El TSJM ordena identificar al ¡°m¨¢ximo responsable¡± de difundir el comunicado de la Fiscal¨ªa sobre el caso del novio de Ayuso

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha incoado diligencias previas en la querella presentada contra la Fiscal¨ªa por Alberto Gonz¨¢lez Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D¨ªaz Ayuso. El empresario acusa al ministerio p¨²blico de un presunto delito de revelaci¨®n de secretos por publicar una nota de prensa para desmentir las informaciones tergiversadas que hab¨ªa difundido el equipo de la presidenta de Madrid en el contexto del procedimiento abierto contra su pareja por la presunta comisi¨®n de dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental. As¨ª, el magistrado instructor ha ordenado, en un auto del 14 de mayo, identificar a los redactores del comunicado; ¡°al m¨¢ximo responsable (en rango) de la carrera fiscal que acord¨® o dio el visto bueno¡± a su difusi¨®n; a quienes hayan tenido acceso a las comunicaciones con el abogado del empresario; y reclamar a 10 medios de comunicaci¨®n que publicaron el contenido de la comunicaci¨®n de la Fiscal¨ªa que certifiquen qu¨¦ periodista firm¨® la noticia y cu¨¢ndo lo hizo.

La querella de Gonz¨¢lez Amador se dirige contra Mar¨ªa Pilar Rodr¨ªguez, fiscal jefe de la Fiscal¨ªa Provincial de Madrid; y contra Juli¨¢n Salto, el fiscal de la secci¨®n de Delitos Econ¨®micos encargado de la investigaci¨®n sobre el novio de Ayuso. El 7 de mayo, el TSJM abri¨® causa contra ambos por un presunto delito de revelaci¨®n de secretos de un particular cometido por funcionario p¨²blico. El fiscal general del Estado, ?lvaro Garc¨ªa Ortiz, ya ha asumido p¨²blicamente ¡°la responsabilidad ¨²ltima¡± de la publicaci¨®n de la nota de prensa, que recog¨ªa cronol¨®gicamente la evoluci¨®n del caso que afecta a la pareja de la presidenta de Madrid.

Esta es la secuencia de hechos que se investiga. El 13 de marzo, tras conocerse la denuncia de la Fiscal¨ªa de Madrid contra Gonz¨¢lez Amador por la presunta comisi¨®n de dos delitos de fraude fiscal que superan los 350.000 euros, y uno de falsedad en documento mercantil, el equipo de Ayuso despleg¨® una contraofensiva comunicativa. En ese contexto, El Mundo public¨® que el ministerio p¨²blico le hab¨ªa ofrecido al novio de la presidenta alcanzar un pacto.

¡°Primero, el fiscal le ofreci¨® negociar; despu¨¦s, al fiscal le prohibieron negociar con ¨¦l¡±, transmiti¨® aquel d¨ªa a EL PA?S un colaborador de la m¨¢xima confianza de la presidenta, que supuestamente habr¨ªa mantenido contactos similares con otros medios de comunicaci¨®n. ¡°Es todo turbio y feo¡±, a?adi¨®. ¡°Es la Fiscal¨ªa la que ofrece el acuerdo, en principio¡±, insisti¨®, aportando como supuesta prueba un correo dirigido por el Fiscal a cargo de la investigaci¨®n al abogado de Gonz¨¢lez Amador. ¡°Despu¨¦s, recibe ¨®rdenes ¡°de arriba¡± y retira la propuesta de acuerdo¡­ todo sucio¡±.

Sin embargo, hab¨ªa ocurrido justo lo contrario. Fue el abogado de Gonz¨¢lez Amador quien, semanas antes, hab¨ªa tratado de alcanzar ese acuerdo con la Fiscal¨ªa por iniciativa propia, como al filo de la medianoche desvel¨® la Cadena SER y, en las horas posteriores, otros medios como EL PA?S.

Ante la avalancha de peticiones de informaci¨®n de multitud de medios de comunicaci¨®n, la Fiscal¨ªa de Madrid emiti¨® un comunicado la ma?ana del 14 de marzo para aclarar lo ocurrido. Esa nota echaba por tierra la tesis que el equipo de la presidenta estaba difundiendo. Y, seg¨²n la opini¨®n de la Fiscal¨ªa, en ¨¦l no se revelaba nada que no se supiera ya por la prensa.

El propio fiscal general del Estado hizo una declaraci¨®n institucional para defender a sus subordinados de la Fiscal¨ªa Provincial de Madrid y para asumir la responsabilidad. ¡°Recibir libremente informaci¨®n veraz es un derecho fundamental consagrado en el art¨ªculo 20 de nuestra Constituci¨®n. La Ley atribuye al Ministerio Fiscal la relevante funci¨®n de informar a la opini¨®n p¨²blica de los acontecimientos que se produzcan en el ¨¢mbito de su competencia. No puede considerarse infringido el deber de reserva cuando el objeto de la comunicaci¨®n es de dominio p¨²blico fruto de indeseables filtraciones¡±, incidi¨® Garc¨ªa Ortiz el pasado 15 de abril.

¡°Lo que es previamente conocido ya no es secreto¡±, alega el ministerio p¨²blico en uno de sus escritos de defensa, despu¨¦s de que recibiera dos denuncias por su actuaci¨®n. La primera fue impulsada por Alberto Gonz¨¢lez Amador; y la segunda, por el Ilustre Colegio de la Abogac¨ªa de Madrid (ICAM), que mantienen que se revelaron datos confidenciales.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJM considera que, al menos, debe indagarse sobre lo sucedido. ¡°Sin que pueda entenderse nunca la admisi¨®n de una querella como un acto de imputaci¨®n anticipada, ni una calificaci¨®n ultimada de los hechos, ha de investigarse el verdadero alcance del conjunto de los hechos relatados en el escrito de la querella¡±, rezaba el auto del tribunal del 7 de mayo, cuya ponencia ha reca¨ªdo en el magistrado Celso Rodr¨ªguez Padr¨®n.

Ahora, el magistrado instructor de la causa, Francisco Jos¨¦ Goyena, decide que la Fiscal¨ªa tiene 15 d¨ªas para identificar a quienes redactaron el comunicado, y a quien lo autoriz¨®, adem¨¢s de para aclarar qui¨¦n tuvo acceso a las comunicaciones del abogado de Gonz¨¢lez Amador con la Fiscal¨ªa. Tambi¨¦n reclama ¡°validar los art¨ªculos de prensa aportados por las partes querellantes, con la finalidad de acreditar su realidad y autentificaci¨®n de dicha publicaci¨®n¡±.

Para ello, ¡°se dirigir¨¢ atento oficio a los medios de comunicaci¨®n que los hayan publicado, a fin de que, por quien corresponda de los citados medios, se certifique sobre la realidad y autenticidad, con expresi¨®n de la fecha y hora, en su caso, en que se realiz¨® la publicaci¨®n, con identificaci¨®n del periodista o autor de la rese?a period¨ªstica en cuesti¨®n¡±. As¨ª, se contactar¨¢ con 10 medios de comunicaci¨®n, entre ellos EL PA?S.

El instructor tambi¨¦n reclama a la Fiscal¨ªa que detalle qu¨¦ ¡°actuaciones¡± ha desarrollado como responsable del tratamiento de los datos personales de Gonz¨¢lez Amador ante la ¡°violaci¨®n de seguridad¡± que entra?¨® la ¡°distribuci¨®n p¨²blica¡± tanto de que querella presentada contra ¨¦l, como el informe de la Agencia Tributaria, como de los emails intercambiados por su abogado con el Ministerio P¨²blico. Por ello, le pide que aclare si se ha dirigido a medios de comunicaci¨®n y periodistas ¡°para que cesen en el tratamiento no permitido de dichos datos personales¡±.

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