C¨¢ntala, b¨¢ilala, f¨ªrmala

¡°C¨¢ntala, b¨¢ilala, f¨ªrmala¡±¡­ Durante varios meses cientos de voluntarios cantaron, rapearon y bailaron por las calles de las ciudades espa?olas pidiendo la firma para una iniciativa legislativa popular (ILP), requiriendo al Congreso de los Diputados la regularizaci¨®n de las cerca de 500.000 personas, un tercio de ellas menores, que se encuentran en situaci¨®n administrativa irregular, es decir, que son inmigrantes ¡°sin papeles¡±. Las firmas, m¨¢s de 612.000, se entregaron en febrero y desde entonces la ILP, convertida en una proposici¨®n no de ley para la regularizaci¨®n extraordinaria de personas extranjeras, se encuentra parada en la Comisi¨®n de Trabajo del Congreso (afortunadamente se evit¨® que fuera a parar a la Comisi¨®n de Interior, donde no pintaba nada), pero todo va a paso de tortuga. Las casi 800 organizaciones que pusieron en marcha esa recogida de firmas, y que contaron con el apoyo de la Conferencia Episcopal, denuncian la pasividad que vuelve a rodear el tema y se temen que se llegue al cierre de la C¨¢mara sin lograr la ansiada regularizaci¨®n.

El Partido Socialista parece pensar que es suficiente con la reforma de la Ley de Extranjer¨ªa que llev¨® a cabo el ministro Escriv¨¢ en 2022 y, lo peor de todo, los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras (CC OO) y Uni¨®n General de Trabajadores (UGT), se mantienen al margen, como si esa regularizaci¨®n no tuviera que ver con la explotaci¨®n laboral ni con el mundo del trabajo, pese a que es notorio que la mayor parte de los adultos en situaci¨®n irregular est¨¢ ya trabajando (el 69% de los empresarios declara tener dificultades para cubrir vacantes, un porcentaje dos veces m¨¢s alto que en 2011) y que algunos empresarios se aprovechan de su indefensi¨®n administrativa para empeorar sus condiciones laborales y salarios.

Los sindicatos han negociado en los dos ¨²ltimos a?os numerosos contenciosos con el Gobierno y con la patronal, pero sin decir una palabra sobre la llegada y los derechos de los trabajadores inmigrantes. ?Por qu¨¦? Quiz¨¢ porque piensan que esa regularizaci¨®n, y en general todo lo que tenga que ver con una pol¨ªtica migratoria m¨¢s abierta, puede acercar a los trabajadores espa?oles a la ultraderecha, especialmente en temporada electoral. Es decir, por puro e irracional miedo, un miedo que les hace olvidar sus obligaciones y les quita todo empuje en este campo. Lo cierto es que tanto CC OO como UGT han renunciado, clara y vergonzosamente, a cualquier protagonismo en este debate.

La reforma del reglamento de la Ley Org¨¢nica de Extranjer¨ªa, propuesta por el Ministerio de Inclusi¨®n, Seguridad Social y Migraciones y aprobada por el Consejo de Ministros en julio de 2022, ha ayudado a mejorar algunas situaciones, por ejemplo la de los estudiantes extranjeros, al eliminar restricciones a su incorporaci¨®n al mercado laboral. Sin embargo, los cambios introducidos para ampliar la figura de arraigo (demostrar que una persona est¨¢ establecida de manera permanente en un lugar) no han servido para gran cosa. Seg¨²n las ONG que mejor conocen la situaci¨®n, la f¨®rmu?la de arraigo sigue exigiendo criterios muy restrictivos y demasiada discrecionalidad. La peor consecuencia es que la imposibilidad de demostrar ese arraigo por parte de los padres est¨¢ haciendo que cerca de 125.000 menores, 61% de ellos con menos de 10 a?os, contin¨²en sin recibir la protecci¨®n que necesitan.

La gran mayor¨ªa de esos ni?os son latinoamericanos. Seg¨²n la Fundaci¨®n Por Causa, especializada en el an¨¢lisis de la inmigraci¨®n en Espa?a, el perfil de la irregularidad responde hoy a estos datos: Latino?americano (solo el 11% de los migrantes irregulares son africanos, el 81% procede de Am¨¦rica Latina), 6 de cada 10 son mujeres, j¨®venes y con ni?os, trabajadoras en los sectores esenciales y complementarios que viven concentradas en zonas urbanas. En 2020 y 2021 se produjo un cambio de flujos, de manera que la llegada de migrantes procedentes de Marruecos (magreb¨ªes o subsaharianos) ha ca¨ªdo un 62%, mientras est¨¢n subiendo quienes llegan de Colombia, Venezuela y Nicaragua.

Las regularizaciones extraordinarias de inmigrantes sin papeles que promueven esas 800 organizaciones civiles, religiosas y culturales son una pr¨¢ctica muy habitual y hasta ahora nunca han provocado enfrentamientos pol¨ªticos en Espa?a, donde ha habido nueve, cinco promovidas por gobiernos del Partido Popular, y cuatro, por gobiernos socialistas. ?A qu¨¦ espera el Congreso?

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