°Los arbitrajes llevan asociado siempre una prima de ¨¦xito¡±, explica un portavoz gubernamental sobre el contrato de 399.000 d¨®lares (unos 368.000 euros) ganado por el despacho Cremades & Calvo Sotelo. ¡°En este caso, el Canal de Isabel II fija una prima inferior a lo que se suele establecer en casos internacionales¡±, a?ade sobre un bonus que se rebaj¨® desde la oferta inicial de 202.000 d¨®lares (unos 186.000 euros) y que solo se cobrar¨ªa ¡°en el caso de que se obtenga una sentencia que desestime totalmente la demanda de extinci¨®n de dominio¡±. Es decir, si el Canal recupera todas las acciones, como si no hubiera pasado nada.

El origen de este conflicto se remonta a 2018. Entonces, la Fiscal¨ªa americana congela las acciones que tiene el Canal a trav¨¦s de Inassa en la Triple A con el argumento de que la compa?¨ªa espa?ola cobr¨® a la colombiana m¨¢s de 60 millones por asesor¨ªas t¨¦cnicas que no se produjeron. La decisi¨®n deja las acciones en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), una entidad p¨²blica colombiana que administra y gestiona activos provenientes de actividades il¨ªcitas. El Canal pierde as¨ª una empresa que controlaba a trav¨¦s de Inassa desde 2001, una ¨¦poca de optimismo sin l¨ªmite, alumbrada al calor del bum del ladrillo, en la que las empresas p¨²blicas de la regi¨®n (tambi¨¦n el Metro) se pusieron a hacer negocios en el extranjero. ?Qu¨¦ es lo que provoca la intervenci¨®n? Una investigaci¨®n conjunta de las fiscal¨ªas colombina y espa?ola en el marco del caso Lezo, y una declaraci¨®n judicial.

Esto dice en sede judicial Edmundo Rodr¨ªguez Sobrino, presidente de Inassa y mano derecha en Am¨¦rica del presidente auton¨®mico Ignacio Gonz¨¢lez. ¡°Canal cobraba una asistencia t¨¦cnica, entre par¨¦ntesis, que no daba, que no daba, y la cobraba mensualmente¡±, explica cuando le preguntan sobre la Triple A dominicana, otra compa?¨ªa del grupo, pero especificando que el sistema funcionaba en ¡°todas¡± las sociedades de este. ¡°El Canal cobraba mensualmente como dos millones de euros por una asistencia t¨¦cnica que nunca ha prestado¡±, subraya. ¡°Era un pacto oculto de los accionistas (...) Ese dinero lo han cobrado los accionistas para pagar menos impuestos¡±.

En esa afirmaci¨®n se sustenta la intervenci¨®n de la Fiscal¨ªa colombiana, que a finales de 2021 da un paso m¨¢s y se decide a vender las acciones congeladas en la SAE aplicando un mecanismo recogido en una ley antinarco (la enajenaci¨®n temprana). As¨ª, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, celebra la compra del 82% de las acciones de Triple A que estaban en poder de la SAE por la empresa municipal Alumbrado P¨²blico de Barranquilla (hoy K-yena). Gobernaba entonces Iv¨¢n Duque. Pero en junio lleg¨® al poder Gustavo Petro. Y con ese cambio, se fren¨® la venta de las acciones. Y algo m¨¢s. Petro orden¨® investigar si el precio pactado estaba por debajo del real.

Por lo tanto, el embrollo no cesa de crecer. A ese conflicto que enfrenta al Gobierno de Petro con la Alcald¨ªa de Barranquilla se suma en diciembre de 2022 la denuncia contra Colombia que interpuso Canal de Isabel II, por medio de su filial Canal Extensia, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), organismo del Banco Mundial dedicado al arreglo de diferencias sobre inversiones internacionales.

La empresa espa?ola sostiene sus inversiones en Triple A fueron expropiadas ilegalmente por el Gobierno de Colombia, que habr¨ªa actuado ¡°sin la m¨¢s m¨ªnima transparencia y en violaci¨®n de las garant¨ªas b¨¢sicas del debido proceso¡±. ¡°Quebranta gravemente las obligaciones que Colombia adquiri¨® en virtud del Acuerdo entre el Reino de Espa?a y Colombia para la Promoci¨®n y Protecci¨®n Rec¨ªproca de Inversiones, firmado en Bogot¨¢ el 31 de marzo de 2005 y en vigor desde el 22 de septiembre de 2007¡å, a?ade la denuncia, seg¨²n recoge Efe.

Y as¨ª, con un conflicto jur¨ªdico y pol¨ªtico enquistado, el Canal prepara su estrategia legal dispuesto a apurar todas las instancias necesarias.

¡°Canal Extensia, S.A.U. es una Sociedad P¨²blica mercantil espa?ola que ostenta la titularidad directa en el accionariado de la sociedad de nacionalidad colombiana INASSA en un 81,84 %, a trav¨¦s de la cual ostenta la titularidad indirecta en la sociedad Triple A de Barranquilla en un 67,24% y directamente en un 1,16% de esta ¨²ltima¡±, se lee en el acuerdo. ¡°Los servicios objeto del presente contrato comprenden, aunque de manera no exclusiva, la realizaci¨®n de todas aquellas acciones legales necesarias para la debida defensa y representaci¨®n de los derechos e intereses de Canal Extensia, S.A.U. en todo el curso del procedimiento de extinci¨®n de dominio que se ha presentado contra INASSA sobre las acciones que mantiene esta ¨²ltima en Triple A de Barranquilla, en todas las fases del proceso, incluyendo el ejercicio de recursos hasta las ¨²ltimas instancias hasta la emisi¨®n de la sentencia definitivamente firme¡±.

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