La Comunidad de Madrid prorroga los contratos ¡°del hambre¡± en las residencias hasta marzo de 2024

La alimentaci¨®n saludable de las personas vulnerables en Madrid tendr¨¢ que esperar nueve meses. El Gobierno de Isabel D¨ªaz Ayuso acaba de prorrogar hasta marzo de 2024 los pol¨¦micos contratos de comidas para las residencias donde viven mayores, personas con discapacidad o menores tutelados. Se mantienen los mismos precios y condiciones, a pesar de que el propio Ejecutivo ha reconocido que deben ser mejorados sustancialmente porque la contraprestaci¨®n auton¨®mica a las empresas suministradoras del alimento es insuficiente. Las familias han denunciado que con esos pagos (entre 3,95 y 5,95 euros por persona y d¨ªa) las compa?¨ªas tienen el incentivo perverso de recortar el producto para as¨ª obtener beneficio a costa de los residentes. La respuesta del Ejecutivo madrile?o a las quejas fue el anuncio, un mes antes del 28-M, de un nuevo contrato con una subida del 25%, pero los responsables madrile?os piden paciencia porque esa mejora tan necesaria no estar¨¢ lista hasta el a?o que viene.

Los contratos ¡°del hambre¡± fueron denunciados en los medios por familias y sindicatos despu¨¦s de la entrada en vigor en septiembre de los nuevos concursos de suministro a 58 centros propios de la Comunidad. Algunos mayores de residencias han sufrido p¨¦rdidas de peso de hasta 14 y 20 kilos en muy poco tiempo y los menores tutelados tambi¨¦n evitan unos alimentos ¡°incomestibles¡±. El escaso precio que cobraban los proveedores se convirti¨® en un casus belli para familias, sindicatos e incluso para el propio contratista principal, la sevillana Plataforma Femar SL, que se ha arrepentido p¨²blicamente de haber contratado con el Gobierno de Ayuso. La compensaci¨®n es pobre porque el Gobierno auton¨®mico la hab¨ªa calculado con el IPC previo a la guerra de Ucrania y, adem¨¢s, el contrato estaba dise?ado como una subasta a la baja, de modo que Femar y las otras dos compa?¨ªas ganadoras hab¨ªan tumbado los precios para convencer al pagador, la Comunidad.

La Comunidad se escuda en que la ley estatal de contratos p¨²blicos impide la contraprestaci¨®n que paga a estos suministradores con una pr¨®rroga y su ¨²nica alternativa es esperar a que est¨¦ listo el nuevo concurso con el 25% de subida. ¡°Se est¨¢ tramitando¡±, responde un portavoz de la Consejer¨ªa de Pol¨ªticas Sociales. ¡°Son contratos muy importantes en los que debemos cumplir con las normas. No podemos hacer m¨¢s por ahora porque la ley de contratos proh¨ªbe revisar los precios (de un contrato preexistente) con la inflaci¨®n¡±.

Ese impedimento ha provocado un profundo malestar en muchos contratistas de todas las administraciones, que han reclamado sin ¨¦xito una actualizaci¨®n de precios debido a la fuerte inflaci¨®n del ¨²ltimo a?o y medio. El obst¨¢culo tiene su origen en la Ley de Desindexaci¨®n, de 2015, que suprimi¨® las actualizaciones autom¨¢ticas de precios para evitar espirales inflacionistas en la econom¨ªa espa?ola.

Sin embargo, expertos en derecho administrativo consultados cuestionan que la Administraci¨®n carezca de alternativas en un caso como este en el que est¨¢n en juego derechos de personas necesitadas. ¡°La ley no puede ser un obst¨¢culo cuando est¨¢ en riesgo la salud de las personas¡±, critica Andr¨¦s Betancor, catedr¨¢tico de Derecho Administrativo en Universitat Pompeu Fabra. ¡°La Administraci¨®n tiene mecanismos de sobra para estas circunstancias¡±, a?ade. De la misma opini¨®n es Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundaci¨®n Hay Derecho, creada por juristas que promueven la regeneraci¨®n institucional. ¡°Puede ser que formalmente tengan raz¨®n, pero un buen gestor p¨²blico tiene herramientas como por ejemplo los contratos de emergencia para solucionar estas situaciones en que se ve afectado el bienestar de las personas¡±.

Juan Carlos Romar, asesor en contrataci¨®n p¨²blica, dice que aunque en la inmensa mayor¨ªa de los casos las administraciones deniegan la actualizaci¨®n, se han dado excepciones, entre ellas una en un supuesto parecido, el suministro de comida a prisiones. ¡°La Administraci¨®n central aleg¨® razones de seguridad. Trat¨¢ndose de alimentos parecer¨ªa posible encontrar una salida¡±, dice Romar.

Las tres empresas fueron notificadas de la pr¨®rroga a principios de mayo, seg¨²n las cartas a las que ha tenido acceso EL PA?S gracias a una solicitud de acceso a la informaci¨®n p¨²blica de la diputada electa socialista Lorena Morales. En esos documentos aparece el mismo precio que han cobrado estas compa?¨ªas hasta ahora. Morales solicit¨® la informaci¨®n el 27 de marzo y la recibi¨® el lunes 29 de mayo, el d¨ªa despu¨¦s de las elecciones auton¨®micas.

La diputada considera que la ley estatal s¨ª permite las subidas cuando se den circunstancias sobrevenidas que fueran imprevisibles cuando naci¨® el contrato, como pasa con la inflaci¨®n. ¡°Les falta voluntad para hacerlo. Otras veces, cuando les ha interesado, han retorcido la ley para su inter¨¦s¡±.

La pol¨¦mica por la comida estall¨® a causa del nuevo sistema para proveer de alimentos a los centros de la Comunidad, que hasta septiembre se autoabastec¨ªan. La Agencia Madrile?a de Atenci¨®n Social (AMAS), de la que dependen los 58 centros, cre¨® este nuevo esquema dependiente de terceros. El contrato favorec¨ªa ofertas por debajo del presupuesto que planteaba la Comunidad porque en la licitaci¨®n se premiaba con hasta 70 puntos de 100 al criterio del precio propuesto por las empresas. Pronto comenzaron las cr¨ªticas por la comida servida en estos centros: patatas podridas, caldos que eran ¡°agua con color¡±, carne y pescado con mal aspecto...

Entre los ganadores se encuentran dos empresas con sombras, Femar y la toledana Frut¨ªcolas Ateca SL, que est¨¢n siendo investigadas desde diciembre por la Comisi¨®n Nacional del Mercado de la Competencia, como sospechosas de formar parte de un c¨¢rtel de empresas para repartirse las licitaciones p¨²blicas.

Adem¨¢s, Femar incumpli¨® la obligaci¨®n de contar con un almac¨¦n en las inmediaciones de Madrid, por lo que ha sido sancionada por la Comunidad con 43.640 euros. Su gerente ha dicho que quiere salir del contrato: ¡±Ya no quiero suministrar ni un kilo de arroz a la Comunidad de Madrid¡±. A pesar de esto y de que es la empresa m¨¢s se?alada por mal servicio, la Consejer¨ªa la mantendr¨¢ alimentando a mayores y peque?os. Al menos hasta marzo de 2024.

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